viernes, octubre 18, 2024

EN EL PLATEADO ESTÁ "EL DORADO".

 

 

EN EL PLATEADO ESTÁ “EL DORADO”

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/en-el-plateado-esta-el-dorado1/

Hernando Llano Ángel.

La coca es un modus vivendi para El Plateado[i] pero también su modus moriendi. Se trata del oro verde de las hojas de Coca, El Dorado, que si bien es cierto cada día está más depreciado, todavía es muy disputado por diversos actores armados ilegales. Todo ello por ser absurdamente considerada “la mata que mata”. Claro, en las mentes maniqueas y recortadas de los prohibicionistas y de los partidarios de la “guerra contra las drogas”, que ignoran las maravillosas propiedades biológicas[ii] de la hoja de coca. Mentes que han llegado al extremo de criminalizar esa milenaria planta --¡como si la naturaleza fuera ilegal! -- en beneficio de mercaderes de la ambición y la muerte. Porque es el prohibicionismo y su correlato, la interminable y fracasada “guerra contra las drogas”, quienes engendran las numerosas organizaciones criminales que dependen de la hoja de coca y su transformación en cocaína para su supervivencia, logística criminal y el avituallamiento de sus tropas, en alianza con codiciosos mercaderes internacionales y no pocos corruptos y ambiciosos miembros de la Fuerza Pública. Sin olvidar la narco-adicción de las campañas políticas al menos desde 1982 con sus innumerables y honestos candidatos, como incluso lo reconoció el entonces candidato presidencial Alfonso López Michelsen. Por eso el corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia, Departamento del Cauca, no es solo un enclave de economía ilícita, sino una forma precaria de vivir y casi segura de morir para miles de campesinos, ahora atrapados en medio del fuego cruzado de esa absurda guerra, que los desplazará una vez más como parias por el territorio nacional. Pero podría ser todo lo contrario. Especialmente para las familias campesinas que apenas sobreviven en semejante infierno. Más aún, para este gobierno, cuya consigna central ¡Colombia, potencia mundial de la Vida!  y la COP16: ¡Paz con la Naturaleza! demandan una defensa especial de la biodiversidad amenazada y exterminada por la ambición depredadora de las economías ilegales. Para abordar este complejo problema, se desarrollará el panel “Diferentes miradas sobre las economías ilícitas en Colombia”, que tendrá lugar en el marco de la COP16 en la ciudad de Cali, el martes 29 de octubre, entre la 1:30 y las 3:00 p.m. en UNICOC, Cl. 13 Norte #3N-13, Auditorio Dr. Jorge Arango Tamayo, con la participación especial de Esneyder Gómez, líder indígena Nasa; Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas; Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático; y Mauricio Cabrera, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para intentar conjurar la gravedad de la crisis en El Plateado, que demanda mucho más que el combate de la Fuerza Pública contra los diversos actores armados ilegales y la presencia efímera de varios ministros, va esta propuesta quijotesca encaminada a convertir la “mata que mata” en una planta que dé vida y prosperidad, con el acompañamiento permanente de diversas instituciones del Estado y de la mano con las familias campesinas cocaleras. Su viabilidad depende de la acertada combinación de un prudente sortilegio con la poderosa alquimia de la política gubernamental, pero, sobre todo, de su receptividad en las deliberaciones y compromisos de la COP16 para superar el nefasto paradigma del prohibicionismo con su criminal y ecocida guerra contra las drogas. Una guerra que en la realidad es el apocalipsis de la biodiversidad, ejecutada bajo pomposos y eufemísticos nombres como el “Plan Colombia” y la aspersión con glifosato de vastos territorios selváticos y bosques tropicales.

Sortilegio + Alquimia

El sortilegio sería desatar nacional e internacionalmente una suerte de embrujo y conjuro – desde la COP16-- que les permitiera ver y rectificar a los partidarios del prohibicionismo y de la “guerra contra las drogas” su extravío moral y existencial. Así aconteció con los prohibicionistas del consumo de licor en los Estados Unidos en 1933[iii], que los condujo a derogar la enmienda constitucional XVIII de 1920 y con ello arrebatarle a la mafia tan próspero negocio, convertido en una maquinaria de criminalidad y corrupción. Tal como nos sucede hoy a nosotros con la cocaína. Y la alquimia sería obra de la política mediante la regulación del cultivo y la transformación de la hoja coca en una industria legal y próspera, tal como lo hace Perú con su Empresa Nacional de la Coca (ENACO)[iv]. “ENACO exporta a Estados Unidos hojas de coca que son procesadas por la empresa Stepan Chemicals de Chicago, Illinois. De esta compañía, la empresa Coca-Cola recibe extractos de la planta Erythroxylum novogranatense var. truxillense (Coca Trujillo). Las hojas de coca son adquiridas legalmente (115 toneladas anuales aproximadamente) con permiso del Departamento de Justicia de los Estados Unido [v].  En este gobierno del cambio que tiene como eje del Plan Nacional de Desarrollo la llamada Economía Popular[vi], nada más coherente que incentivar la plantación de la hoja de coca, no su sustitución, y promover su transformación industrial en múltiples productos como bebidas, alimentos y medicamentos. Un buen ejemplo de lo anterior es la empresa COCA NASA[vii], que vende y distribuye una amplia gama de productos como la bebida COCA POLA, COCA LIBRE, el KITS BRINDE POR LA VIDA y una deliciosa y estimulante BEBIDA AROMÁTICA DE COCA Y MANZANILLA, además de la alimenticia HARINA DE COCA. Por todo lo anterior, el mayor desafío de este gobierno con su política de drogas: “Sembrando vidas desterramos el narcotráfico”[viii] sería transformar EL PLATEADO en un productivo campo de hoja de COCA[ix] para cosechar vida y posibilitar a sus habitantes un próspero desarrollo de la Economía Popular de la MAMA COCA. Quizás así algún día, no muy lejano, podamos disputar a Coca-Cola el mercado legal y global de la “chispa de la Vida” y salir del inframundo violento de la producción y el tráfico de cocaína en que estamos extraviados. Un inframundo de ilegalidad que cada día cobra más vidas de excluidos y abnegados campesinos, el destierro y el confinamiento de comunidades indígenas y afros. Por eso Colombia tiene la vergonzosa cifra de 79 defensores del medio ambiente asesinados en 2023[x], el mayor número del planeta, no obstante ser el segundo país de biodiversidad y tener la responsabilidad de presidir la COP16, que debería empezar por honrar sus luchas y memorias cumpliendo los compromisos adquiridos y defendiendo a ultranza la portentosa MAMA COCA. En El Plateado está El Dorado y como los conquistadores todavía seguimos buscándolo. No solo no lo vemos, sino que lo queremos erradicar y sustituir, en lugar de cultivarlo y valorarlo por su infinita generosidad y la resistencia milenaria de sus defensores aborígenes.

 



MÁS ALLÁ DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

 

 

MÁS ALLÁ DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

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Deme usted una ley, y yo hago diabluras. Pero sin una ley…”. Francisco de Paula Santander.

Hernando Llano Ángel.

La investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE)[i] ha iniciado por la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro contra todos sus directivos y, en particular, contra el candidato ganador por su rol protagónico, es mucho más que un asunto administrativo. Es un asunto de poder político. Y como tal pretende ser una formulación de cargos contra el presidente de la república para compulsar copias a la Comisión de Acusaciones e iniciar así una investigación con un fin político evidente, la pérdida de su investidura, según lo estipulado en el artículo 109[ii] de la Constitución, si se demuestra la violación de dichos topes legales. Como sucede en todos los casos en los que está en juego el poder, el derecho aquí no es más que un comodín que utilizan los principales jugadores para ganar la partida. Así acontece en todas las latitudes, independientemente del carácter del régimen, sea democrático o autoritario. Basta mirar las maniobras legales de Maduro para asegurar su fraudulento triunfo, recurriendo a todas las instancias del poder electoral y judicial bajo su control. También su utilización de la ley y el poder judicial como un ariete contra sus opositores, inhabilitando a María Corina Machado como candidata presidencial. Por eso la oposición venezolana no se desgasta incoando recursos legales y procedimentales contra un aparato estatal totalmente controlado por la autocracia cacocrática[iii] de Maduro y su inconmensurable red de cómplices y vasallos consentidos. Vasallos y cómplices que han consolidado la llamada “boliburguesía”, cuya existencia e impunidad está simbióticamente fusionada con el control del Estado. De allí la dificultad e imposibilidad de una transición democrática, pues lo que está en juego es la misma libertad y prosperidad de quienes hoy usurpan el Estado en Venezuela.

Del Espíritu de las Leyes contra la Justicia y la Vida.

En nuestro caso, el asunto es similar, solo que sucede de una forma más sutil, sofisticada y hasta cruel desde la noche de los tiempos, bajo la coartada del espíritu de las leyes atribuido a Francisco de Paula Santander. A tal punto que, en nombre de las leyes y la estabilidad de las instituciones –según lo asumió el mismo presidente Belisario Betancur tras la toma del Palacio de Justicia[iv]-- fue derruida la famosa sentencia de Santander grabada en el frontispicio del Palacio de Justicia: “Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”. El presidente Betancur invocó dichas leyes para no ordenar un cese del fuego y así condenó a morir más de 100 personas, entre ellas el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, junto a 10 magistrados más[v]. Y, todavía con mayor cinismo, el entonces coronel Alfonso Plazas Vega respondió a los periodistas que con sus tanques: “Estaba manteniendo la democracia, maestro...pues nadie iba a atentar contra la independencia de la rama jurisdiccional[vi]. Poco le importó al oficial que el Palacio de Justicia ardiera y quedara reducido a escombros para reclamar victoria. Menos que fuera decapitada la rama judicial, perpetrando la fuerza pública crímenes de lesa humanidad, como las 11 personas desaparecidas[vii] y las numerosas ejecuciones extrajudiciales, siendo la del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas[viii], la más impune e indignante. Sin olvidar la cruel ironía y terrorífica paradoja de llamar el M-19 a su delirante acción: “Operación Antonio Nariño, por los Derechos del Hombre”[ix].  Quizá por ello, Santander le respondió a Bolívar, cuando éste le demandaba armas y hombres para proseguir su campaña libertadora del Sur: Deme usted una ley, y yo hago diabluras. Pero sin una ley…”, Santander no estaba dispuesto a enviarle refuerzos.

Sin duda, esa tradición de blandir la ley para obtener réditos militares y ahora políticos, es la que mantiene viva y retoma el Consejo Nacional Electoral, avalado por el Consejo de Estado, al desconocer el fuero presidencial integral que ampara a Gustavo Petro en ejercicio de su cargo. Según lo señala el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández en su cuenta X: “El fuero constitucional cobija al presidente de la República durante su período implica la exclusividad del Congreso para investigarlo, juzgarlo, condenarlo o absolverlo. Si otra entidad asume esa competencia, viola la Constitución y vulnera el derecho al debido proceso. Así lo asegura también el exministro de justicia Yezid Reyes con el propósito de “evitar que la voluntad popular manifestada en la elección de un presidente pudiera ser fácilmente desconocida por autoridades administrativas o judiciales[x].

Confrontación política-electoral Vs Acuerdo Nacional

Ante semejante escenario, el presidente Petro ha optado por responder desde la lógica del poder político y renunciar a la estrategia de la defensa legal pues, como lo expresó su abogado Héctor Carvajal, “no voy a presentar descargos porque no puedo atender sus requerimientos. Si digo que no tienen competencia, no puedo actuar en su proceso[xi]. Así las cosas, pasamos de los estrados administrativos del CNE a la arena política en las calles y las plazas, corriendo el riesgo de que el poder ejecutivo exalte una soberanía popular que desprecie los límites constitucionales y entremos en una deriva plebiscitaria, aupada por el verbo encendido y el carisma popular del presidente Petro, quien ya se vislumbra actuando en el escenario alucinante del Poder y no desde la Presidencia, como debe hacerlo. Un escenario que lo llevaría a descuidar, con grave riesgo, sus responsabilidades constitucionales como jefe de Estado, que reclama con tanto derecho y ahínco ante el CNE, para asumir el rol de un caudillo agitador en defensa del poder popular. Claro que dicha deriva agitacional también depende de la contraparte, en particular de una oposición visceral como la de la senadora María Fernanda Cabal, quien ya “ha radicado comunicación ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dirigida al Comité de Asuntos Exteriores, para alertar sobre la grave situación que enfrenta Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro que ha decidido atacar la institucionalidad”. Con posturas tan antagónicas e irreconciliables, que incluso apelan a un supuesto tutelaje norteamericano, difícilmente se podrá avanzar en un Acuerdo Nacional[xii] y menos alcanzarlo por las vías de la constitucionalidad y la gobernabilidad democrática.

¿Cuál Acuerdo Nacional?

Los cinco puntos propuestos por el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, buscan ser el punto de partida para retomar la gobernabilidad democrática, superando la actual pugnacidad antidemocrática en que están trabados los sectores más radicalizados del gobierno y la oposición. Por ahora ese punto de partida parece demasiado incierto, pues el País Político de extrema derecha ha jugado la carta de bloquear e impedir el avance de los proyectos reformistas del Pacto Histórico para arrastrarlo al fracaso, exacerbando la frustración social, agravada por su baja capacidad de gestión pública y recientes escándalos de corrupción. Esa estrategia es la de un golpe de opinión prolongado que le permitirá a esa oposición visceral, probablemente, volver en el 2026 a la Casa de Nariño, supuestamente para salvar la democracia en nombre del Estado de derecho y la estabilidad institucional. Una democracia, un Estado de derecho y una estabilidad de la que históricamente son responsables y cuyas ejecutorias más vergonzosas son las siguientes escabrosas cifras del Informe Final de la Comisión de la Verdad: 450.664 homicidios. Esa cifra abarca personas que perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018 y se advierte que, si se tiene en cuenta el subregistro, el universo podría ser de 800.000 víctimas. La década con más víctimas: entre 1995 y 2004, hubo aproximadamente el 45 por ciento de las víctimas (202.293 víctimas)[xiii]. Un Estado de Derecho que ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 48 ocasiones[xiv], entre ellas por el exterminio de la Unión Patriótica[xv] con cerca de 6000 miembros y simpatizantes asesinados, superando incluso a la dictatorial Venezuela que ha sido condenada en 34 casos, sin incurrir en los extremos aniquiladores de nuestro “democrático estado de derecho”. Por todo ello, es pertinente preguntar: ¿De cuál democracia y Estado de derecho nos hablan los responsables de semejante catástrofe humanitaria? ¿Continuaremos en el 2026 votando por ellos en las urnas, manipulados por el miedo y engañados por demagogos, mientras continúan creciendo las tumbas, la exclusión social y el hambre en nombre de esta letal “democracia” y criminal “Estado de derecho”?



lunes, octubre 07, 2024

LA COP16 EN CALI: ¿COSMÉTICA DEL ECOCIDIO O CUMBRE PARA LA BIODIVERSIDAD GLOBAL Y VITAL?

 

 

LA COP 16 EN CALI: ¿COSMÉTICA DEL ECOCIDIO O CUMBRE PARA LA BIODIVERSIDAD GLOBAL Y VITAL?

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Hernando Llano Ángel.

La COP 16 que comenzará el próximo 21 de octubre en Santiago de Cali, ahora rebautizada como la capital mundial de la biodiversidad, se debate entre ser una turística puesta en escena para maquillar el ecocidio histórico de la agroindustria cañera, o, por el contrario, una cumbre para la defensa y cultivo de una biodiversidad global y vital. Para conjurar definitivamente ese desvarío dulzón del paisaje cultural de la caña de azúcar –ya descalificado por el Gobierno Nacional[i], ministra de Ambiente y ministro de Cultura-- bastaría conocer el balance amargo y doloroso que para miles de pobladores y campesinos del Valle del Cauca ha significado el monocultivo de la caña de azúcar. Generaciones despojadas de su terruño y entornos bioculturales, más la desaparición de un rico y hermoso paisaje formado por humedales, cultivos de pan coger y bosques tropicales, ya moribundos, devorados por la marea edulcorada de las pingües ganancias obtenidas por la industria azucarera, como bien puede leerse en el documentado informe de la revista RAYA[ii], escrito por Mario Pérez Rincón y Paula Álvarez Roa. Difícil trance que, por ironías de la vida y la política, tendrá que enfrentar el alcalde Alejandro Eder, anfitrión de la cumbre y heredero de una de las gestas más exitosas de la agroindustria azucarera, Manuelita, emprendida por su antepasado Santiago Eder en 1864[iii]. Pero más acá de esa amarga paradoja, se encuentra la dolorosa y abominable realidad de tener nuestro país el mayor número de defensores de la biodiversidad asesinados en el mundo: 79 en el 2023[iv]. Una cifra que pone en un trance aún mayor al presidente Petro y su divisa: “Colombia potencia mundial de la Vida”. Tanto el alcalde como el presidente se enfrentan a una encrucijada histórica y presente que desafía sus buenas intenciones y los interpela de una manera dramática. Al alcalde por ser heredero de un pasado rico en devastación ecológica e ignominias sociales, de las que personalmente no es culpable, pero políticamente sí es responsable como alcalde al presidir la COP 16. ¿Qué podría proponer para recuperar y reparar en algo la biodiversidad devorada por la caña de azúcar y la codicia de algunos propietarios de Ingenios? Y el presidente Petro, ¿Cómo podrá impedir que la consigna central de su cuatrienio no sea ahogada en un baño de sangre de defensores de la biodiversidad, la vida comunitaria y social? Son interrogantes difíciles, que inevitablemente deberán responder, más allá de las decisiones y compromisos que la COP 16 adopte. De la forma en que lo hagan, dependerá que la COP 16 no se convierta en una cosmética del ecocidio y del olvido, sumando más compromisos incumplidos y empiece a ser una promotora real de una biodiversidad vital y global en este “valle de lágrimas” en que han convertido el planeta una pléyade de depredadores emprendedores. Unos muy legales y respetables, en nombre del progreso y el comercio internacional, devastando gran parte del planeta. Otros, ilegales y codiciosos insaciables, que han degradado la maravillosa MAMA COCA en el sangriento mercado de la cocaína, deforestando bosques tropicales milenarios, asesinando a sus líderes y los defensores ancestrales de la Pacha Mama.

¡QUE VIVA LA MAMA COCA!

Bien podría la COP 16 reivindicar la memoria de todos ellos y ellas, junto al valor sagrado y nutricional de la MAMA COCA[v], exigiendo a la UNDOC[vi] y la JIFE[vii] que rectifique sus errores y horrores colonialistas. Ello comenzaría por eliminar la hoja de coca de la Lista I de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, auspiciando el proceso de examen crítico iniciado por la Organización Mundial de la Salud, pues los hallazgos de la OMS podrían impulsar cambios en la clasificación de la coca bajo los tratados de drogas de la ONU, con una probable votación en 2026. Sería un triunfo significativo para empezar a desmontar la absurda y errática “guerra contra las drogas” que, como bien lo expresó el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca en la reunión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas celebrada en Viena el año pasado: “La verdad que revela que la hoja de coca no es droga está saliendo poco a poco a la superficie de la consciencia colectiva” y “la completa legalización de la producción y del consumo de la hoja de coca en su estado natural, permitiría grandes beneficios para la humanidad y grandes oportunidades de industrialización y de comercialización para los Pueblos originarios transfronterizos de Bolivia, de Perú, de Colombia y de Ecuador”[viii]. Por su parte, el presidente Gustavo Petro, afirmó en su declaración por videoconferencia durante la sesión de apertura que: “desperdiciamos dinero, convertimos a los indígenas y afros en nuestros enemigos, sacrificamos nuestro desarrollo por una guerra que querían otros”. “Las hojas de coca forman parte de nuestra historia”, añadió, “daremos oxígeno al campesinado que cultiva la hoja de coca” y sostuvo que continuaría la lucha contra organizaciones delictivas que se lucran con el tráfico ilícito de cocaína”. Sin duda, la COP 16 es una plataforma insuperable para avanzar en dicha dirección y reivindicar las maravillas biológicas de la MAMA COCA. De no hacerlo, continuará contemporizando con el ecocidio global en nombre de una guerra perdida que, como bien lo señaló Milton Friedman, premio nobel de economía en 1976: “Si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto”. Exactamente como sucedió en Estados Unidos durante la era del prohibicionismo del alcohol, que “convirtió en ilegal un negocio de dos mil millones de dólares y se lo entregó a los gánsteres. La carretera del crimen organizado estaba pavimentada con las buenas intenciones del movimiento de templanza…El sindicato de gánsteres llegaría a ser la quinta fortuna de la nación. La prohibición fue la causante de la banda”, según lo anota Martin Short en su libro “Mafia, la sociedad del crimen”. Ya va siendo hora de no continuar repitiendo tan nefasta historia, pues en nuestra sociedad los innumerables emprendedores del crimen hace rato que dejaron de ser la quinta fortuna de la nación y hoy nos resulta casi imposible discernir entre la economía ilegal y la legal, no solo por sus cuantiosas inversiones inmobiliarias, en el transporte, el turismo y la banca, sino sobre todo en la política desde el milenio pasado hasta el presente.

La cosmética electoral

Al respecto, cito una vez más la respuesta del expresidente López Michelsen al periodista Enrique Santos Calderón en su libro “Palabras Pendientes”, sobre la financiación de las campañas presidenciales en 1982, cuando fue derrotado por Belisario Betancur: “Estábamos en la capital de Antioquia y por la noche llegaron el senador Federico Estrada Vélez y Santiago Londoño a decirme que había un grupo de copartidarios que quería saludarme. Yo estaba de prisa, entré un momento y ni siquiera me senté. Les di la mano a unos tipos que no conocía. Después, en el curso de los episodios, descubrí que eran los Ochoa, Pablo Escobar y, probablemente Carlos Lehder y Rodríguez Gacha. Estuve un rato con ellos y después me salí. Samper se quedó en la reunión con Santiago Londoño, a quien le dieron un cheque por veintitrés o veinticinco millones de pesos, no recuerdo bien, cheque que no ingresó a la campaña sino al directorio liberal de Antioquia. Posteriormente, cuando terminaron las elecciones, en las que participaron como candidatos, además de mi persona, Belisario Betancur y Luis Carlos Galán, se nombró una comisión investigadora sobre el ingreso de los llamados dineros calientes a las campañas, comisión que absolvió de culpa a los tres grupos. Lo cual no resultaba muy afortunado, porque se examinaron las cuentas de Bogotá y, por ejemplo, las de Belisario funcionaban en Antioquia. Su tesorero era Diego Londoño, que después trabajó como gerente del metro de Medellín, y que tenía relaciones muy cercanas con Pablo Escobar. Hoy se encuentra preso. Pero, del otro lado, está también el caso de Rodrigo Lara Bonilla, que es aún más impresionante porque la mafia le metió un cheque que a la postre le costó la vida” (p. 142). Desde entonces nada ha cambiado en la narcotización de la política, sino que más bien ha empeorado junto a la catástrofe de la ebullición climática global[ix]. Basta recordar el proceso 8.000, el narcoparamilitarismo, luego la Ñoñopolítica de Odebrecht y la Ñeñepolítica de Duque, hasta llegar al escándalo de Armando Benedetti y los supuestos 15 mil millones aportados por generosos y anónimos empresarios a la campaña de Petro en la costa Caribe. Sin duda, las elecciones son la mejor cosmética para simular democracia ¿Será la COP 16 la cosmética del ecocidio global?