CALICANTO: COLOMBIA, ENTRE EL NARCISISMO INSTITUCIONAL Y EL CATASTROFISMO POLÍTICO Y SOCIAL

COLOMBIA, ENTRE EL NARCISISMO INSTITUCIONAL Y EL CATASTROFISMO POLÍTICO Y SOCIAL

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Hernando Llano Ángel

Todo parece indicar que los colombianos siempre nos hemos debatido entre el narcisismo de la estabilidad institucional y el catastrofismo político y social. Sucede desde la “Patria Boba”[1], cuando la disputa entre centralistas y federalistas en la recién proclamada Primera República de la Nueva Granada (20 julio 1810-1816), derivó en la reconquista española bajo el régimen de terror de Pablo Morillo. Esa pugna por cuál debería ser la forma de organización institucional más conveniente y segura, terminó siendo el germen de la catástrofe política y social de esa efímera República. En cierta forma, allí está el “gen político” del narcisismo institucional, que terminó convirtiéndose en una especie de síndrome nacional catastrófico.

Neofeudalismo político y electoral

Hoy se expresa en un neofeudalismo político y social que fragmenta la República en un archipiélago de violencia, ilegalidad e inseguridad, disputado por numerosas organizaciones armadas ilegales, que controlan vastos territorios convertidos en enclaves de economías criminales. Pero, en aras de la sacrosanta estabilidad institucional, ello supuestamente no afectará en absoluto el desarrollo ininterrumpido de las elecciones regionales. Aunque la Defensoría del Pueblo advierta que “113 municipios están en alerta máxima por hechos de violencia que podrían afectar elecciones regionales”[2] y el mismo Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, informe: “Si el mapa de riesgo se mantiene, y no se da la logística, y no se toman las decisiones para que nuestras Fuerzas Militares y de Policía actúen se verá afectada la votación en 79 municipios, 600 puestos de votación, y se verán afectados 1.400.000 colombianos”[3] Tal es el mayor mérito de nuestra loada y exaltada “democracia”, la más antigua y estable de Latinoamérica. La que solo tuvo en el siglo XX un dictador, Gustavo Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957, pero sin él haber dado dicho golpe de Estado, pues según el prohombre liberal, Darío Echandía, en realidad fue un “golpe de opinión”, que contó incluso con el respaldo de la fracción del partido conservador liderada por el expresidente Mariano Ospina Pérez. “El ex presidente Darío Echandía calificó de "golpe de opinión" el golpe militar de Rojas debido a la confianza y a la reconciliación que cambiaban la situación general del país, y al vasto y multitudinario respaldo nacional al nuevo presidente”[4]. Con tan eufemística expresión logró legitimar un gobierno de facto. Sin duda, Echandía, fue un gramático del poder casi insuperable, pues durante el Bogotazo, cuando el pueblo liberal estaba ad portas del Palacio Presidencial, formuló su filosófica pregunta “el poder, ¿para qué?”, cuya falta de respuesta oportuna nos ha condenado a más de 70 años de una violencia políticamente atroz, impotente e impune, justamente por la irresponsabilidad histórica de líderes políticos incapaces de conducir democráticamente la República.

El Frente Nacional y el narcisismo “democrático”

En lugar de ello, esos líderes tuvieron la genialidad de concebir una fórmula política llamada “Frente Nacional”, ideada por quienes nunca asumieron políticamente responsabilidad alguna por la catástrofe de la Violencia, los directores de dos facciones violentas y sectarias, los partidos históricos Conservador y Liberal, representados por Laureano Gómez Hurtado y Alberto Lleras Camargo. Con dicha fórmula respondieron la pregunta de Echandía: el poder es para gobernar oligárquicamente bajo el eufemismo de la democracia, instrumentalizada como coartada perfecta durante 16 años. Desde entonces, se fue fraguando el narcisismo institucional de esta supuesta democracia civilista, afianzada en un solido Estado de derecho, con separación de las ramas del poder público, elecciones ininterrumpidas, Fuerza Militares respetuosas y siempre leales al poder civil, que jamás volverían a incurrir en aventuras golpistas, como frecuentemente lo hicieron sus colegas en el Cono Sur y casi todo el subcontinente. Pero ese narcisismo democrático se sustentó en un casi ininterrumpido Estado de sitio durante 15 años, según investigación de la Comisión Colombiana de Juristas[5], que cerró con broche de oro en abril de 1970, el presidente Carlos Lleras Restrepo[6], desconociendo la más elemental y mínima regla democrática, como fue el triunfo electoral de la ANAPO y su candidato presidencial Gustavo Rojas Pinilla sobre Misael Pastrana Borrero, candidato del partido Conservador. El precio que hoy continuamos pagando por ese latrocinio electoral ha sido demasiado alto, es el catastrofismo político y social al que nos hemos acostumbrado y continuamos AVALando elección tras elección. Lo más grave es que ese narcisismo de la estabilidad institucional se extendió a todos los ámbitos de la vida nacional, empezando por el económico, el cultural, el deportivo, el familiar, el personal y el militar, para no hablar del ilegal, donde todavía deslumbra a millones de personas la impronta criminal de Pablo Escobar y el legado interminable de la mafia. Incluso, está presente en quienes se levantaron en armas contra ese narcisismo político democrático, pues se sienten orgullosos de la anacronía de envejecer con las armas en sus manos, como le aconteció a Manuel Marulanda Vélez y hoy a los históricos comandantes del ELN. Con ironía, el exguerrillero y expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, les aconsejó a los entonces comandantes de las FARC-EP en La Habana, que ya era hora de pensionarse. Un ejemplo que están en mora de seguir los del ELN. Tanta estabilidad y longevidad revolucionaria resultan insoportables e improrrogables por más tiempo.

EL NARCISISMO GREMIAL

En el mundo gremial, es proverbial la frase del dirigente histórico de la ANDI, Fabio Echeverri Correa: “El país va mal, pero la economía va bien”, cuya indolencia y cinismo continúa resonando. El reciente congreso de la ANDI en Cartagena concluyó con este sempiterno llamado: “es el momento de arropar la institucionalidad, confiar en su transparencia y objetividad”. La pregunta obvia es ¿Cuál institucionalidad? ¿Cuál transparencia y objetividad? Pues la institucionalidad económica de muchos gremios sobresale por su opacidad y poca objetividad. Tal como está sucediendo en la agria y obscura controversia entre el Ministerio de Salud con tres grandes EPS como lo son SURA, SANITAS Y COMPENSAR[7]. Ni hablar de la transparencia del prestigioso y admirado grupo AVAL, que ha sido sancionado nuevamente por la justicia norteamericana por violar la ley de prácticas corruptas en asocio con ODEBRECHT en la inconclusa Ruta del Sol, con una multa de 80 millones de dólares. Sanción que se suma a su penumbrosa ruta de lavado de activos, iniciada con la sucursal del Banco de Occidente en Panamá en la llamada operación Polar Cap[8] en 1989 que, según declaraciones del entonces procurador general de los Estados Unidos, Richard Thornburgh, fue "el mayor golpe dado por nuestro gobierno al lavado de dólares provenientes del narcotráfico por el lavado de más de 1.200 millones de dólares entre 1987 y 1988”.

El ESPEJO ROTO DE LA VERDAD

Lo más grave de todo lo anterior, es que nos cueste tanto trabajo vernos el rostro en esa especie de espejo roto que es la verdad. Un espejo quebrado en miles de pedazos, que nos reveló la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en su Informe Final, Hay Futuro si hay Verdad[9] a partir “112 bases de datos aportadas por 42 instituciones del Estado, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil”[10]. Una verdad violentamente astillada y rota, que se refleja en las siguientes macabras cifras.

Homicidios

“450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018.
Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de homicidios puede llegar a 800.000 víctimas.

La década con más víctimas: entre 1995 y 2004, se registró el 45 % de las víctimas (202.293 víctimas).
Principales responsables de homicidios:

Grupos paramilitares: 205.028 víctimas (45 %),
Grupos guerrilleros: 122.813 víctimas (27 %).
Del porcentaje de guerrillas, el 21 % corresponde a las FARC-EP (96.952 víctimas), el 4 % al ELN (17.725 víctimas) y el 2 % a otras guerrillas (8.496 víctimas).
Agentes estatales: 56.094 víctimas (12 %).

Masacres

· Según el CNMH, entre 1958 y 2019 se registraron al menos 4.237 masacres.

· Entre 1998 y 2002 ocurrió el mayor número de estos hechos, con 1.620 masacres.

· Las masacres se han presentado en el 62 % de los municipios del país y han cobrado la vida de 24.600 personas.

Ejecuciones extrajudiciales (muertes violentas realizadas por agentes del Estado o por particulares con su apoyo o aquiescencia)

· Según la JEP, entre 2002 y 2008 se registraron por lo menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de ‘falsos positivos’, en 31 departamentos del país.

· El período entre los años 2002 y 2008 agrupa el 78 % del total de las ejecuciones extrajudiciales de las que hay registro.

· En el período comprendido entre 1978 y 2016 hubo por lo menos 8.208 ejecuciones extrajudiciales”.

Víctimas civiles y combatientes (CNMH):

· Cerca del 80% de personas muertas en el conflicto fueron civiles y el 20% combatientes.

· A las cifras se suman homicidios, desapariciones forzadas que fueron letales, personas muertas en el cautiverio y víctimas mortales de minas.

· De cada diez personas muertas de manera violenta en el conflicto armado, ocho eran civiles”.

Las anteriores son apenas algunas de las cifras más relevantes de un conflicto armado interno que continúa desangrándonos y degradándonos a todos por igual, pero que preferimos no ver, porque como en el mito de Narciso[11] estamos extasiados mirando la estabilidad política institucional y la transparencia económica de nuestras instituciones privadas, en las que estamos atrapados y podemos morir ahogados, como le sucedió a Narciso por su extrema vanidad y soberbia.