CALICANTO: DE LA COMISIÓN DE LA(S) VERDAD(ES) A LA DE LAS RESPONSABILIDADES

DE LA COMISIÓN DE LA(S) VERDAD(ES) A LA DE LAS RESPONSABILIDADES

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Hernando Llano Ángel.

“La extraña renuncia del militar retirado Carlos Guillermo Ospina a la Comisión de la Verdad (CV) parece enmarcar, de manera lamentable, la actitud de una porción de la Fuerza Pública con todo el proceso de justicia transicional y reconstrucción de relatos sobre lo que ocurrió en el conflicto”. En verdad, no es una renuncia extraña como lo señala en su editorial del 5 de los corrientes EL ESPECTADOR. Es más bien una renuncia comprensible en el marco de la misión oficial que tiene la Comisión de la Verdad, como es la de “contribuir al esclarecimiento de la verdad”. Y en esa ardua y escabrosa labor de esclarecimiento hay por lo menos tres verdades. En primer lugar, la verdad dolorosa de todas las víctimas de este degradado e interminable conflicto armado. Víctimas de las acciones de la insurgencia, que cometió sistemáticamente secuestros de civiles, toma de rehenes, asesinatos, reclutamiento de menores, violencia sexual y hasta episodios degradantes, apenas propios de la esclavitud y de campos de reclusión inhumanos. Pero también, las víctimas de operaciones militares de la Fuerza Pública y sus miembros que cometieron numerosos crímenes atroces, como los llamados 6.400 “Falsos positivos”, que niegan todo principio de humanidad y de honor militar, deslegitimando su función constitucional. Sin dejar de mencionar, como segunda verdad, a los máximos responsables políticos, los sucesivos presidentes de la República, en tanto les correspondía: “Dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República”, según numeral 3 del artículo 189 de la Constitución Política. La tercera verdad y responsabilidad histórica corresponde a los civiles que financiaron los grupos paramilitares de extrema derecha hasta llegar al último eslabón que, al ser parte de una cadena interminable e indefinible, como es la conciencia de cada ciudadano y ciudadana, se diluye periódicamente en la oscuridad de las urnas. Pero tal parece que la mayoría de ciudadanos no son conscientes de semejante responsabilidad política e histórica y para su tranquilidad de conciencia piensan, en forma indolente, que la guerra o la paz es un asunto que solo compete a los políticos que eligen y así se eximen de las consecuencias letales de sus decisiones.

Renuencia, antes que renuncia, del Comisionado militar Carlos Guillermo Ospina

En cuanto a la renuncia del comisionado, Carlos Guillermo Ospina, a la Comisión de la Verdad como militar retirado, es más bien una renuencia a asumir las responsabilidades que les corresponden a muchos mandos superiores y miembros subalternos de la Fuerza Pública que, forzados por un falso espíritu de cuerpo, confundieron la obediencia debida con la obediencia ciega. Acatando esa obediencia ciega cumplieron órdenes ilegitimas e ilegales, como los “falsos positivos”, que lamentablemente hacen parte de una tradición histórica que se remonta al menos al gobierno de Guillermo León Valencia. Razón tenía el general Alberto Ruíz Novoa cuando afirmó ante la Cámara de Representantes el 4 de abril 1962, siendo Comandante del Ejército: “Los representantes no conocen cuál es el problema de la violencia, y si la conocen no están interviniendo de buena fe. Nosotros sabemos cuál es el origen de la violencia en Colombia. ¿Quién le ha impuesto a esa masa ignara, sin educación, a esa masa que no ha tenido redención, ese morbo de la violencia? Todos sabemos que no son las Fuerzas Armadas las que dijeron a los campesinos que se fueran a matar unos contra otros para ganar las elecciones. Sabemos que no fueron las Fuerzas Armadas las que dijeron a los campesinos que asesinaran a los hombres, a las mujeres y a los niños para acabar con la semilla de sus adversarios políticos, sino los representantes y los senadores, los políticos colombianos”. Posteriormente, siendo ministro de Guerra del presidente Guillermo León Valencia, éste forzó su renuncia con el peregrino argumento de que el general Ruíz Novoa estaba deliberando[1], cuando solo estaba diciendo una verdad histórica que si entonces hubiera sido atendida nos habríamos ahorrado millones de víctimas de este conflicto armado y no estaríamos ahora pendientes del informe final de la CV: “Es evidente que las injusticias sociales y económicas son tan generadoras de violencia como el bandolerismo aparecido como secuela de la violencia política y que esta situación de desequilibrio incide fundamentalmente sobre el orden público, cuyo mantenimiento corresponde al Ministerio de guerra. Considero mi deber contribuir a que esta situación no se repita, porque estoy convencido que la única manera de evitar el progreso del comunismo es con la aplicación de una fina sensibilidad social que reparta la riqueza equitativamente y disminuya el abismo que hay entre las clases sociales en la sociedad colombiana. Es urgente e inaplazable, modificar las estructuras de nuestra sociedad. El gobierno está frenado por los sectores y por las personas influyentes (Nieto, P. 2014. El reformismo doctrinario en el Ejército colombiano: una nueva aproximación para enfrentar la violencia, 1960-1965. Historia Crítica, p. 155-176).

Más que sobre verdades, el informe de la CV es sobre responsabilidades

Quizá por ello, el informe final de la Comisión no sea tanto sobre la verdad, sino más bien sobre el grado de responsabilidad que todos los servidores públicos, actores armados ilegales y colombianos tenemos con la violencia política del pasado, el presente y el futuro. Responsabilidad que está en relación directa con las funciones y roles que asumimos, desde la primaria como ciudadanos cuando elegimos representantes y mandatarios que con argucias violan la Constitución Política, como aquel cambio ilegal de un “articulito” de la Carta Política, gracias al cohecho de los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio. Pasando por la mayor responsabilidad que cabe a todos los servidores públicos, pues como lo señala el artículo 6 de la Constitución ellos lo son no solo por infringir la Constitución y las leyes, sino también por “omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. Omisiones o extralimitaciones de las que son responsables políticamente, más no necesariamente culpables penalmente, en mayor o menor grado, todos los expresidentes y la mayoría de sus ministros y otros altos funcionarios. Tal el caso del actual ministro de defensa, Diego Molano que, con una anuencia de la mayoría de senadores rayana con la complicidad, superó la moción de censura[2] con 116 votos en contra de su renuncia y solo 28 senadores la exigieron por el repudiable resultado letal del operativo militar en el Remanso[3], en Putumayo. Operativo militar donde perdieron la vida al menos 11 civiles inermes. Al validar 116 senadores este tipo de operativos criminales, negando los excesos en que incurrieron miembros de la Fuerza Pública, violan la Constitución y la ley por omisión en su función de control político del Ejecutivo. Pero también los ciudadanos que el pasado 13 de marzo los reeligieron contribuyen a la violación de los derechos humanos y la perpetuación impune de este tipo de operativos, cuya máxima expresión conocimos en la hecatombe del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Por todo lo anterior, una de las máximas contribuciones de la CV es precisar las responsabilidades y no las culpabilidades de los servidores públicos, de los integrantes de organizaciones armadas ilegales y de particulares en el conflicto armado interno, pues la CV no tiene funciones judiciales y fue creada para “contribuir al esclarecimiento de la verdad”, pero especialmente para identificar aquellos factores políticos, sociales, económico y culturales que impidan la repetición y prolongación indefinida de la violencia y de todas sus víctimas, como vergonzosamente nos acontece y seguimos tolerando. Sin duda, el informe final de la CV[4], cuya entrega está fijada para el 28 de junio, deberá ser el primer documento que inspiré al próximo presidente de la República para dar cumplimiento al artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.