CALICANTO: Colombia Tanática y Gobierno Homicida

Colombia Tanática y Gobierno Homicida

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Hernando Llano Ángel

Mayo y junio de este 2021 quedarán en la memoria de todos los colombianos como los meses más funestos de nuestras vidas. Los meses en que nos extraviamos en laberintos de violencia y en el ascenso exponencial de la pandemia. Y, lo más grave, es que continuaremos siendo conducidos por dicho laberinto mortal, como consecuencia de la incurable endemia política que aqueja tanto al gobierno nacional como al Comité Nacional del Paro, incapaces de superar sus posiciones de fuerza para comenzar a desbloquear esta encrucijada letal. A lo anterior, se suma el desvarío febril por la reactivación económica que ataca a los gobernantes de las principales ciudades y departamentos, a la totalidad de agentes económicos y la mayoría de los consumidores, agobiados de tanta cuarentena, que saldrán como si fueran zombies inmortales a consumir y beber su último trago de vida. Bogotá, Medellín y Cali están a punto de colapsar en la disponibilidad de las camas UCI, con promedios de ocupación superiores al 97%[1] y, sin embargo, se decreta nacionalmente normalidad económica. Tal pareciera que las autoridades se hubiesen puesto de acuerdo para competir entre ellas por quien obtendrá la mayor tasa de mortalidad al finalizar este mes de junio. La confluencia de estos dos factores nos tiene hoy viviendo en una Colombia tanática. Para intentar salir de ese laberinto y no llegar a finales de junio a un escenario apocalíptico donde continúen cabalgando sobre todo el territorio nacional los jinetes del hambre, la muerte, la guerra y el autoengaño, es necesario empezar a conjurar el jinete de la soberbia y su cabalgadura más mortífera que es el autismo y el autoritarismo presidencial.

La cabalgadura más mortal

Sin duda, esa cabalgadura está confeccionada con el autismo de Duque y su correlato, el autoritarismo del gobierno nacional. Y es la más mortal porque parte del supuesto incuestionable de que sus proyectos, decisiones y mandatos son justos y legítimos, por lo cual deben ser obedecidos y acatados sin chistar. A tal grado llega la soberbia autoritaria de Duque, del Centro Democrático y su bancada de gobierno, que la Corte Constitucional tuvo que obligarlo a firmar la ley Estatutaria de la JEP, que habían objetado alegando una supuesta superioridad moral para proteger los derechos de los menores reclutados y ultrajados por todos los actores armados en desarrollo del conflicto armado interno. Esos menores a los que el actual ministro de defensa, Diego Molina, llamó “máquinas de guerra”[2], para justificar el bombardeo a un campamento guerrillero. En forma similar procedió Duque con su proyecto de reforma tributaria, afirmando con voz estentórea que nadie se podría oponer a ella porque promovía la “sostenibilidad social”. Y lo que terminó generando fue la hecatombe social y su forzoso retiro. Al 31 de mayo, las víctimas mortales que ha cobrado semejante autismo y soberbia presidencial supera las 70, según Indepaz[3], y cerca de 129 personas han sido denunciadas como desaparecidas, según la revista Semana[4]. De allí la urgencia vital de la visita en terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que empezará el 8 de junio, para esclarecer y contener tan tenebroso escenario, cuya simbiosis es la complacencia y complicidad de miembros de la Fuerza Pública con paramilitares citadinos. Un escenario tras el cual está una concepción profundamente antidemocrática de la autoridad, revestida de un formalismo legal que con el inconstitucional Decreto 575 del 28 de mayo[5], más conocido como de Asistencia Militar, artículos, incisos y una ampulosa retórica sobre la vigencia del “Estado de derecho”, revela la médula de la gobernabilidad autoritaria, que no es otra que el despliegue de la manu militari y su accionar criminal. Una “asistencia militar” que cada día cobra entre la juventud y la población civil más víctimas, como sucede en Cali, cuando en las noches los llamados “halcones de la muerte” salen a disparar contra quienes están en los bloqueos, en desarrollo de operativos adelantados por la Policía. En la noche del pasado viernes 4 de junio, fueron asesinados en el Paso del Comercio los jóvenes Segundo Jaime Rosas, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Valle, y Cristian Delgadillo Sánchez, quien hacia parte de un colectivo de ciclistas[6]. Para comprender y desbloquear el panorama de terror en Cali y sus complejas dimensiones políticas, económicas, sociales y criminales, se precisa de análisis rigurosos como los del profesor Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, publicado en la Silla Vacía[7]. Y la conclusión más importante, pero también la más preocupante, no solo para Cali, sino para todo el país, es que la estrategia militar y de choque que profundiza el presidente Duque y su partido el Centro Democrático solo causará más víctimas mortales e ilegitimidad del Estado. Porque es bien sabido que “con las bayonetas pueden hacerse muchas cosas, menos sentarse sobre ellas”. Por eso no hay vía más eficaz y vital que la promovida en Cali por el alcalde Jorge Iván Ospina mediante el decreto 304[8] para desbloquear la ciudad, pues parte del reconocimiento del diálogo y del poder de los acuerdos, como el sustento de toda autoridad y legitimidad democrática[9]. Exactamente lo contrario de quienes confunden autoridad con autoritarismo, como lo hace el gobierno nacional, pues éste en lugar de sustentarse en la persuasión y los acuerdos, que es lo propio de la legitimidad democrática, se afianza sobre la imposición, la fuerza, la violencia y la muerte. De allí que sea tan deplorable la obsesión presidencial con la “asistencia militar” y la de su ministro de justicia[10] conminando a los empresarios de la ciudad a que desconozcan el decreto 304 y no se dejen confundir por el alcalde Ospina, supuestamente porque el presidente tiene la competencia constitucional de restablecer el orden público en toda la nación y sus decretos prevalecen sobre los de las autoridades territoriales. Es una vergüenza la ignorancia constitucional y legal del ministro de justicia, pues olvida y desconoce totalmente el bloque de constitucionalidad consagrado en nuestra Carta Política, que explícitamente señala en su artículo 93 que “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, prevalecen en el orden interno”. Y uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que precisamente la CIDH se encarga de velar y garantizar. Por todo ello, si el presidente Duque profundiza su tendencia autoritaria y busca a través de la asistencia militar evadir no solo la declaratoria de conmoción interior, sino además desconocer la aplicación del Decreto 304 y continuar arrasando los bloqueos solo por la fuerza y la violencia, con el aumento de la violación de los derechos humanos expresado en pérdidas de vidas humanas, heridos graves y desapariciones, más temprano que tarde tendrá que responder no solo ante la Corte Constitucional y el Congreso de la República, sino ante la misma Corte Penal Internacional en compañía de su nuevo mejor aliado en materia de violación a los derechos humanos, Nicolás Maduro.