sábado, agosto 22, 2020

Álvaro Uribe Vélez, un político representativo, controvertido y paradójico

 

Álvaro Uribe Vélez, un político representativo, controvertido  y paradójico

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/alvaro-uribe-velez-politico-representativo-paradojico

Hernando Llano Ángel.

Más allá de la decisión que tome la Sala de Instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la renuncia de Uribe Vélez a su curul de senador, vale la pena analizarla desde una perspectiva fundamentalmente política, sin desconocer que dicha renuncia es una maniobra y una estrategia legal de defensa penal. Una perspectiva política, porque todo este prolongado proceso tuvo origen en el debate político que adelantó el senador Iván Cepeda en septiembre de 2014 por las supuestas vinculaciones del exgobernador y expresidente Álvaro Uribe con el paramilitarismo[1]. No hay que olvidar que el entonces senador Uribe abandonó el recinto del Congreso para trasladarse a la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus funciones y no como un simple ciudadano, a formular denuncia penal contra su opositor, el senador Cepeda. Irónicamente, ahora Uribe renuncia a su curul y le es aceptada con 82 votos afirmativos y 12 negativos, en la plenaria del Senado[2]. Abandona así el foro político por excelencia, el Senado, para ingresar, como un ciudadano más, en el foro penal ordinario, pretendiendo que su proceso sea adelantado por la Fiscalía y el juez penal correspondiente.

Del foro político al penal

Esto significa, ni más ni menos, que el político más representativo de la sociedad colombiana, según las votaciones obtenidas desde el 2002[3] y su capacidad para nominar los dos últimos presidentes de la nación, abandona institucionalmente la vida política, para defenderse como un anodino ciudadano. En otras palabras, que elude su responsabilidad política como líder y hombre público y prefiere asumir su defensa personal en el campo penal, donde se examinará su culpabilidad o no como determinador de los delitos de fraude procesal y soborno a testigo. Lo que está revelando Álvaro Uribe con esa maniobra judicial es que carece de la dignidad y honorabilidad inherentes al cargo de senador, y que su comportamiento está más próximo al de un presunto delincuente corriente. No de otra forma se puede entender que, para su defensa y representación en las cárceles ante condenados por actividades paramilitares, haya conferido poder al “abogánster”[4] Diego Cadena, como él mismo se definió. Algo realmente sorprendente y deplorable en Uribe, un líder de esas dimensiones políticas e históricas. Pero, paradójicamente, muy representativo de toda su vida política, pues desde su desempeño como director nacional de Aerocivil en 1980[5], pasando por su efímera alcaldía de cinco meses en Medellín (1982), su primera elección al Congreso (1986-94), luego en la gobernación de Antioquia (1995- 1997), y durante sus dos períodos presidenciales (2002-2010)[6], sus actuaciones públicas siempre han oscilado entre lo legal (Convivir) e ilegal (paramilitarismo), lo legítimo y lo ilegítimo (en el 2002 ganó con apoyo de paramilitares[7] y en el 2006 se reeligió cambiando un “articulito” de la Constitución mediante el delito de cohecho) y sus resultados han sido tan exitosos como controvertidos y violentos.

Un funámbulo del poder político invicto, ileso e impune.

Ha sido una especie de político funámbulo invicto, ileso e impune, sin sufrir caída alguna[8], de la tensa y conflictiva cuerda del ejercicio del poder político en nuestra sociedad. Un ejercicio que históricamente siempre ha estado signado más por la fuerza que por el consenso, en el pasado con el autoritarismo del estado de sitio y el estatuto de seguridad, propios de un orden social y económico excluyente. Durante sus gobiernos, con el ejercicio de la “seguridad democrática” y una “confianza inversionista” siempre a favor de sectores empresariales y contra mayorías empobrecidas, a quienes despojó de horas extras nocturnas, días de fiesta y dominicales remunerados[9], entre otros derechos. Un funámbulo con una habilidad extraordinaria para utilizar el balancín sin caer desde la máxima altura del poder político. Unas veces, balanceándolo del lado de una opinión con la consigna “contra la corrupción y la politiquería”, que lo llevó a la presidencia de la república en el 2002, y su famoso “Manifiesto democrático” de 100 puntos[10]. Manifiesto donde encontramos puntos tan sistemática y ostensiblemente incumplidos como el 25:

“De una vez tenemos que derrotar la corrupción. Inicialmente propusimos ocho medidas y ya tenemos muchas más. Eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. Que los corruptos no puedan regresar al Estado por nombramiento, elección o contrato…”.

Otras veces, ya como presidente, con la “seguridad democrática”, inclinando el balancín con la fuerza ilimitada y criminal de los “falsos positivos”, erigiéndose en un padre protector de una ciudadanía atemorizada y victimizada por la extorsión, el secuestro y la violencia ubicua de “una Far” militarmente prepotente y políticamente ciega, que lo aupó al pedestal de salvador de la Patria. Entonces encontramos puntos tan profundamente guerreristas, antidemocráticos y distantes de la verdad, como el 30:

“En la Gobernación de Antioquia fui el primer policía del Departamento. En la Presidencia seré el primer soldado de la Nación, dedicado día y noche a recuperar la tranquilidad de todos los colombianos. Al final de esa Gobernación el secuestro había descendido en 60%, las carreteras eran transitables y el homicidio había bajado 20%. Los empresarios pudieron volver a trabajar en Urabá, regresó la tranquilidad para los trabajadores y cesaron las masacres”.

En la realidad, durante su gobernación, el número de víctimas en masacres aumentaron casi exponencialmente desde 143 en 1995, a 357 en 1996 y 439 en 1997[11]. Incluso el general (r) Rito Alejo del Río, a quien Uribe condecoró y llamó el “pacificador de Urabá”[12], fue condenado a 25 años y 10 meses de cárcel por su responsabilidad en el asesinato del líder chocoano Marino López Mera en 1977, pero recobró la libertad al acogerse a la JEP[13]. Además, como gobernador de Antioquia promovió ampliamente las Convivir, que en la realidad fueron convertidas por las AUC en organizaciones criminales legalmente amparadas, como lo advirtieron y denunciaron oportunamente el general (r) Víctor Álvarez, el coronel (r) Alfonso Velázquez y la alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas,[14] sin que el entonces gobernador cesará en su promoción y amparo legal. Precisamente por las consecuencias funestas y dolorosas de esa exitosa pacificación, con masacres como el Aro y la Granja, dos tribunales concluyeron que Uribe debe responder por ellas y compulsaron copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Todo lo anterior, apenas representa pasajes de una violencia sistemática imposible de negar y desconocer, sobre la cual existe una responsabilidad política insoslayable del entonces gobernador Uribe, bien por la acción y promoción de las Convivir o, en su defecto, por omisión al no desestimular su creación y contener la estela de masacres que se cometieron bajo su amparo. No hay que olvidar el artículo 6 de nuestra Constitución Política: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

La malla de seguridad e impunidad política de las mayorías electorales

Pero nada de lo anterior, y mucho menos sus éxitos militares indiscutibles contra las Farc-Ep, como también la sustitución del Estado de derecho por el de opinión, permitirán por ahora que Álvaro Uribe Vélez sea políticamente responsable. Para ello cuenta con una especie de malla de seguridad e impunidad política, formada por las mayorías electorales que lo respaldan y un presidente Duque que personalmente defiende, como sonámbulo, la honorabilidad de Uribe, su “presidente eterno”. Por eso el funámbulo del poder permanece invicto, ileso y sin riesgo de ser procesado por su responsabilidad política como exgobernador y expresidente. Ahora es simplemente un ciudadano, que corre a refugiarse en la Fiscalía, después de renunciar a su fuero de senador, para eludir impunemente sus responsabilidades como servidor público[15]. Todo parece indicar que solo rendirá cuentas sobre su responsabilidad política cuando esas mayorías electorales que lo respaldan y defienden furibundamente, adquieran la mayoría moral y la ética pública que les permita reconocer que los éxitos de su líder se alcanzaron con cotas altísimas de “sangre, sudor y lágrimas” de millones de compatriotas. Cuando esa malla protectora, tejida con nudos de indolencia de sus seguidores y ausencia de empatía por el sufrimiento de las víctimas, empiece a romperse. Cuando comiencen a reconocer los cientos de miembros de la Fuerza Pública sacrificados por la desidia e incompetencia de sus comandantes, quienes después los condecoraban póstumamente como héroes. Pero, especialmente, cuando reconozcan las más de 9 millones de víctimas[16], la mayoría campesinos, indígenas y negros desplazados y desarraigados de sus parcelas, en desarrollo de una guerra donde solo ganan minorías indolentes que, como el exsenador José Obdulio Gaviria, los considera migrantes internos. Quizá haya que esperar a que Uribe y sus seguidores incondicionales, convertidos en cómplices, rindan un día cuentas ante un tribunal implacable e insobornable, el de la conciencia y la dignidad de sus víctimas y familiares sobrevivientes, cuya verdad nunca podrá negarse y menos desconocerse, porque ya contamos con sus memorias en la Comisión de la Verdad y sus denuncias ante la JEP. Por eso, también, les llegó el turno a los excomandantes de las extintas Farc-Ep de reconocer ante la JEP[17], sin subterfugios, sus horrores y dejar de calificarlos como simples errores o contingencias de la guerra, siguiendo en esto la misma lógica exculpatoria de su implacable enemigo e incontables seguidores, quienes consideran esa violencia como buena y legítima por enfrentar la violencia terrorífica e ilegítima de las “Far”, sin importar las innumerables víctimas sacrificadas para “matar esa culebra”.

Juicio histórico a nuestra ciudadanía

Sin duda, vivimos en un tiempo de verdades donde no se está procesando solo a Uribe, sino que estamos frente a un juicio histórico de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Va siendo ineludible que todos rindamos cuentas ante nuestra propia conciencia, por permitir que minorías privilegiadas sigan mandado al campo de batalla a que mueran los que menos tienen, en nombre de mentiras históricas o de utopías inalcanzables. Ayer, apelando a fantasmagorías como la defensa de una democracia con “confianza inversionista, seguridad y cohesión social” y hoy bajo lemas tan cínicos como “el futuro es de todos”, cuando el presente es de muerte, no solo por el coronavirus, sino sobre todo por una violencia que se ensaña contra quienes realmente luchan por un futuro para todos, los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. Y lemas tan rimbombantes y alejados de la realidad como el de una “paz con legalidad”. Una legalidad incapaz de contener la decapitación del liderazgo social y de los reincorporados de la extinta Farc-Ep. Una legalidad impotente, casi cómplice, frente al asesinato de jóvenes que nunca tuvieron presente en el campo y mucho menos futuro en las ciudades, como los adolescentes asesinados en Cali en Llano Verde y los universitarios de Samaniego en Nariño.


[3] Ha sido el único candidato que ha obtenido dos veces la Presidencia de la República en primera vuelta.

 

[8]https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/alvaro-uribe-y-amigos-presos-condenados-o-investigados-387580. Y dos muertes de colaboradores muy cercanos: Cesar Villegas, en la Aerocivil, asesinado antes de cumplir una cita con la DEA y en quien Uribe descarga toda la responsabilidad por las matrículas para aeronaves de narcotraficantes y Pedro Juan Moreno, su secretario de gobierno en la Gobernación de Antioquia, quien muere en un extraño accidente aéreo, y fue el enlace oficial con los comandantes paramilitares, según los testimonios de Mancuso y los hermanos Castaño.

  

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