sábado, noviembre 18, 2023

EL PALACIO DE JUSTICIA: UN HITO ATROZ DE IMPUNIDAD POLÍTICA QUE NO CESA.

 

EL PALACIO DE JUSTICIA: UN HITO ATROZ DE IMPUNIDAD POLÍTICA QUE NO CESA

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“Las instituciones crean lugares oscuros donde no se puede ver nada ni se pueden hacer preguntas”. Mary Douglas

Hernando Llano Ángel.

Se cumplen 38 años del hito atroz del Palacio de Justicia, conmemorado oficialmente hace tres días, como si se tratara de un protocolo más. Simplemente una ceremonia ritual que pretende minimizar la atroz impunidad política que se prolonga hasta hoy. A tal punto se busca difuminar ese hito de criminalidad e impunidad, que dicha conmemoración irrespeta y niega incluso las fechas de lo acontecido el 6 y 7 de noviembre de 1985. Parece que la memoria de las víctimas no debe arruinar un fin de semana festivo. Por eso, no deja de ser hasta ofensivo que se haya conmemorado el pasado 3 de noviembre, en la Catedral Primada de Colombia, justo al frente de la Casa Museo del Florero. Ese lugar donde las agencias de inteligencia del Estado y sus funcionarios interrogaron hace 38 años a los rehenes rescatados, para discernir si entre ellos había o no guerrilleros, en fin, para decidir quienes debían vivir y quedar en libertad, o quiénes serían interrogados, torturados, asesinados y desaparecidos, como le sucedió a Irma Franco Pineda y varios empleados de la cafetería, entre ellos Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández[1]. Desde entonces, ese lugar conmemorativo del grito de libertad de los rebeldes de 1810, se convirtió en el último rastro y grito de agonía de los desaparecidos en 1985. Un grito que resuena en el dolor inextinguible de sus familiares, que no cesan en la búsqueda de la verdad y de sus cuerpos. Un grito y una memoria que pretende devorar el agujero negro del silencio y el pacto de impunidad entre el poder civil y el militar, que continúa inexpugnable, así la Corte Suprema de Justicia[2] haya condenado “el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, el entonces capitán Óscar William Vásquez Rodríguez y tres exintegrantes del B-2 del Ejército Nacional como coautores de la desaparición forzada de varios sobrevivientes de los hechos de toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985”.  A dichas condenas, se suma la del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales[3] a 35 años de cárcel, máximo comandante del operativo del 6 y 7 de noviembre, recientemente expulsado de la JEP por no contribuir verazmente al esclarecimiento de las desapariciones[4]. Al respecto, antes de que este “país de 24 horas” –como lo definió acertadamente el entonces Procurador General de la Nación, doctor Carlos Jiménez Gómez[5] (1930-2021)— borré  totalmente de nuestra memoria lo acontecido, vale la pena citar este informe de la Corte Suprema de Justicia[6]: “Para la Corte, en este proceso quedó establecido que la desaparición forzada de los que fueron catalogados como insurgentes o colaboradores de estos, como aconteció con Irma Franco Pineda, Carlos Rodríguez y Bernardo Beltrán, se gestó desde el momento mismo en que los mandos superiores de la autoridad castrense dispusieron la retención de los sospechosos, de inmediato sustraídos del conocimiento público o de sus familiares, pues, no se les registró como ingresados y después de abandonar la Casa del Florero, bajo la férula de disposición y dominio de las Fuerzas Militares, jamás retornaron ni se supo su suerte”.  Y continua el resumen de la sentencia: “A juicio de la Sala, en el proceso se determinó que los tres desaparecidos salieron con vida de las instalaciones del Palacio de Justicia. Se demostró que la desaparición de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández fue forjada desde el momento en que se implementó el operativo de retoma del Palacio de Justicia, en el marco de los lineamientos de reacción de la Fuerza Pública, que, para situaciones de conflicto interno, como aconteció con el asalto a la sede judicial por el grupo de insurgentes, se encontraban consignados en el Plan Tricolor 83, hoja de ruta de la que dieron cuenta, entre otros, el General Rafael Samudio Molina, Comandante del Ejército Nacional, así como el primero y segundo al mando de la Brigada XIII, el General Jesús Armando Arias Cabrales y el Coronel Luis Carlos Sadovnik Sánchez, respectivamente”, concluyó la Corte.

¿Cuál retoma del Palacio de Justicia?

Un operativo que no fue de retoma del Palacio de Justicia, pues culminó con su incineración y destrucción, como puede apreciarse en el documental “Colombia Vive, 25 años de resistencia”[7] desde el minuto 48.39 al 49.43, donde el presidente Belisario Betancur asume toda la responsabilidad de lo sucedido y afirma que: “estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación”. Literalmente el Palacio y la Justicia quedaron reducidas a escombros macabros, para “mantener la democracia, maestro…el ejército está en las condiciones de mantener todas las ramas del poder público porque esta es una democracia”, como lo expresó exultante el entonces coronel Alfonso Plazas Vega en su respuesta a periodistas[8]. Poco importaba que para esa defensa y el mantenimiento de la democracia se aniquilará la cúpula de la Rama Judicial y perdieran la vida más de 80 rehenes. Algo similar a lo que está haciendo Netanyahu con la población civil palestina en la franja de Gaza, donde la mayoría de las víctimas son mujeres, ancianos y niños[9], todo para aniquilar Hamás. Según UNICEF, “en los últimos 18 días, la Franja de Gaza ha sido testigo de las devastadoras consecuencias de la guerra en la población infantil, con un balance de 2.360 niñas y niños muertos y 5.364 heridos a consecuencia de los incesantes ataques, es decir, más de 400 niños muertos o heridos a diario”. Al terror desesperado e iracundo de Hamás, se suma el terror asimétrico y mortífero del Estado Israelí. Idéntica fue la respuesta de la Fuerza Pública contra el M-19, sin importar mucho las vidas de civiles sacrificadas, siendo posible evitarlas, como lo hizo Turbay Ayala en el asalto y toma de la embajada de la República Dominicana[10] en febrero de 1980. En nuestro caso, esa respuesta de Plazas Vega encierra la clave de la perenne y endémica violencia política que nos aniquila y degrada como sociedad desde hace más de medio siglo: la simbiosis criminal del poder civil con el militar para el sostenimiento y defensa de un régimen político que no permite “contar cabezas”, sino cortarlas impunemente, sin saber exactamente cuántas se han decapitado en nombre de esta sangrienta “democracia”, cuya estabilidad institucional, incluso vanagloriada por prestantes académicos, ha dejado 450.666 víctimas mortales entre 1985 y 2018, más las siguientes cifras macabras[11], reveladas en su informe final por la Comisión de la Verdad. Cifras ni siquiera igualadas por todas las dictaduras militares del cono sur durante su prolongada existencia.

La degradación militar de la política

Semejantes niveles de violencia contra la población civil, que aporta el 90% de las víctimas mortales, así como el asalto terrorífico del Palacio de Justicia por el M-19, son consecuencia de la misma simbiosis de criminalidad e impunidad que se reproduce por la fusión de lo civil con lo militar en las filas de las organizaciones guerrilleras, vale decir, la articulación mortal y antidemocrática de la política con las armas. A tal punto se ha naturalizado esa letal relación, que hasta el lenguaje se degrada y llaman “retenciones” a los “secuestros”, como el reciente del ELN, contra Luis Manuel Díaz, que revela el sentido exacto de las siglas de dicha organización: “Ejército Liberticida Nacional”. Lo que aún es peor, llaman “ajusticiamientos” a los asesinatos de civiles inermes, disputándole así el premio del eufemismo criminal a los llamados “falsos positivos” de la “exitosa” “seguridad democrática”, ideada por el más civilista y mejor presidente de la historia reciente de Colombia, según millones de sus seguidores. Por sostener todas las anteriores mitomanías criminales y, lo más insólito, continuar pensando que es a través de la violencia y la guerra que se alcanzará la paz y podrá imponérsele a este gobierno condiciones favorables para el tránsito a la política, la desmovilización y el desarme por parte del ELN y las disidencias de las FARC o el Estado Mayor Central[12], es que continuamos repitiendo el Palacio de Justicia, pero a escala nacional.

Cese del fuego inmediato y de las hostilidades contra la población civil

Porque la primera condición para que los procesos o conversaciones de paz en curso tengan credibilidad y legitimidad es el respeto irrestricto, incondicional y total de la población civil en todo el territorio nacional. El pleno cumplimiento del DIH, sin ambages ni cínicos pretextos, como la práctica del secuestro para el sostenimiento de hombres en armas. Es decir, el cese del fuego inmediato contra los civiles, pero también de los enfrentamientos con la fuerza pública. El mismo cese del fuego que clamaba e imploraba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía[13], cabeza de la Rama Judicial, entonces brutalmente decapitada. Lo más paradójico es que semejante violación flagrante de los derechos humanos y el desconocimiento absoluto del Derecho Internacional Humanitario se haya realizado en defensa de la “democracia”, por la obcecación del presidente Belisario Betancur y de los militares de ajustar cuentas con el M-19 y desaparecer, de paso, expedientes y pruebas del Consejo de Estado que comprometían a altos oficiales de las fuerzas militares por graves violaciones a los derechos humanos, como lo demuestra Ana Carrigan en su libro “El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana”[14]. Para completar tan tenebroso cuadro, el M-19, en su delirio belicista de enjuiciar a Belisario por traicionar el proceso de paz, llamó al asalto del Palacio de Justicia: “Operación Antonio Nariño, por los Derechos del Hombre”[15], pero culminó siendo la aniquilación total de los derechos humanos y del DIH. Lo mismo nos sucede en la actualidad, sin la terrible espectacularidad del 6 y 7 de noviembre de 1985. Se puede decir que todos en Colombia, de alguna forma, continuamos siendo rehenes de esa simbiosis letal de la política con las armas, que de no romperse definitivamente continuará repitiéndose todos los días con otros “palacios de justicia”, menos visibles y públicos, pero no por ello menos letales. Se repite casi todos los días con asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que en este año ya son 135 hasta el 22 de octubre y de reincorporados de la antigua Farc, que son 23 hasta el 17 de octubre, según reporte de INDEPAZ[16]. Continúa repitiéndose con el aumento de los secuestros, que crecieron en un 70% en los primeros 9 meses de este año[17]. La única diferencia es la que lucidamente resaltó el entonces Procurador General, Carlos Jiménez Gómez: “En el Palacio de Justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Tratamiento que todavía no se ha repetido en este gobierno porque ha impedido que ello suceda, al no ordenar operativos donde de por medio esté en riesgo la vida de civiles inermes. Operativos que reclaman con insistencia los opositores cuando le exigen al presidente que “desate las manos de la Fuerza Pública”. Obviamente, siempre y cuando sus vidas no corran peligro de muerte, sino otras vidas, anónimas y anodinas, como las 80 segadas en el paro nacional del 2021[18]. Porque lamentablemente para muchos en nuestro país todas las vidas no tienen igual valor y ellas deben quedar subordinadas a la seguridad inversionista y la prosperidad económica. Así lo promovió un abuelo bonachón que hablaba de cuidar tres huevitos[19] y su cuento infantil terminó con la vida de más de 6.402 jóvenes. Jóvenes que no “fueron a recoger café”[20], pues en sus precarias vidas no tuvieron oportunidades de empleo y menos de estudio.

La Fantasmagoría[21] “Revolucionaria”

Y, desde la otra orilla, están los que consideran que es necesario sacrificar la vida de muchas generaciones más en aras de una fantasmal revolución, que solo existe en la mente alucinada de quienes son incapaces de reconocer que el poder no nace de la punta del fusil sino de la palabra y las voluntades ciudadanas concertadas en la búsqueda del bienestar general. Que jamás se ha hecho una revolución sometiendo a la población civil a la presión de sus armas, la extorsión y el secuestro, que realizan en vastas regiones del país. Tales acciones no son errores, como dice Antonio García[22], el máximo comandante del ELN, sino horrores. Mucho menos confinando comunidades indígenas, negras y campesinas en sus parcelas, secuestrando y extorsionando, que es lo propio de toda contrarrevolución y de la delincuencia, nunca de rebeldes sino de reaccionarios y delincuentes degradados. Como lo resumió con el dolor y la verdad de ser víctima, Amalia Mantilla, viuda del magistrado Emiro Sandoval, sacrificado en el Palacio hace 38 años: “Ya ve usted, no es sólo cuestión del escándalo de la toma; ese no es el único problema. Hay cosas más graves que surgen con esta tragedia. Lo ocurrido en el Palacio de Justicia revela la verdadera naturaleza de la clase política de este país; también nos muestra el carácter de nuestras Fuerzas Armadas, y [también] quiénes son los guerrilleros. Cuando el M-19 se apoderó del Palacio de Justicia puso en claro que no sabe absolutamente nada de nuestra realidad nacional. Por desgracia, Colombia es un país que padece amnesia, sufre del olvido. Y hemos llegado a un punto tal de insensibilidad y dureza con respecto a la vida que a la gente ya no le interesa. Ese es el legado más grave que nos ha dejado el Palacio de Justicia. La vida no tiene ningún valor. Esa, en mi opinión, es la verdadera, la más devastadora consecuencia de lo que sucedió en el Palacio de Justicia”, (Carrigan, 2010, p. 311-312) así se lo expresó a la periodista y documentalista Ana Carrigan en su libro: “El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana”[23], que debe consultar y leer quien tenga interés en conocer lo sucedido hace 38 años. Una tragedia que no cesa de repetirse en menor escala todos los días en nuestra admirada y nunca bien ponderada “democracia más estable y profunda de Latinoamérica”. Estable en perpetuar víctimas y profunda en sepultarlas en el olvido y en fosas comunes, mientras continúa celebrando mortíferamente elecciones. ¡Que viva la fiesta de la democracia! ¡Colombia, potencia mundial de la vida!

 

 


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DE LAS ELECCIONES TERRITORIALES AL COLAPSO DE LA GOBERNABILIDAD NACIONAL?

 

¿DE LAS ELECCIONES TERRITORIALES AL COLAPSO DE LA GOBERNABIILIDAD NACIONAL?

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Hernando Llano Ángel.

La principal virtud de las elecciones, como mecanismo democrático para renovar los poderes públicos, es que permiten contar cabezas en lugar de cortarlas, según la definición mínima de democracia de James Bryce[1]. Pero para que ello suceda se requiere un contexto de paz política y una cultura política de reconocimiento de la legitimidad del adversario y de su triunfo en las urnas. Ambos asuntos, lamentablemente, son muy precarios en nuestra realidad política y en muchas regiones no existe, pues allí predominan los poderes de facto, los invencibles clanes familiares (Char, Gnecco, Dilian Francisca Toro, etcétera), el clientelismo y la compraventa de votos. Pero estas elecciones regionales, además de lo anterior, dejan un balance de eventos violentos y asonadas muy preocupante. Según el informe número 9 de la Defensoría del Pueblo[2], entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre se presentaron 127 eventos y protestas en 104 municipios. Entre estos eventos, 52 asonadas, siendo la ocurrida en el municipio de Gamarra la más grave y letal. La Misión de Observación Electoral (MOE) expresó su alarma en un comunicado: “MOE rechaza alteraciones al orden público e invita a campañas a usar los mecanismos legales para resolver sus inconformidades en escrutinioshttps://t.co/Ddv6QP45Fg— MOE (@moecolombia) October 31, 2023”. Según la crónica de EL ESPECTADOR del 31 de octubre: “Desmanes tras elecciones golpean a 98 municipios y encienden alertas por ola violenta”[3]: “Las principales motivaciones de los manifestantes fueron el desconocimiento de los resultados electorales, con un 42%, la mayoría de estos eventos debido a la escasa diferencia de votos entre uno y otro candidato; la denuncia de posibles irregularidades electorales, con un 29%, principalmente relacionadas de eventos de posible fraude electoral, dijo la Defensoría del Pueblo en un informe remitido a varias entidades gubernamentales”. Pero la máxima expresión de esta violencia electoral se presentó en Gamarra donde fue incendiada la sede de la Registraduría. Se puede pensar que lo anterior es insignificante, pues sucedió en municipios periféricos, pero también afectó a capitales como Santa Marta, Cúcuta e Inírida. Sin duda, lo anterior es un signo preocupante en tanto revela que en esta ocasión no fueron los grupos armados ilegales quienes atentaron contra las elecciones, sino los mismos ciudadanos estimulados por un espíritu faccioso y violento de grupos que se autodenominan partidos, pero que en la realidad actúan como organizaciones facinerosas y criminales. En efecto, los instigadores de la quema de la sede de la Registraduría en Gamarra el 28 de octubre, donde murió calcinada la contratista Duperly Arévalo Carrascal[4], fue realizada por seguidores del candidato a la Alcaldía, Fernando Márquez, inhabilitado por la Registraduría. Entre los sospechosos de semejante crimen figuran varios aspirantes al Concejo Municipal de Gamarra. Todo un tenebroso Halloween antidemocrático.

El Halloween del plebiscito

Y si a lo anterior sumamos el clima político nacional de Halloween, que los principales partidos de oposición convirtieron en un plebiscito contra el presidente de la República y sus iniciativas reformistas en el Congreso, el resultado puede terminar siendo un bumerán contra la gobernabilidad democrática. Podemos entrar en una zona de alta turbulencia política y hasta de colapso legislativo. En una especie de gobernabilidad centrífuga, donde los opositores que ganaron en importantes ciudades y departamentos intentarán deslindarse de políticas cruciales, incluso sabotearlas, como la Paz Total, para impedir que se avance en la desmovilización y desarme de los grupos ilegales. Mientras predomine la inseguridad y la violencia en muchas regiones, más posibilidades de victoria tendrá la oposición en la próxima elección presidencial del 2026. Parece que la consigna política, faltando menos de tres años de gobierno del Pacto Histórico, será: “mientras peor le vaya a Petro y más catastrófica sea su gestión, mucho mejor para la oposición”. La meta de la oposición busca petrificar las reformas del Pacto Histórico, aislar al presidente y desacreditarlo al máximo para impedir su gobernabilidad nacional, provocando así sus impulsivas e imprudentes reacciones en su cuenta X. Reacción que por ahora ha evitado y está intentando convertir en una inverosímil victoria del Pacto Histórico, según su última publicación en X[5], donde oculta su derrota en las principales ciudades y departamentos, sumando como propios votos de partidos y movimientos que formalmente están en el Pacto Histórico pero que no lo respaldan en el Congreso. Más le convendría al presidente Petro tener en cuenta el sabio aforismo de Bluntschli[6]: “La política debe ser realista; la política debe ser idealista: dos principios que son ciertos cuando se complementan y falsos cuando se mantienen separados”. Consejo totalmente válido para esta coyuntura postelectoral, pero especialmente para el trámite de sus reformas en el Congreso, de lo contrario fracasará históricamente. Parece empezar a entenderlo, pues “el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón y otros congresistas solicitaron el aplazamiento del trámite a la reforma a la salud”[7], proposición que la plenaria acogió.

La democracia como un juego de suma positiva

Dicho escenario de colapso de la gobernabilidad nacional puede suceder, siendo lo más indeseable y perjudicial para todos, porque ambas partes, gobierno y oposición, son rehenes de una concepción revanchista de la política y están atrapados en una práctica de la democracia como un juego de suma cero, donde una parte gana todo y la otra lo pierde todo. Parecen incapaces de concertar y hacer de la democracia un juego de suma positiva, donde todas las partes ganen algo. Tanto el gobierno como la oposición están entrampados en esa democracia adversarial, empeñados no solo en imponerse plenamente sobre el contrario, sino incluso en deslegitimarlo y de ser posible impedirle gobernar. Lo que constituye no solo un grave error político, sino incluso una conducta contraria a la Constitución y la ley. La Constitución establece en su artículo 1 que “Colombia es una República unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”, pero no un archipiélago de Departamentos y Capitales que desafían el poder presidencial. Así mismo, el presidente tiene que respetar la autonomía de las entidades territoriales, cuyos alcaldes y gobernadores deben cumplir en municipios y departamentos sus programas de campaña electoral, pues están sujetos al mandato de los ciudadanos que los eligieron por el voto programático. De no hacerlo, podrían ser revocados, según lo establecido en los artículos 40, 103, 259 de la Constitución y la ley estatutaria 1757 de 2015[8], que fija el procedimiento para hacerlo. Así las cosas, una polémica como la construcción soterrada de la primera línea del Metro en Bogotá no tiene sentido, lo que no impide que otras líneas sean subterráneas, como sucede en la mayoría de los metros de las grandes ciudades. Incluso en la historia del metro de Berlín[9], a finales del siglo XIX y principios del XX, se presentó la misma polémica y se empezó a construir elevado, pero hoy la mayoría de sus líneas son soterradas, de allí su nombre “U-Bahn Berlín, de Untergrundbahn, lit. "tren subterráneo".

¿Una Oposición obstructiva o constructiva?

De otra parte, el Estatuto de la Oposición estableció que el candidato que obtenga la segunda votación en las elecciones de municipios y departamentos, podrá acceder a una curul en los Concejos Municipales y Asambleas Departamentales, si tiene interés en ejercer una función de control político y contribuir a una mejor gobernabilidad en su ciudad y departamento. Pero las anteriores disposiciones legales de nada sirven si no hay voluntad política y disposición en los actores y líderes políticos para actuar en función de intereses generales y públicos y, en lugar de ello, se dedican a obstruir la gobernabilidad, poner trabas y promover el fracaso del gobierno de turno. Entonces el resultado será el caos y la ingobernabilidad. De allí que la cultura política y el talante más o menos democrático de los próximos gobernantes territoriales será determinante, más allá de las disposiciones legales. Porque si los mandatarios regionales llegan a gobernar solo en función de los intereses de los miembros de su propio partido, de los financiadores de su campaña, de intereses corporativos y empresariales o con la obsesión de desconocer los logros de la anterior administración, para así desacreditar y ajustar cuentas con el adversario ideológico, será la ciudadanía en su conjunto la que pierda. Mucho más grave sería la conformación de una especie de “Pacto antihistórico” entre los gobernantes territoriales de la oposición durante estos casi tres años que le quedan al gobierno del “Pacto Histórico” para así ir preparando el terreno que les permita recobrar la gobernabilidad presidencial en el 2026. Al respecto, dichos gobernantes territoriales saben muy bien que el ejecutivo nacional tiene en sus manos cartas poderosas como Jefe de Estado, jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa (artículo 189 CP[10]), que controla la ejecución del presupuesto nacional y del Plan Nacional de Desarrollo en sus regiones, de los cuales dependerá en alto grado el éxito de sus administraciones y su gestión pública. Quizá éste termine siendo un contrapeso positivo del poder presidencial y del centralismo, tantas veces justamente denostado, para evitar el secesionismo político y administrativo de algunos gobernadores y alcaldes que, antes de serlo de sus departamentos y municipios, parecen serlo de los partidos de oposición a los que pertenecen y de los intereses de quienes solo tienen como meta impedir la gobernabilidad presidencial para volver en el 2026 a la Casa de Nariño. Si desde sus cargos apuestan por semejante estrategia, nos esperan años y daños incuantificables, siendo además responsables del colapso de la gobernabilidad nacional y de sumirnos en una especie de neofeudalismo político. Un neofeudalismo donde solo ganan unos pocos, los mismos de siempre, quienes durante toda su vida han creído y administrado lo público como si fuera una empresa que solo proporciona generosas ganancias a sus socios partidistas, a grandes empresas contratistas de obras públicas e incluso a haciendas ubérrimas para el enriquecimiento familiar. Parece ser que la banda musical y tonada que escucharemos en muchas regiones durante estos cuatro años es la canción de Serrat, “Buenos Tiempos”[11]: “Corren buenos tiempos, buenos tiempos para la bandada de los que se amoldan a todo con tal que no les falte de nada. Tiempos fabulosos, fabulosos para sacar tajada de desastres consentidos y catástrofes provocadas… Corren buenos tiempos, buenos tiempos preferentemente para los de toda la vida, para los mismos de siempre. Para los mismos de siempre. Siempre. Siempre”.


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MÁS ACÁ Y MÁS ALLÁ DE LAS ELECCIONES Y LAS URNAS

 

 

 MÁS ACÁ Y MÁS ALLÁ DE LAS ELECCIONES Y LAS URNAS

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Hernando Llano Ángel

Cali no es una Ciudad, como tampoco Colombia es una Nación, políticamente hablando. En ambos casos, todavía no hemos podido conformar una comunidad política democrática en todo el territorio nacional. Una comunidad en la que todos nos reconozcamos y tratemos como ciudadanos y no como dos bandos irreconciliables: los llamados “ciudadanos de bien” contra los “otros”, los vagos y vándalos, esa masa informe que algunos llaman pueblo y en momentos de crisis se convierte en canalla, como en el “estallido social” del 2021. Los “Patricios”, con apellidos de abolengo y ancestros empresariales contra los “plebeyos” y empresarios del rebusque y el azar. Lo más grave es que ese maniqueísmo social y político[1] nos fragmenta y divide entre derecha e izquierda. Una división que reduce la complejidad de los conflictos y la riqueza de la pluralidad social en una disputa moral y mortal entre partidarios de correctos y “buenos” políticos contra otros seguidores de torcidos y “malos” políticos, unos a la diestra y otros a la siniestra del establishment. Así se forman unos estereotipos inmodificables que, en últimas, tienen su matriz y origen en certezas irrefutables, como aquella de que lo público y lo estatal es el reino de la corrupción, la trampa y la incompetencia, mientras lo privado y empresarial es el universo de lo incorruptible, la transparencia, la competencia y la eficiencia. Rápidamente ello deriva en la apología de los empresarios como trabajadores virtuosos y sacrificados, asediados por impuestos y cargas de gobiernos populistas, que reparten generosos subsidios a pobres perezosos y atenidos, convertidos en un lastre para el crecimiento de la economía y en rehenes del gobierno de turno. Pero ese imaginario suele también proyectarse a la inversa, cuando se atribuye al Estado y lo público la encarnación de la justicia y el bien común, y al sector privado la personificación de la codicia siempre en beneficio de privilegios y la defensa a ultranza del statu quo[2].

Más allá del maniqueísmo simplista

Sin embargo, basta apreciar la realidad sin estos prejuicios ideológicos y lentes ideológicos deformadores para concluir que el asunto es mucho más complejo, pues siempre lo público estatal y lo privado están entreverados, no son compartimentos estancos. De su interacción más o menos ilegal surge una inconmensurable y densa zona gris que se llama corrupción, esa apropiación de intereses generales en beneficio de ganancias particulares. Algunas veces son intereses empresariales, otras de organizaciones políticas y clanes familiares que convierten los Departamentos en sus feudos electorales, como los Char[3] en el Atlántico y Dilian Francisca Toro[4] en el Valle del Cauca, pero en ocasiones también son intereses de gremios empresariales, ANDI, FENALCO, FEDEGAN, de sindicatos poderosos USO, FECODE y hasta de iglesias celosas de sus diezmos y privilegios. Todos lo anteriores tienen en común su inmensa capacidad para proyectar sus propios intereses como si fuesen generales y colectivos. Nos convencen de que su actividad se desarrolla en función del bien común, cuando en la realidad solo redunda en su propio beneficio. Son unos taumaturgos[5] que se apropian de los intereses generales y públicos para su exclusivo provecho.  Esa destreza la despliegan todos por igual, pero se diferencia en los medios que utilizan. Las empresas recurren a la publicidad y el cabildeo; las iglesias a las creencias y la esperanza; los políticos a la demagogia y el clientelismo. Y todos se aprovechan de nuestros deseos, miedos y necesidades. De manera que nosotros mismos somos responsables, pues directa o indirectamente contribuimos a su existencia y prosperidad. Todos, de alguna forma, somos rehenes del mercado, por lo general deseamos tener siempre el mejor y último modelo en venta y nos convertimos en consumidores compulsivos. También ansiamos el consuelo, la paz emocional y la felicidad personal, asistiendo a cultos, conferencias, escuchando sacerdotes, siguiendo a gurús, psicoanalistas y teniendo fe inconmovible en creencias salvíficas, hasta el extremo de institucionalizar lo espiritual en Iglesias y jerarquías que niegan la humanidad y dignidad de los no creyentes o, lo que es peor, exigen su sacrificio por ser paganos e idolatras de otras deidades. Y ni hablar de lo que sucede en el mundo político, pues muchos tienen la absoluta convicción de pertenecer al partido de los justos, los incorruptibles y los únicos que pueden salvar a la ciudad, el departamento y la nación porque sus candidatos y candidatas son los más competentes, sabios y virtuosos. Poco importa si son de derecha, centro o izquierda y menos sus antecedentes judiciales o investigaciones en curso. Por eso todos los candidatos hoy nos prometen seguridad, pero solo si votamos por uno de ellos podremos salvarnos y conservar nuestras vidas y bienes, porque los otros no tienen capacidad para hacerlo. Son profesionales en manipular el miedo, agitan la bandera de la seguridad como enseña del triunfo, pero desde el gobierno la convierten en arma mortífera. Llegamos así a uno de los fanatismos más peligrosos y letales, el sectarismo partidista, que se apropia la representación de la Nación y del pueblo, descalifica y hasta estigmatiza a sus adversarios y competidores por ser la expresión de lo contrario. Sus competidores, los otros, son la negación de la Patria y la democracia. Los tildan de enemigos y los condenan al ostracismo, deben ser expulsados de la Ciudad. Entonces surgen consignas como “Patria libre o morir” o se “está con Petro o con la Patria”, “con la democracia o los terroristas”, Israel o Palestina. Pero también en estereotipos locales, como se vota por “patricios” o “plebeyos”, “empresarios” o “chanceros”, “tecnócratas” o “clientelistas”. Y en medio de ese barullo publicitario de prejuicios sectarios, lo que se pierde es la misma noción de Ciudad, del Departamento, de la Nación, de lo público como búsqueda de un bienestar general que permita convivir más allá del miedo y de la fragmentación de nuestras ciudades, convertidas en guetos y apartheid sociales, un mercado de votos a disposición del clientelismo y la compraventa de conciencias por parte de mercaderes electorales que se consideran líderes comunitarios y sociales.

Más acá y más allá de las urnas

Por eso hay que situarse más acá y más allá de las elecciones y las urnas. Más acá de las urnas y antes de votar De-Liberar con otros, los contrarios para liberarnos del espejismo de que, si delegamos nuestra responsabilidad en un partido, en un candidato o candidata, todo se resolverá. Que entonces podremos vivir seguros, libres y felices, pues hemos elegido al salvador de la Ciudad.  Y también situarnos más allá de las urnas, reducidas a una caja de Pandora en donde se refunden nuestras esperanzas y volvemos a depositarlas cada cuatro años sin que nada cambie sustancialmente. Asumir que la democracia es un asunto de la ciudadanía, no solo de políticos y representantes, cuya mayoría se dedica a traficar con necesidades, coyunturalmente solucionadas con subsidios y prebendas gubernamentales, sin transformar las causas estructurales de la exclusión social y la concentración desmedida de la riqueza. Mucho menos que la democracia se limite a ser una plataforma mercantil desde el Estado para favorecer intereses corporativos, empresariales y financieros, mediante la contratación pública a favor de Odebrecht y Corficolombiana o de políticas públicas con incentivos sectoriales como Agro Ingreso Seguro y muchas otras de anteriores gobiernos y sus Planes de Desarrollo Nacional.

¿Elecciones territoriales y colapso de la gobernabilidad nacional?

Pero también considerar que los resultados de las elecciones regionales de mañana 29 de octubre de 2023 pueden significar el colapso de la gobernabilidad nacional al ser convertidas en un plebiscito contra el presidente Petro. Sin duda, la derrota de los candidatos del Pacto Histórico en los principales departamentos y sus respectivas capitales va a profundizar las tensiones con gobernadores y alcaldes opositores, que probablemente desafiaran la implementación de la Política de Paz Total y serán reacios a reconocer que son subordinados del Ejecutivo en el manejo del orden público nacional, lo que podría desembocar en una crisis de ingobernabilidad con consecuencias impredecibles ya que el presidente podría incluso destituirlos. ¿Será que Fico Gutiérrez desde Medellín remplazará al saliente fiscal Francisco Barbosa? ¿Se conformará un gran bloque opositor de los clanes, enclaves familiares territoriales, intocables figuras patriarcales y mayorías en el Congreso contra el Ejecutivo para bloquear sus iniciativas reformistas y colapsar su gobernabilidad territorial? ¿Fracasará la Paz Total en un limbo territorial, sin poder implementarse? ¿Iremos hacia una especie de “secionismos” políticos regionales y locales que terminaran por despedazar la ilusoria unidad nacional consagrada en la Constitución? ¿Deambularemos entre gobernabilidades centrífugas y centrípetas o se podrá concertar un derrotero democrático y progresista con el Ejecutivo? ¿Será el Plan Nacional de Desarrollo otro canto a la bandera? Y, para concluir, un par de preguntas parroquiales, ¿Será que en Cali tendremos por fin chance para una gobernabilidad ciudadana y pública más allá de esa falsa disputa entre “patricios” y “plebeyos”, que está por convertirnos en la sucursal del infierno? Y en el departamento del Valle del Cauca ¿Seguirá siendo un feudo electoral más en beneficio de clanes políticos con antecedentes judiciales, consolidados a punta de clientelismo y asistencialismo? Cualquiera que sea mañana el resultado en las urnas, estoy seguro que las respuestas a estas preguntas están mucho más allá de solo votar. Las respuestas dependerán de nuestra mayor capacidad como ciudadanía para asumir responsabilidades públicas, más allá de nuestros legítimos intereses y desvelos personales, familiares o empresariales, convirtiéndonos en protagonistas de la democracia y dejando de ser rehenes electorales de ese entramado corrupto y antidemocrático. Pero ello demanda fortalecer el tejido organizativo y social a favor de intereses colectivos y generales, De-Liberar para redescubrir el sentido de lo público y concertar socialmente entre diversos teniendo como horizonte la Ciudad en su conjunto, no solo nuestra comuna; la prosperidad y equidad del suroccidente y el pacífico no solo del Valle del Cauca y la convivencia nacional en lugar de hegemonismos regionales, estrategias para desgastar y sabotear la gobernabilidad presidencial y delirios federalistas, que seguramente resurgirán. Este escenario democrático fue proyectado como “La unión hace la fuerza”, en Destino Colombia[6], una expresión de De-liberación y concertación ciudadana realizada hace 26 años, en octubre de 1997. Un escenario que todavía nos falta realizar local, regional y nacionalmente, por eso vale la pena verlo y protagonizarlo, antes de que sea demasiado tarde y volvamos a escenarios como “Amanecerá y Veremos”, “Más vale pájaro en mano que ciento volando” y el temible “Todos a marchar” del minuto 15.18[7], que muchos añoran repetir. Si ello sucede, las urnas presagiaran más tumbas, como lo registran las cifras de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición[8] que sucedió entre 1995 y 2004, la década con más víctimas, el 45%, cerca de 202.293, durante las presidencias de Ernesto Samper (1994-98), Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2006).

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