jueves, julio 21, 2022

UNA RECOMENDACIÓN VERDADERAMENTE VITAL

 

UNA RECOMENDACIÓN VERDADERAMENTE VITAL

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/una-recomendacion-verdaderamente-vital

Hernando Llano Ángel.

“El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir” Tzvetan Todorov.

Esta cita de Todorov[1], que antecede el prólogo de Gonzalo Sánchez G, al informe “¡BASTA YA! COLOMBIA: MEMORIAS DE GUERRA Y DIGNIDAD”[2], del Centro Nacional de Memoria Histórica, publicado en 2013, aplica plenamente al Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición[3]. Es comprensible que exista una resistencia generalizada entre muchos colombianos a la lectura del Informe de la Comisión, pues contiene demasiadas verdades desgarradoras, tantas como las más de nueve millones de víctimas que ha dejado este degradado conflicto, que aún no cesa de producir cada día más víctimas. A esas dolorosas verdades de las víctimas, hay que sumar las espeluznantes revelaciones de sus victimarios, que reconocen su responsabilidad, siendo la reparación en la mayoría de los casos casi imposible de cumplir. Pero dichas revelaciones al menos aportan al esclarecimiento de lo acontecido. Esas verdades atroces de los victimarios son el primer paso ineludible para la reparación parcial de las víctimas. De allí que su reconocimiento[4] sea imprescindible, pues de lo contrario nunca cesará la repetición y perpetuación de las víctimas. Víctimas que en ese infierno de dolor y sufrimiento, según síntesis de La Paz Querida, divulgada por Francisco Leal Buitrago,[5] en “más del 90 % fueron civiles; al menos 20 % de la población resultó directamente afectada por el conflicto armado, que dejó más de nueve millones de víctimas: cerca de medio millón asesinadas y más de 100.000 víctimas de desaparición forzada; nueve de cada diez víctimas mortales son civiles, casi todos de la población rural; 42 % de los asesinatos selectivos son atribuidos a paramilitares, 16 % a guerrillas, 3 % a agentes del Estado y 35 % a autores desconocidos; la mayoría de masacres fueron ejecutadas por paramilitares con apoyo de la fuerza pública; entre 1996 y 2008 la violencia contra civiles se extendió por el país generando 75 % de las víctimas del conflicto armado; entre 1990 y 2018, alrededor de 50.770 personas fueron víctimas de secuestro”.

De combatientes a criminales

Lo anterior significa, ni más ni menos, que todos los actores armados, en mayor o menor grado, se degradaron y perdieron su condición de combatientes para convertirse en asesinos y victimarios implacables de civiles inermes. Ejecutaron una “guerra por tercero interpuesto”, la población civil. Semejante degradación tiene una relación directa con el control territorial y de su población por diversas organizaciones criminales para consolidar enclaves de economía ilegal, convirtiéndose así el narcotráfico en el eslabón crucial para la perpetuación y descomposición del conflicto. A tal punto que difumina casi por completo la frontera entre el delito político de rebelión y el común del narcotráfico. La motivación política fundamental que animaba la rebelión –reformas políticas sustanciales y mayor justicia social— es pervertida por la violenta codicia que desata el narcotráfico y su fuente inagotable de riqueza y recursos para la guerra. Ello explica en parte la mutabilidad de actores armados como Diego Fernando Murillo, más conocido como Don Berna o Adolfo Paz[6] y Dairo Antonio Úsuga David, Otoniel[7], quienes comenzaron su vida delictiva en las filas guerrilleras del EPL y luego se convirtieron en narcotraficantes y comandantes paramilitares. También explica la persistencia de las disidencias de las FARC y su actual simbiosis con el narcotráfico y del ELN en regiones como en el Catatumbo y el pacífico en Chocó. En tales escenarios es la violencia letal de las armas, independientemente de su motivación, la que configura órdenes territoriales fácticos que destruyen casi por completo el tejido social y la misma institucionalidad estatal, como lo estamos presenciando en Tibú con el patrullaje de las disidencias de las FARC frente a la misma Alcaldía[8]. Esta narcotización creciente de la guerrilla parece irreversible y escandaliza por sus consecuencias: confinamiento de poblaciones indígenas y negras, aumento del desplazamiento forzado, asesinato de líderes sociales y corrupción de miembros de la Fuerza Pública.

La narcotización de la política

Pero olvidamos que antes de dicha narcotización de la guerrilla se presentó en forma gradual e inexorable la narcotización de la política institucional y del mismo Estado colombiano. El Informe Final de la Comisión de la Verdad así lo describe desde las campañas presidenciales de López y Belisario. El mismo expresidente López Michlesen lo mencionó en entrevista concedida a en el libro “Palabras Pendientes: Conversaciones con Enrique Santos Calderón”, refiriéndose a la campaña presidencial de 1982: “Se había realizado la convención de Medellín, que me había proclamado candidato para las elecciones presidenciales de 1982, y el jefe de nuestra campaña era Ernesto Samper. Estábamos en la capital de Antioquia y por la noche llegaron el senador Federico Estrada Vélez y Santiago Londoño a decirme que había un grupo de copartidarios que quería saludarme. Yo estaba de prisa, entré un momento y ni siquiera me senté. Les di la mano a unos tipos que no conocía. Después, en el curso de los episodios, descubrí que eran los Ochoa, Pablo Escobar y, probablemente Carlos Lehder y Rodríguez Gacha. Estuve un rato con ellos y después me salí. Samper se quedó en la reunión con Santiago Londoño, a quien le dieron un cheque por veintitrés o veinticinco millones de pesos, no recuerdo bien, cheque que no ingresó a la campaña sino al directorio liberal de Antioquia. Posteriormente, cuando terminaron las elecciones, en las que participaron como candidatos, además de mi persona, Belisario Betancur y Luis Carlos Galán, se nombró una comisión investigadora sobre el ingreso de los llamados dineros calientes a las campañas, comisión que absolvió de culpa a los tres grupos. Lo cual no resultaba muy afortunado, porque se examinaron las cuentas de Bogotá y, por ejemplo, las de Belisario funcionaban en Antioquia. Su tesorero era Diego Londoño, que después trabajó como gerente del metro de Medellín, y que tenía relaciones muy cercanas con Pablo Escobar. Hoy se encuentra preso. Pero, del otro lado, está también el caso de Rodrigo Lara Bonilla, que es aún más impresionante porque la mafia le metió un cheque que a la postre le costó la vida (p. 142)”.  Lo demás es historia reciente y conocida por todos: Cuatro magnicidios de candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro Leongómez; Pablo Escobar[9] en la Cámara de Representantes en 1982 como suplente de Jairo Ortega Ramírez; Proceso 8.000, narcopolítica, parapolítica y ñeñepolítica. Por todo ello, Colombia ocupa el segundo lugar en criminalidad organizada en el mundo, según el informe de Organized Crime Index de 2021[10] entre 193 naciones, después de la República Democrática del Congo.

Una recomendación verdaderamente vital

De allí, que la cuarta conclusión del Informe de la Comisión de la Verdad en su capítulo de Hallazgos y Recomendaciones, en la página 388,  contenga la recomendación más verdadera y vital para romper el círculo infernal de violencias que dinamiza y prolonga indefinidamente este devastador conflicto armado interno: “El narcotráfico es un factor fundamental de la persistencia porque mientras siga siendo ilegalizado proveerá los recursos suficientes para seguir haciendo la guerra, corromper las instituciones encargadas de combatirlo y financiar ejércitos privados para la protección violenta de sus intereses, por lo que, si no se cambia el paradigma y se afronta el problema de manera integral con un enfoque de regulación, seremos testigos de un reciclaje permanente de los conflictos armados”[11]. Si en verdad el Pacto Histórico se propone convertir a Colombia en “Potencia Mundial de la Vida”, deberá promover una audaz y decidida campaña internacional contra el prohibicionismo que es una política que mata y reivindicar a la Coca como la planta vital y sagrada que honran milenariamente los pueblos originarios andinos por sus maravillosas propiedades naturales[12], completamente pervertidas por la codicia y el hedonismo escapista del capitalismo que la convirtió en cocaína. Una manera de hacerlo es acompañando el Estado y los centros de investigación científica de las universidades públicas y privadas a las comunidades indígenas en la transformación de la hoja de coca en productos alimenticios y farmacéuticos, agregando un valor sustancial para su consumo y exportación, así como se viene haciendo con la marihuana cuyo valor en el mercado ya superó los 12 billones de dólares en el 2018 y para el 2025 se espera que alcance un valor de 116 billones,[13] según reporte de la universidad EAFIT. En lugar de sustituir los cultivos de coca, lo que hay que hacer es invertir en su transformación, asumiendo el Estado no solo una función reguladora sino productora y exportadora, sumando el valor agregado que proporciona la ciencia, la tecnología y el mercado, acorde con los planteamientos de la economista Mariana Mazzucato[14] y su Estado emprendedor.


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viernes, julio 08, 2022

RECONOCIMIENTO, ANTES DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN

 

RECONOCIMIENTO, ANTES DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/del-perdon-la-reconciliacion

Hernando Llano Ángel.

Antes del perdón y la reconciliación está el reconocimiento de nuestra igual condición y dignidad humana. El reconocimiento de nuestra igual fragilidad frente a la violencia y el sufrimiento: “Acero y piel, combinación tan cruel”, canta Sting[1]. En fin, el reconocimiento de nuestra común mortalidad. Sin dicho reconocimiento por parte de todos aquellos que han causado daño, sufrimiento, devastación y aniquilación de millones de víctimas, carece de sentido hablar de perdón y reconciliación. El reconocimiento del daño, el sufrimiento y el mal causado es el primer paso para el perdón y la reconciliación. Pero sucede que en Colombia hay una legión de compatriotas incapaces de dar ese paso porque su soberbia moral se los impide. Es el caso de todos aquellos que se consideran moralmente superiores y siempre actúan absolutamente convencidos que sus juicios y decisiones solo producen el bien, porque a ellos les asiste la verdad y la justicia. Se consideran imbuidos y portadores del espíritu del bien y consagran sus vidas a derrotar el mal. A exterminarlo de la faz de la tierra. Sus vidas solo tienen sentido si lideran una cruzada para aniquilar a los malvados. Lo grave es que en medio de tanta lucidez beatífica y obsesión por hacer el bien son incapaces de reconocer el mal que causan. «El diablo no es el príncipe de la materia, sino la soberbia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad sin sombra de dudas», escribió Eco en «El nombre de la Rosa».  Y entre nosotros abundan estos encumbrados personajes a la derecha y la izquierda del espectro político. Por eso han convertido a la política en una actividad espectral, mortal. Desde el inicio de nuestra vida republicana se han dividido y enfrentado en bandos irreconciliables, cuyas banderas cambian según las circunstancias coyunturales. Centralistas contra federalistas, proteccionistas contra librecambistas, Terratenientes contra campesinos e indios, Patricios contra plebeyos y negros, Conservadores contra Liberales, Creyentes contra Ateos, Demócratas contra Comunistas, Patriotas contra Terroristas y hoy en forma más difuminada la llamada “gente de bien” contra la “chusma y la canalla”, esa masa informe de indios, negros y mestizos, que pretende representar el Pacto Histórico. Pero con el informe de la Comisión de la Verdad y el encuentro entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe parece que ese maniqueísmo letal, esa guerra moral y mortal interminable entre unos supuestos “buenos” contra otros absolutamente “malos” empieza a revelarse como la gran mentira que nos ha condenado al odio y el desconocimiento mutuo en medio de una densa bruma  de sectarismos políticos a la derecha y la izquierda,  de prejuicios sociales, culturales, sexistas y racistas que comienzan lentamente a difuminarse. Pero ello nos llevará generaciones. No es un asunto que desaparezca después de unas elecciones presidenciales donde por primera vez en la historia gana el País Nacional[2] sobre el País Político. Más bien pude recrudecerse, pues no faltará la llamada “gente de bien” que repudia radicalmente la presencia en la cúpula del Estado de representantes de los y las nadies, como la Vicepresidenta Francia Márquez.  Así aconteció en Estados Unidos con el triunfo de Obama y la nefasta revancha de la supremacía blanca con Trump. Pero también porque en el Pacto Histórico hay mucho lastre de ese País Político que puede impedirle avanzar a la velocidad y en la dirección reformista que demanda el País Nacional. Personajes destacados de ese País Político como Roy Barreras, Armando Benedetti y Piedad Córdoba, entre muchos otros, que hoy se le suman al Pacto Histórico bajo la coartada del Acuerdo Nacional y la reconciliación política.

El Titanic de Duque

Sin duda, la Nave del Estado a la que llega Petro es muy parecida al Titanic, ostenta lujo y boato, pero tiene el casco roto, tiende alfombras rojas al paso de un Capitán autista que ignora su inminente naufragio y está dedicado a repartir condecoraciones, mientras algunos de sus tripulantes aprovechan el caos para desmantelar y apropiarse lo poco que aun flota sobre la Nave. Es una Nave que hace agua por todos los costados, casi sin combustible para terminar la extraviada y  sangrienta travesía de un Ducado que deja más de 900 líderes sociales asesinados[3] y culmina dentro de un mes sin ser capaz de contenerla. Le tocará a Gustavo Petro conducir esta vetusta y corrupta Nave en medio de un mar agitado y la pandemia de la recesión económica internacional. Una pandemia mucho más difícil de sortear que la del Sars-Cov-2 y sus innumerables variables, pues contra ella no se ha inventado todavía una vacuna efectiva. En contraste con este incierto panorama internacional, cuenta Petro con una carta de navegación extraordinaria para evitar el naufragio del Estado, como es el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Un informe que nos interpela a reconocer nuestra responsabilidad personal como ciudadanos en el cumplimiento del artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Reconocimiento de máximos responsables políticos

Un deber que demanda especialmente de los máximos líderes políticos su capacidad para reconocer sus responsabilidades en la degradación y perpetuación del conflicto armado interno. Sin ese reconocimiento expreso y personal, no será posible avanzar hacia el perdón y la reconciliación política nacional. Un reconocimiento que debe empezar por el presidente electo, Gustavo Petro, y su pasado como militante en el M-19, cuya organización cometió asesinatos execrables como el mal llamado “ajusticiamiento” del líder sindical José Raquel Mercado[4] y la acción terrorífica de la toma del Palacio de Justicia[5], aunque Petro no estuviese personalmente implicado en tales hechos. Pero también debe esclarecerse la responsabilidad que cabe a todos los expresidentes, empezando por Álvaro Uribe Vélez, como máximo comandante de las Fuerzas Armadas por los numerosos “falsos positivos”[6] o ejecuciones extrajudiciales cometidas en cumplimiento de su política de “seguridad democrática”. Sin dicho reconocimiento por parte de los dos más influyentes y reconocidos líderes políticos del presente, la dignidad y memoria de miles de víctimas nunca será reparada y la verdad continuará sepultada junto a sus cuerpos. Menos será posible avanzar hacia el perdón y la reconciliación política si los mayores responsables de la violencia política, ya desde la subversión en el pasado o desde el gobierno, son incapaces de reconocer sus responsabilidades, declarar sus verdades y comenzar a reparar a las víctimas y sus descendientes. Algo que han empezado a realizar los máximos comandantes de las FARC-EP[7] ante la JEP y sus miles de víctimas. Pero falta que sigan ese ejemplo una larga fila de encumbrados funcionarios, como los expresidentes Gaviria, Samper y Pastrana, cuyas versiones ante la Comisión de la Verdad fueron más exculpatorias de sus errores que de reconocimiento de sus horrores ante las víctimas del narcoterrorismo, el narcotráfico y el Plan Colombia. Ni hablar de los falsos positivos, cuyas explicaciones y versiones de los entonces ministros de defensa[8] Martha Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe y Camilo Ospina aún no conocemos. El único que las rindió públicamente en audiencia ante la Comisión de la Verdad fue el ministro Juan Manuel Santos[9] y solicitó perdón por no detener a tiempo la saga criminal de los “falsos positivos”. El expresidente Uribe negó toda responsabilidad en su cita con el padre De Roux, diciendo que jamás pudo pensar que su ejército cometiera tales crímenes y que “la culpa nunca es de quien exige resultados”[10]. Le corresponde ahora a Petro que le cuente al país y a las víctimas del M-19 lo que sucedió durante su joven militancia y hasta donde asume responsabilidad por ello, sin exculpar por ello al M-19 como organización política-militar. Porque el primer paso para el perdón personal y la reconciliación política nacional es el reconocimiento de las propias responsabilidades por el daño, el sufrimiento y el mal causado, así haya sido cometido con las mejores intenciones y en defensa de la democracia, como pregonaba la consigna del M-19: “Con el pueblo, con las armas, al poder”, después del fraude electoral auspiciado por el expresidente Carlos Lleras Restrepo[11] a la Alianza Nacional Popular del general Gustavo Rojas Pinilla. Ahora que Petro ha llegado a la Presidencia con el pueblo en las urnas, es la oportunidad para el Pacto Histórico de dar ejemplo y demostrarles a los líderes del establecimiento político que se precisa de la máxima integridad moral para gobernar democráticamente. Para comenzar, se precisa del reconocimiento de las propias y personales responsabilidades políticas en la existencia y perpetuación de víctimas y victimarios, comprometiéndose a poner fin a esa criminal gobernabilidad electofáctica[12].  De eso se trata la consigna de «Colombia potencia mundial de la Vida»[13].  Solo así podrá el Estado romper la interminable espiral de venganzas y ajustes de cuentas y dejar de ser esa máquina productora de víctimas y victimarios, para convertirse en una institucionalidad generadora de vida, justicia social y convivencia democrática. Es, nada menos, que el desafío de pasar del Estado cacocrático[14] actual, que naufraga como el Titanic, al Estado democrático y social de derecho anunciado en el primer artículo[15] de nuestra Constitución. Una Nave del Estado que solo será navegable si se construye en el astillero de la participación ciudadana, la concertación de intereses públicos y la conservación de la Pachamama[16], arrojando rápidamente por la borda el lastre de cacos que ya tomaron asiento en la travesía.

 


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! SI HAY VERDAD, HAY FUTURO!

 

¡SI HAY VERDAD, HAY FUTURO!

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Hernando Llano Ángel.

Siempre habrá un futuro, pero sin verdad no será el de todos, más bien de unos pocos. No será un futuro compartido entre todos y menos un destino común de convivencia, sino un futuro en continua disputa y exclusión, en beneficio de unos pocos, de los privilegiados de siempre. Entonces seguirá siendo un pasado inmodificable y un presente indeseable en el que malvivimos y morimos. El Informe Final[1] de la Comisión de la Verdad trata precisamente de promover y alcanzar un futuro forjado entre todos y para todos. Un futuro donde todos tengamos el derecho de convivir en paz, con dignidad, sin la angustia por el pan de mañana y sin el miedo de perder la libertad y la vida por cuidar la propiedad y la heredad. Para ello, es necesario reconocer que ese pasado de hambre, violencia y zozobra no es de ayer sino del día de hoy. Ese pasado vive en la memoria y el sufrimiento de millones de víctimas que no se resignan a que la vida segada, el cuerpo desmembrado y desaparecido, la libertad y la dignidad mancilladas de sus seres queridos, se reduzca a una cifra, al reporte en un informe de su dolor y perdida, por más verdad que contenga dicho informe. De poco sirve la verdad si no tenemos la capacidad de enmendar el error y los horrores del pasado. La única forma de reparar en algo el sufrimiento del ayer y las violencias persistentes que lo prolongan en el presente es no repitiendo y perpetuando las causas objetivas y los causantes subjetivos de ese pasado. Es decir, reconociendo con valor y lucidez los factores objetivos y los actores subjetivos responsables de tanto dolor y sufrimiento. Por eso se precisa conocer la verdad de todo lo sucedido para que haya futuro y no se repita cíclicamente ese pasado, encarnado en el presente por nuevos victimarios y víctimas irredentas. Y la clave para ello es conocer los hallazgos de esos factores y actores responsables, que el Informe de la Comisión identifica como ocho[2], pero que muchos colombianos son renuentes a reconocer y eluden con subterfugios y excusas que se convierten coartadas criminales. Coartadas que esgrimen altos funcionarios, como el actual ministro de defensa, Diego Molano.

Coartadas estatales criminales

 Una de esas coartas es la de afirmar que no se puede mancillar el honor y la legitimidad de las instituciones estatales, porque ellas no delinquen, sino sus hombres. Que viene siendo lo mismo que afirmaron cínicamente algunos miembros de las Farc-Ep cuando argumentaron que ellos no reclutaban menores de edad porque no figuraba, ni lo autorizaba el Reglamento guerrillero. Que no cometían secuestros, sino retenciones. Que no asesinaban, sino que ajusticiaban. Algo tan inadmisible como no reconocer que los mal llamados “falsos positivos” tuvieron origen en la Directiva 029 del 2005[3], firmada por el entonces ministro de defensa Camilo Ospina[4], para dar cumplimiento a los objetivos de la “Seguridad Democrática”. Una seguridad que termino conteniendo una letalidad autoritaria y criminal, aupada por altos oficiales que exigían un aumento sostenido de bajas guerrilleras, como el comandante del Ejército, general Mario Montoya[5]. Si los máximos comandantes de las Farc-Ep han reconocido en las recientes Audiencias de la JEP[6] que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad[7], que traicionaron sus valores y principios revolucionarios, ordenando sistemáticamente miles de secuestros y vejámenes a sus víctimas, sintiendo por ello vergüenza[8] y aceptando que no fueron errores sino horrores lo cometido, lo menos que podemos esperar del Ejército Nacional y sus máximos comandantes, empezando por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, es un comportamiento similar. Porque en verdad resulta inadmisible que deleguen toda la responsabilidad de semejantes horrores en sus subalternos y mucho menos que ahora reivindiquen el honor, la legitimidad intocable e intachable de las Fuerzas Armadas, como lo hace el actual ministro de defensa, Diego Andrés Molano Aponte, acusando ladinamente a la Comisión de la Verdad de ser sesgada ideológicamente, de ocultar la verdad y a los auténticos responsables[9] del conflicto armado interno. Más bien es todo lo contrario. Así como las Farc-Ep traicionaron por completo la ética y los principios revolucionarios que decían tener, empezando por ser liberticidas cometiendo más de 20.000 secuestros[10], ya es hora de que los máximos responsables de las instituciones del Estado colombiano dejen tanto cinismo criminal  y no continúen eludiendo los resultados de sus acciones y omisiones en el cumplimiento de sus funciones con falacias como la política de la “seguridad democrática”, la defensa de “la democracia”, la “soberanía estatal”, la “protección de los derechos humanos” y hasta  “la paz con legalidad”. Ya es hora de que esos altos funcionarios, que se proclaman defensores a ultranza del Estado de derecho, cumplan al menos el artículo 6[11] de nuestra Constitución que los hace responsables por “omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. Por eso es inadmisible que continúen reivindicando como “héroes de la patria” a los responsables de miles de asesinatos, al igual que las Farc-Ep persiste en honrar a sus máximos comandantes como “héroes revolucionarios”.

Verdades vitales en lugar de mentiras mortales

No hay futuro seguro alguno para nadie en Colombia si continuamos creyendo en semejantes mentiras. Ninguna sociedad tiene futuro si lo edifica sobre las mentiras del crimen y la impunidad.  Peor aún, si hace de ellos motivo de honor y orgullo. Bien lo pregonaba Camus en su entrevista “Las servidumbres del odio”[12]: “El privilegio de la mentira es que siempre vence al que pretende servirse de ella… No, ninguna grandeza se ha establecido jamás sobre la mentira. La mentira a veces hace vivir, pero nunca eleva… Allí donde prolifere la mentira, la tiranía se anuncia o se perpetúa”. De manera que tenemos que empezar por reconocer todas las verdades, por más atroces que sean, si queremos tener un futuro sin más víctimas irredentas y victimarios impunes, orgullosos de su ignominia, porque supuestamente cometieron sus errores y horrores, sus innumerables crímenes, en nombre de la revolución, la democracia, la libertad, la seguridad, la propiedad, los derechos humanos, la dignidad humana y “la paz con legalidad”. Si no reconocemos esas atroces verdades que muchos persisten en negar con subterfugios, justificaciones y legitimaciones institucionales o revolucionarias, jamás viviremos en paz y mucho menos tendremos un futuro para la reconciliación y la convivencia. El Informe Final de la Comisión nos convoca a todos a construir verdades vitales, verdades que nos sirvan para convivir y no para continuar matándonos, porque la única forma de honrar la memoria de millones de víctimas es no mintiéndonos más, comprometiéndonos de verdad con la vida y asumiendo nuestras responsabilidades como ciudadanos. ¡Colombia no necesita más héroes, ni villanos! ¡Necesita ciudadanos de Verdad! ¡No más víctimas, ni victimarios! ¡Basta ya! Colombia[13] ¡Defendamos y promovamos las verdades vitales! ¡Refutemos y rechacemos las mentiras mortales!


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