viernes, julio 08, 2022

RECONOCIMIENTO, ANTES DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN

 

RECONOCIMIENTO, ANTES DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/del-perdon-la-reconciliacion

Hernando Llano Ángel.

Antes del perdón y la reconciliación está el reconocimiento de nuestra igual condición y dignidad humana. El reconocimiento de nuestra igual fragilidad frente a la violencia y el sufrimiento: “Acero y piel, combinación tan cruel”, canta Sting[1]. En fin, el reconocimiento de nuestra común mortalidad. Sin dicho reconocimiento por parte de todos aquellos que han causado daño, sufrimiento, devastación y aniquilación de millones de víctimas, carece de sentido hablar de perdón y reconciliación. El reconocimiento del daño, el sufrimiento y el mal causado es el primer paso para el perdón y la reconciliación. Pero sucede que en Colombia hay una legión de compatriotas incapaces de dar ese paso porque su soberbia moral se los impide. Es el caso de todos aquellos que se consideran moralmente superiores y siempre actúan absolutamente convencidos que sus juicios y decisiones solo producen el bien, porque a ellos les asiste la verdad y la justicia. Se consideran imbuidos y portadores del espíritu del bien y consagran sus vidas a derrotar el mal. A exterminarlo de la faz de la tierra. Sus vidas solo tienen sentido si lideran una cruzada para aniquilar a los malvados. Lo grave es que en medio de tanta lucidez beatífica y obsesión por hacer el bien son incapaces de reconocer el mal que causan. «El diablo no es el príncipe de la materia, sino la soberbia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad sin sombra de dudas», escribió Eco en «El nombre de la Rosa».  Y entre nosotros abundan estos encumbrados personajes a la derecha y la izquierda del espectro político. Por eso han convertido a la política en una actividad espectral, mortal. Desde el inicio de nuestra vida republicana se han dividido y enfrentado en bandos irreconciliables, cuyas banderas cambian según las circunstancias coyunturales. Centralistas contra federalistas, proteccionistas contra librecambistas, Terratenientes contra campesinos e indios, Patricios contra plebeyos y negros, Conservadores contra Liberales, Creyentes contra Ateos, Demócratas contra Comunistas, Patriotas contra Terroristas y hoy en forma más difuminada la llamada “gente de bien” contra la “chusma y la canalla”, esa masa informe de indios, negros y mestizos, que pretende representar el Pacto Histórico. Pero con el informe de la Comisión de la Verdad y el encuentro entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe parece que ese maniqueísmo letal, esa guerra moral y mortal interminable entre unos supuestos “buenos” contra otros absolutamente “malos” empieza a revelarse como la gran mentira que nos ha condenado al odio y el desconocimiento mutuo en medio de una densa bruma  de sectarismos políticos a la derecha y la izquierda,  de prejuicios sociales, culturales, sexistas y racistas que comienzan lentamente a difuminarse. Pero ello nos llevará generaciones. No es un asunto que desaparezca después de unas elecciones presidenciales donde por primera vez en la historia gana el País Nacional[2] sobre el País Político. Más bien pude recrudecerse, pues no faltará la llamada “gente de bien” que repudia radicalmente la presencia en la cúpula del Estado de representantes de los y las nadies, como la Vicepresidenta Francia Márquez.  Así aconteció en Estados Unidos con el triunfo de Obama y la nefasta revancha de la supremacía blanca con Trump. Pero también porque en el Pacto Histórico hay mucho lastre de ese País Político que puede impedirle avanzar a la velocidad y en la dirección reformista que demanda el País Nacional. Personajes destacados de ese País Político como Roy Barreras, Armando Benedetti y Piedad Córdoba, entre muchos otros, que hoy se le suman al Pacto Histórico bajo la coartada del Acuerdo Nacional y la reconciliación política.

El Titanic de Duque

Sin duda, la Nave del Estado a la que llega Petro es muy parecida al Titanic, ostenta lujo y boato, pero tiene el casco roto, tiende alfombras rojas al paso de un Capitán autista que ignora su inminente naufragio y está dedicado a repartir condecoraciones, mientras algunos de sus tripulantes aprovechan el caos para desmantelar y apropiarse lo poco que aun flota sobre la Nave. Es una Nave que hace agua por todos los costados, casi sin combustible para terminar la extraviada y  sangrienta travesía de un Ducado que deja más de 900 líderes sociales asesinados[3] y culmina dentro de un mes sin ser capaz de contenerla. Le tocará a Gustavo Petro conducir esta vetusta y corrupta Nave en medio de un mar agitado y la pandemia de la recesión económica internacional. Una pandemia mucho más difícil de sortear que la del Sars-Cov-2 y sus innumerables variables, pues contra ella no se ha inventado todavía una vacuna efectiva. En contraste con este incierto panorama internacional, cuenta Petro con una carta de navegación extraordinaria para evitar el naufragio del Estado, como es el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Un informe que nos interpela a reconocer nuestra responsabilidad personal como ciudadanos en el cumplimiento del artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Reconocimiento de máximos responsables políticos

Un deber que demanda especialmente de los máximos líderes políticos su capacidad para reconocer sus responsabilidades en la degradación y perpetuación del conflicto armado interno. Sin ese reconocimiento expreso y personal, no será posible avanzar hacia el perdón y la reconciliación política nacional. Un reconocimiento que debe empezar por el presidente electo, Gustavo Petro, y su pasado como militante en el M-19, cuya organización cometió asesinatos execrables como el mal llamado “ajusticiamiento” del líder sindical José Raquel Mercado[4] y la acción terrorífica de la toma del Palacio de Justicia[5], aunque Petro no estuviese personalmente implicado en tales hechos. Pero también debe esclarecerse la responsabilidad que cabe a todos los expresidentes, empezando por Álvaro Uribe Vélez, como máximo comandante de las Fuerzas Armadas por los numerosos “falsos positivos”[6] o ejecuciones extrajudiciales cometidas en cumplimiento de su política de “seguridad democrática”. Sin dicho reconocimiento por parte de los dos más influyentes y reconocidos líderes políticos del presente, la dignidad y memoria de miles de víctimas nunca será reparada y la verdad continuará sepultada junto a sus cuerpos. Menos será posible avanzar hacia el perdón y la reconciliación política si los mayores responsables de la violencia política, ya desde la subversión en el pasado o desde el gobierno, son incapaces de reconocer sus responsabilidades, declarar sus verdades y comenzar a reparar a las víctimas y sus descendientes. Algo que han empezado a realizar los máximos comandantes de las FARC-EP[7] ante la JEP y sus miles de víctimas. Pero falta que sigan ese ejemplo una larga fila de encumbrados funcionarios, como los expresidentes Gaviria, Samper y Pastrana, cuyas versiones ante la Comisión de la Verdad fueron más exculpatorias de sus errores que de reconocimiento de sus horrores ante las víctimas del narcoterrorismo, el narcotráfico y el Plan Colombia. Ni hablar de los falsos positivos, cuyas explicaciones y versiones de los entonces ministros de defensa[8] Martha Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe y Camilo Ospina aún no conocemos. El único que las rindió públicamente en audiencia ante la Comisión de la Verdad fue el ministro Juan Manuel Santos[9] y solicitó perdón por no detener a tiempo la saga criminal de los “falsos positivos”. El expresidente Uribe negó toda responsabilidad en su cita con el padre De Roux, diciendo que jamás pudo pensar que su ejército cometiera tales crímenes y que “la culpa nunca es de quien exige resultados”[10]. Le corresponde ahora a Petro que le cuente al país y a las víctimas del M-19 lo que sucedió durante su joven militancia y hasta donde asume responsabilidad por ello, sin exculpar por ello al M-19 como organización política-militar. Porque el primer paso para el perdón personal y la reconciliación política nacional es el reconocimiento de las propias responsabilidades por el daño, el sufrimiento y el mal causado, así haya sido cometido con las mejores intenciones y en defensa de la democracia, como pregonaba la consigna del M-19: “Con el pueblo, con las armas, al poder”, después del fraude electoral auspiciado por el expresidente Carlos Lleras Restrepo[11] a la Alianza Nacional Popular del general Gustavo Rojas Pinilla. Ahora que Petro ha llegado a la Presidencia con el pueblo en las urnas, es la oportunidad para el Pacto Histórico de dar ejemplo y demostrarles a los líderes del establecimiento político que se precisa de la máxima integridad moral para gobernar democráticamente. Para comenzar, se precisa del reconocimiento de las propias y personales responsabilidades políticas en la existencia y perpetuación de víctimas y victimarios, comprometiéndose a poner fin a esa criminal gobernabilidad electofáctica[12].  De eso se trata la consigna de «Colombia potencia mundial de la Vida»[13].  Solo así podrá el Estado romper la interminable espiral de venganzas y ajustes de cuentas y dejar de ser esa máquina productora de víctimas y victimarios, para convertirse en una institucionalidad generadora de vida, justicia social y convivencia democrática. Es, nada menos, que el desafío de pasar del Estado cacocrático[14] actual, que naufraga como el Titanic, al Estado democrático y social de derecho anunciado en el primer artículo[15] de nuestra Constitución. Una Nave del Estado que solo será navegable si se construye en el astillero de la participación ciudadana, la concertación de intereses públicos y la conservación de la Pachamama[16], arrojando rápidamente por la borda el lastre de cacos que ya tomaron asiento en la travesía.

 


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! SI HAY VERDAD, HAY FUTURO!

 

¡SI HAY VERDAD, HAY FUTURO!

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Hernando Llano Ángel.

Siempre habrá un futuro, pero sin verdad no será el de todos, más bien de unos pocos. No será un futuro compartido entre todos y menos un destino común de convivencia, sino un futuro en continua disputa y exclusión, en beneficio de unos pocos, de los privilegiados de siempre. Entonces seguirá siendo un pasado inmodificable y un presente indeseable en el que malvivimos y morimos. El Informe Final[1] de la Comisión de la Verdad trata precisamente de promover y alcanzar un futuro forjado entre todos y para todos. Un futuro donde todos tengamos el derecho de convivir en paz, con dignidad, sin la angustia por el pan de mañana y sin el miedo de perder la libertad y la vida por cuidar la propiedad y la heredad. Para ello, es necesario reconocer que ese pasado de hambre, violencia y zozobra no es de ayer sino del día de hoy. Ese pasado vive en la memoria y el sufrimiento de millones de víctimas que no se resignan a que la vida segada, el cuerpo desmembrado y desaparecido, la libertad y la dignidad mancilladas de sus seres queridos, se reduzca a una cifra, al reporte en un informe de su dolor y perdida, por más verdad que contenga dicho informe. De poco sirve la verdad si no tenemos la capacidad de enmendar el error y los horrores del pasado. La única forma de reparar en algo el sufrimiento del ayer y las violencias persistentes que lo prolongan en el presente es no repitiendo y perpetuando las causas objetivas y los causantes subjetivos de ese pasado. Es decir, reconociendo con valor y lucidez los factores objetivos y los actores subjetivos responsables de tanto dolor y sufrimiento. Por eso se precisa conocer la verdad de todo lo sucedido para que haya futuro y no se repita cíclicamente ese pasado, encarnado en el presente por nuevos victimarios y víctimas irredentas. Y la clave para ello es conocer los hallazgos de esos factores y actores responsables, que el Informe de la Comisión identifica como ocho[2], pero que muchos colombianos son renuentes a reconocer y eluden con subterfugios y excusas que se convierten coartadas criminales. Coartadas que esgrimen altos funcionarios, como el actual ministro de defensa, Diego Molano.

Coartadas estatales criminales

 Una de esas coartas es la de afirmar que no se puede mancillar el honor y la legitimidad de las instituciones estatales, porque ellas no delinquen, sino sus hombres. Que viene siendo lo mismo que afirmaron cínicamente algunos miembros de las Farc-Ep cuando argumentaron que ellos no reclutaban menores de edad porque no figuraba, ni lo autorizaba el Reglamento guerrillero. Que no cometían secuestros, sino retenciones. Que no asesinaban, sino que ajusticiaban. Algo tan inadmisible como no reconocer que los mal llamados “falsos positivos” tuvieron origen en la Directiva 029 del 2005[3], firmada por el entonces ministro de defensa Camilo Ospina[4], para dar cumplimiento a los objetivos de la “Seguridad Democrática”. Una seguridad que termino conteniendo una letalidad autoritaria y criminal, aupada por altos oficiales que exigían un aumento sostenido de bajas guerrilleras, como el comandante del Ejército, general Mario Montoya[5]. Si los máximos comandantes de las Farc-Ep han reconocido en las recientes Audiencias de la JEP[6] que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad[7], que traicionaron sus valores y principios revolucionarios, ordenando sistemáticamente miles de secuestros y vejámenes a sus víctimas, sintiendo por ello vergüenza[8] y aceptando que no fueron errores sino horrores lo cometido, lo menos que podemos esperar del Ejército Nacional y sus máximos comandantes, empezando por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, es un comportamiento similar. Porque en verdad resulta inadmisible que deleguen toda la responsabilidad de semejantes horrores en sus subalternos y mucho menos que ahora reivindiquen el honor, la legitimidad intocable e intachable de las Fuerzas Armadas, como lo hace el actual ministro de defensa, Diego Andrés Molano Aponte, acusando ladinamente a la Comisión de la Verdad de ser sesgada ideológicamente, de ocultar la verdad y a los auténticos responsables[9] del conflicto armado interno. Más bien es todo lo contrario. Así como las Farc-Ep traicionaron por completo la ética y los principios revolucionarios que decían tener, empezando por ser liberticidas cometiendo más de 20.000 secuestros[10], ya es hora de que los máximos responsables de las instituciones del Estado colombiano dejen tanto cinismo criminal  y no continúen eludiendo los resultados de sus acciones y omisiones en el cumplimiento de sus funciones con falacias como la política de la “seguridad democrática”, la defensa de “la democracia”, la “soberanía estatal”, la “protección de los derechos humanos” y hasta  “la paz con legalidad”. Ya es hora de que esos altos funcionarios, que se proclaman defensores a ultranza del Estado de derecho, cumplan al menos el artículo 6[11] de nuestra Constitución que los hace responsables por “omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. Por eso es inadmisible que continúen reivindicando como “héroes de la patria” a los responsables de miles de asesinatos, al igual que las Farc-Ep persiste en honrar a sus máximos comandantes como “héroes revolucionarios”.

Verdades vitales en lugar de mentiras mortales

No hay futuro seguro alguno para nadie en Colombia si continuamos creyendo en semejantes mentiras. Ninguna sociedad tiene futuro si lo edifica sobre las mentiras del crimen y la impunidad.  Peor aún, si hace de ellos motivo de honor y orgullo. Bien lo pregonaba Camus en su entrevista “Las servidumbres del odio”[12]: “El privilegio de la mentira es que siempre vence al que pretende servirse de ella… No, ninguna grandeza se ha establecido jamás sobre la mentira. La mentira a veces hace vivir, pero nunca eleva… Allí donde prolifere la mentira, la tiranía se anuncia o se perpetúa”. De manera que tenemos que empezar por reconocer todas las verdades, por más atroces que sean, si queremos tener un futuro sin más víctimas irredentas y victimarios impunes, orgullosos de su ignominia, porque supuestamente cometieron sus errores y horrores, sus innumerables crímenes, en nombre de la revolución, la democracia, la libertad, la seguridad, la propiedad, los derechos humanos, la dignidad humana y “la paz con legalidad”. Si no reconocemos esas atroces verdades que muchos persisten en negar con subterfugios, justificaciones y legitimaciones institucionales o revolucionarias, jamás viviremos en paz y mucho menos tendremos un futuro para la reconciliación y la convivencia. El Informe Final de la Comisión nos convoca a todos a construir verdades vitales, verdades que nos sirvan para convivir y no para continuar matándonos, porque la única forma de honrar la memoria de millones de víctimas es no mintiéndonos más, comprometiéndonos de verdad con la vida y asumiendo nuestras responsabilidades como ciudadanos. ¡Colombia no necesita más héroes, ni villanos! ¡Necesita ciudadanos de Verdad! ¡No más víctimas, ni victimarios! ¡Basta ya! Colombia[13] ¡Defendamos y promovamos las verdades vitales! ¡Refutemos y rechacemos las mentiras mortales!


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PETRO: ! DE SICARIO MORAL A PRESIDENTE EJEMPLAR !

 

PETRO: ¡DE SICARIO MORAL A PRESIDENTE EJEMPLAR!

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Hernando Llano Ángel

Así de radical es el cambio de actitud y de juicio del expresidente Álvaro Uribe sobre el presidente electo, Gustavo Petro, después del encuentro histórico[1] en el elegante bufete del abogado Héctor Carvajal al norte de Bogotá. Ayer, el expresidente Uribe insultaba al senador Petro en el Congreso y lo estigmatizaba tres veces con vehemencia, llamándolo ¡Sicario moral![2] ¡Sicario Moral!, ¡Sicario Moral! Además, lo invitaba a que volviera al monte, donde lo consideraba menos peligroso. Hoy le toca reconocer a Gustavo Petro como presidente electo con talla de estadista que convoca un Acuerdo Nacional y llama en su trino[3] a acatarlo --no confundir con atacarlo, como lo quisieran sus adoratrices Cabal y Valencia junto a millones de sus deVotos electores— y lo saluda con amabilidad y cortesía. Todo lo anterior, como consecuencia de la alquimia y conversión que producen en la atribulada alma del expresidente los más de 11 millones de votos por Petro.  En la política nacional, después de aquel 19 de junio, pasamos del antipetrismo más radical y visceral a una especie de “petroestatismo” multipartidista, detrás del cual se oculta el más vergonzoso oportunismo politiquero para continuar succionando, como parásitos insaciables, el presupuesto nacional y la burocracia estatal. Claro está, todo ello en nombre del “Diálogo Nacional”, la “Reconciliación Nacional” y los abrazos fraternos que auguran éxito a Petro, pues si al “Presidente le va bien, le va bien a todo el país”.  ¡Que viva la democracia! De verdad, resulta repugnante tanta mentira e hipocresía en todos los que ayer gritaban a los cuatro vientos con Fico: ¡Si gana Petro es el fin de la democracia!  como vulgar ventrílocuo y “parcero” del Centro Democrático, camuflado en las banderas de la coalición “Equipo Colombia”. Y qué decir del fatuo ingeniero Hernández que en plena campaña sindicaba al Pacto Histórico de ser una organización criminal y corría a refugiarse en Miami porque tenía miedo que lo mataran a cuchillazos. Hoy se abraza con Petro y afirma que ¡ahora sí empezó el cambio!  Ni hablar de los gremios empresariales, que anunciaban el apocalipsis de la economía, el fin de la libertad de empresa y el colapso del mercado. Ahora, corren a conversar con Petro y ponderan su apertura al diálogo y sensatez por nombrar a José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda. En fin, el antipetrismo del establecimiento se convirtió en petroestatismo, con la certeza de que todo cambie, pero continúe igual, como canta Serrat, ya se terminó la fiesta: “La zorra pobre al portal, la rica al rosal y el avaro a sus divisas”[4].

¡Y las verdades de las inocultables víctimas!

Pero en medio de tamaña impostura y celebración de la victimizadora “democracia”, conocemos el Informe Final de la Comisión de la Verdad, que nos revela una realidad descarnada y brutal. Esa que la mayoría de los anteriores saltimbanquis de la politiquería, con Duque a la cabeza, son incapaces de reconocer, pues les cabe la mayor responsabilidad por haber instaurado un régimen político electofáctico[5] y un Estado cacocrático[6], sustentado en la simbiosis letal de la política con el crimen. Por eso Duque no tuvo el valor de recibir públicamente el informe final de la Comisión de la Verdad y viajó a Portugal a insinuar cínicamente que esperaba no estuviera plagado de “posverdades”. Pero también por ello el expresidente Uribe se apresuró a conversar patrióticamente con Petro e informar a los medios de comunicación que la reunión fue muy cordial, que las ofensas del pasado ya quedaron atrás y que ahora no hay que pasar factura de nada y mucho menos cobrar cuentas pendientes, como puede verse en el minuto 18.52 de la rueda de prensa[7]. Así las cosas, Petro será un presidente funámbulo caminando sobre una tensa cuerda presidencial, haciendo equilibrios con el balancín a la derecha y a la izquierda, para garantizar gobernabilidad desde la Casa de Nariño. Una gobernabilidad que, como lo anunció en su discurso de presidente electo, descansará sobre el trípode de la paz política, la justicia social y la justicia ambiental. Sin duda, el mayor desafío histórico que presidente alguno haya asumido, pues debe hacer reformas estructurales para alcanzar esas tres metas vitales siempre aplazadas y defraudadas que hoy demandan impacientemente millones de ciudadanos. Para ello tendrá que ir liberándose poco a poco del lastre del Statu Quo cacocrático que ahora lo rodea y respalda en forma casi unánime, pero también de los intereses mezquinos de gremios económicos indolentes que siempre han confundido la democracia con sus empresas, haciendas y ganancias ilimitadas. Sobre todo, Petro tendrá que cuidarse de no ir a transar gobernabilidad por impunidad, pues recogería la bandera de su lucha contra la parapolítica y en defensa de las víctimas.  Si no logra semejante odisea política, el cambio anunciado quedará nuevamente petrificado y su ingobernabilidad será catastrófica. Entonces de nuevo viviríamos una hecatombe social donde la frustración y la irá popular estallaría contra el gobierno del Pacto Histórico y sus expectativas defraudadas. Sin duda, vivimos una transición política histórica, nada menos que el tránsito de la cacocracia a la democracia, que demanda de todos responsabilidad y sacrificios, sin los cuales nunca podremos vivir sabroso y decentemente, menos aún poner fin a las causas y factores generadores de más víctimas y victimarios, como lo son la exclusión social, el racismo, el clasismo y el machismo, que perpetúan esta nefasta división de Colombia en dos países siempre enemistados: el país político contra el país nacional[8]. Pero ya es hora de que seamos un solo país, un país democrático, como nominalmente aparece en el artículo primero de la Constitución del 91 y que está muy lejos de ser realidad: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Para ello contamos con una hoja de ruta invaluable: el Informe Final de la Comisión de la Verdad[9] y sus ocho recomendaciones para la no repetición y perpetuación de este régimen electofáctico, que es la negación violenta de toda auténtica democracia.

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