VÍCTIMAS PROPICIATORIAS Y VICTIMARIOS INDOLENTES FRENTE AL “FALSO POSITIVO” DEL PROHIBICIONISMO
(Segunda parte)
Hernando Llano Ángel
Es sabido que el punto más difícil de concertar en el Acuerdo de Paz fue el
quinto, que trata sobre las víctimas en desarrollo del conflicto armado. Para ello, después de arduas disputas, se
estableció en dicho punto el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
no Repetición[1]
(SIVJRNR), cuyo fin primordial es honrar la memoria y dignidad de todas las
víctimas en este conflicto armado que, por su duración e intensidad, nos
degrada a todos por igual. Un conflicto que no cesa de mutar y producir
víctimas cada día en mayor número, como sucede ahora en Buenaventura, Tumaco,
Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo, para solo mencionar las regiones más
devastadas por grupos criminales en disputa de economías ilegales, como bien lo
explica Ariel Ávila[2]. En esos
lugares la verdad que se impone es la de la muerte y la desolación ante nuestra
indolencia nacional, como sucedió con los más de 6.420 “falsos positivos”
mientras viajábamos seguros por nuestras carreteras. Con razón el padre
Francisco de Roux, presidente de la Comisión para la búsqueda de la Verdad, la
no Repetición y la Convivencia[3],
en entrevista con la periodista María Jimena Duzán, exclamó: “lloré de tristeza
frente a Buenaventura, me avergüenzo de ser colombiano”, como puede verse en
este enlace[4]. Y ese
sentimiento de vergüenza debería interpelarnos a todos como personas y Nación,
para recobrar de nuevo el orgullo de ser humanos y colombianos. Sólo así
podremos convivir social y políticamente y llegar a ser, por fin, una comunidad
de ciudadanos que ha superado los lastres del racismo, el clasismo y la
indolencia personal que nos llevan a ignorar o negar realidades y verdades tan
lacerantes e indignantes como las de Buenaventura y muchas otras regiones del
país.
En busca de verdades
Y el padre De Roux, en cumplimiento de la Comisión que preside, nos está
mostrando la primera y más más dolorosa verdad. La verdad de las víctimas como
consecuencia de las ganancias siderales que obtienen grupos criminales en
virtud de la incapacidad del Estado colombiano y sus gobernantes de contener el
auge de las economías ilegales. Una contención que es presupuesto
imprescindible para el establecimiento institucional y social del Estado de
derecho en dichas regiones. No del Estado militar y de las garantías
transitorias de su presencia en ciudades como Buenaventura. Mucho menos de su
numerosa y permanente presencia militar, como en el Cauca, que la mayoría de
las veces profundiza la violencia, la corrupción y la desconfianza de la
población civil frente a la Fuerza Pública. Porque es de sentido común hacerse
este tipo de preguntas: ¿Cómo ingresan las toneladas de precursores químicos a
los cristalizadores de coca que abundan en el Pacífico, en el Cauca y Nariño?
¿Cómo llegan las monumentales retroexcavadoras a lo más profundo de la selva en
busca de oro? ¿Cómo pasan los retenes policiales y militares sin ser incautados?
Todavía estamos a la espera de que la genialidad investigadora del Fiscal
General, Francisco Barbosa, junto a la perspicaz inteligencia y locuacidad del
presidente Iván Duque y el grito de combate del comandante del ejército, general
Eduardo E. Zapateiro, nos respondan estas tres elementales preguntas. Pero lamentablemente
sus respuestas son cada vez más erráticas y confusas. Como la campaña de
publicidad televisiva que el gobierno nacional está ambientando para justificar
de nuevo la aspersión con glifosato de los cultivos de coca. Para ello, empieza
con un recuento minucioso de los precursores necesarios para producir cocaína:
éter etílico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, acetona y sus efectos
devastadores sobre nuestros bosques y concluye brillantemente: “esto es lo que
hace la mata de coca”. De nuevo, el
mentiroso estribillo de “la mata que mata”, que niega la inocuidad de esta
planta portentosa y maravillosa, según la universidad de Harvard[5].
Errática campaña publicitaria que oportunamente fue cuestionada y refutada en
2010 por la comunidad Nasa, productora de la bebida aromática de Coca[6].
Con razón, el inolvidable Alfredo Molano (Q.E.P.D) escribió en 2009 en una de
sus columnas en este diario: "No hay
ninguna mata a la que se le pueda echar la culpa de la guerra. Sólo en las
mentes del presidente y de algunos militares cabe la tesis de que hay 'matas de
cocaína', que es como decir que hay árboles de aspirina". En realidad,
lo que mata es la codicia y la ambición sin límites de los narcotraficantes y
toda la parafernalia del mercado y la banca que se beneficia de su lavado de
dólares, así como su influencia deletérea, corruptora y fantasmal que desde
siempre ha rodeado la política nacional y la Fuerza Pública, sumada a la
injerencia de Estados Unidos a través del Tratado de Extradición y de políticas
ecocidas y cuasi genocidas como el llamado “Plan Colombia”. Lo que mata es, en
realidad, el prohibicionismo, puesto que esa nefasta política eleva
constantemente el precio de la cocaína y el número de víctimas en medio de la
disputa de los narcotraficantes por los territorios y su población. Una vez más,
cito a Milton Friedman, premio nobel de economía en 1976: “Si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista
estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las
drogas. Esto es literalmente cierto”.
El prohibicionismo, una
política criminal
Y, en nuestro caso, se podría
agregar que desde el punto de vista estrictamente político la guerra contra las
drogas, además de ecocida, es criminal al catalizar y perpetuar la
victimización de la población campesina, indígena y negra, condenada a ser
carne de cañón en medio del fuego cruzado de las disputas entre organizaciones ilegales
y la Fuerza Pública, cuando no es sometida a la esclavitud de raspachines por
la falta de voluntad política de los gobiernos para promover el desarrollo
integral del campo. Desarrollo integral que figura en el primer punto del
Acuerdo de Paz, “Reforma Rural Integral” y en el cuarto, “Solución al Problema
de las Drogas ilícitas, mediante programas de sustitución de cultivos de uso
ilícitos, planes integrales de desarrollo con participación de las
comunidades—hombres y mujeres— en el diseño, ejecución y evaluación de los
programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos
cultivos”. Pero en lugar de avanzar en el cumplimiento de estos vitales puntos
del Acuerdo de Paz, este gobierno anuncia de nuevo el regreso del glifosato,
cuando ya las Naciones Unidas alertó sobre los peligrosos efectos de su uso
para la salud humana: “Es oportuno
recordar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales había
señalado previamente con preocupación las consecuencias negativas de las medidas antinarcóticas, como el efecto
de las fumigaciones aéreas en la seguridad alimentaria, los impactos adversos
en la salud y la privación de medios de subsistencia”[7]. Sin duda, de llevarse a cabo la fumigación
con glifosato no solo aumentará el número de víctimas, su desplazamiento
forzado y las áreas de deforestación, sino también el llamado efecto globo en
los cultivos de coca, pues estos aumentarán en otras regiones[8],
como ha venido sucediendo en los últimos años. De allí la urgencia y
pertinencia de una respuesta ciudadana y de la comunidad académica para
contener esa nueva ola de victimización de la población campesina y la
devastación creciente de nuestros bosques tropicales. De no hacerlo, ¿Cómo no
sentir vergüenza por nuestra indolencia e irresponsabilidad ante tanta
brutalidad e inhumanidad gubernamental? ¿Por qué no interpelar a quien se
proclama como el nuevo cruzado por la salvación del planeta, el presidente
Biden, para que abandone la fracasada “guerra contra las drogas” y la presión
para el uso ecocida del glifosato en nuestros campos? ¿Continuaremos siendo
victimarios indolentes frente a los millares de víctimas propiciatorias
causadas por el prohibicionismo? Entre otras cosas, porque Biden ya reconoció dicho
fracaso en su país y en una propuesta presentada en julio del año pasado ante
el Comité Nacional Demócrata, en un documento de 110 páginas, titulado "Recomendaciones del equipo
Biden-Sanders", sostiene:
"Ya es hora de poner fin a la fallida guerra contra las drogas que ha
encarcelado a millones de estadounidenses, desproporcionadamente personas de
color, y no ha sido eficaz para reducir el consumo de drogas. Los Demócratas
apoyan políticas que reorientarán nuestro enfoque de seguridad pública hacia la
prevención", según lo analiza la periodista mexicana Anabel Hernández
en su columna de la DW[9].
Ya va siendo hora de abandonar nuestra indolencia frente al “falso positivo”
del prohibicionismo, en cuyo nombre cada día aumentan las víctimas en nuestro
país y nos convierte, de alguna manera, en cómplices inconscientes de lo que
acontece. La “guerra contra las drogas” nunca se va a ganar devastando nuestros
campos, envenenando nuestros ríos y aumentado el número de víctimas, sean ellos
“héroes de la Fuerza Pública”, mutilados por minas antipersonal; pobres y
desarraigados campesinos huyendo del glifosato o dando de baja a temibles
narcotraficantes como Rodríguez Gacha, Pablo Escobar, Otoniel y mañana otro,
quizá más codicioso y brutal. Esa “guerra” se gana o se pierde en la mente de
los millones de consumidores de cocaína y en la nuestra, que cómodamente no
rechaza el prohibicionismo, el más mortal de los “falsos positivos”, pues nos
convierte en víctimas y victimarios simultáneamente.
