Petro, entre la
gobernabilidad democrática y la cacocrática.
Hernando Llano Ángel.
Sin duda, el presidente Gustavo
Petro se ha debatido durante su administración entre ambas gobernabilidades. El
escándalo de corrupción en la UNGRD[i]
y la presencia de Armando Benedetti en el reciente Consejo de Ministros
televisado[ii]
son las expresiones más graves de la tensión entre ambas gobernabilidades. La
gobernabilidad democrática, representada en dicha conflictiva sesión ministerial
por las exministras Susana Muhamad, de Medio Ambiente y Francia Márquez, del
ministerio de la Igualdad, colisionó con la gobernabilidad cacocrática en
cabeza de Armando Benedetti. Una gobernabilidad es democrática cuando sus
políticas públicas y decisiones son el resultado de la deliberación, la
legalidad, la búsqueda del interés público y el mayor bienestar de la población,
por lo cual nada tiene que ocultar. Por el contrario, es cacocrática cuando en
ella predominan las transacciones sin deliberación, pues no buscan el interés
público, sino privilegiar sectores económicos, partidistas, gremiales o hasta
criminales, circunstancia por la cual transcurre tras bastidores, en medio de
la penumbra y los conciliábulos, de allí su ilegalidad. No hay duda que esta
última “gobernabilidad” –que es la ingobernabilidad causada por la corrupción--
ha predominado en Colombia en las relaciones entre el Ejecutivo y el
Legislativo, siendo una constante y un desafío que deben enfrentar todos los
gobiernos. Por eso ninguno ha estado a salvo de los escándalos y la corrupción.
Justamente, la Constitución del 1991 pretendía erradicar esa ingobernabilidad
cacocrática, eliminando los corruptos auxilios parlamentarios, pero terminó,
paradójicamente, claudicando ante el más criminal de los cacos, Pablo Escobar,
al aprobar en el artículo 35 la prohibición la extradición de colombianos por
nacimiento. Artículo derogado posteriormente durante la administración de
Samper, mediante Acto Legislativo 1 de 1997[iii],
en respuesta a la presión de la diplomacia norteamericana y su descertificación
como sanción por el proceso 8.000.
La
reelección cacocrática de Uribe
Pero el mayor escándalo y que
reviste la demostración más nítida de una gobernabilidad cacocrática, fue la
reforma de la Constitución en el 2004[iv],
que cambió un “artículito” para la reelección presidencial de Álvaro Uribe
Vélez. Por dicha reforma la Corte Suprema de Justicia condenó a 6 años de
prisión a sus ministros Sabas Pretelt de la Vega, entonces del Interior y
Justicia; Diego Palacio Betancourt, de Salud, y 5 años a Alberto Velásquez
Echeverri, director del DAPRE: “La Sala
consideró que la declaración de Yidis
Medina y todos los hechos que sirvieron a manera de indicios, (...) Igualmente
señaló que los exfuncionarios tuvieron el dominio del hecho “en la medida
en que contaban con la capacidad de persuadir y disuadir respectivamente a
Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño para que a través del ofrecimiento de
prebendas burocráticas se lograra que, con su voto o abstenerse de emitirlo, el
proyecto de reelección siguiera su curso,
como en efecto sucedió”[v].
Una prueba irrefutable de corrupción constitucional, que no tuvo consecuencia
alguna en su reelección en el 2006, lo que vendría a corroborar que durante su
segundo mandato hasta el 2010 predominara la gobernabilidad cacocrática de su
llamado “Estado de opinión” contra y sobre el Estado de derecho
democrático. De allí, las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos
positivos”, derivados de la Directiva 29 de 2005[vi]
del entonces ministro de defensa, Camilo Ospina, aunque ahora la JEP desconozca
su conexidad con la política de “Seguridad democrática”. Algo tan contraevidente,
como afirmar que las Farc-Ep no tienen responsabilidad alguna en los más de 20 mil
secuestros, miles de reclutamientos de menores y numerosos actos terroristas,
porque en su Reglamento Guerrillero no aparezcan contempladas semejantes
delitos.
La
cacocracia electoral
La gobernabilidad cacocrática se
origina en las elecciones, desde el 8.000[vii]
hasta hoy: la Farcpolítica con Andrés Pastrana[viii],
quien intercambió votos por la zona de distensión del Caguán; la Parapolítica y
Narcopolítica de las AUC con más de 60 aspirantes al congreso[ix]
condenados y el grotesco llamado de Uribe a los congresistas entonces electos
para que votaran sus proyectos antes de ir a la cárcel[x].
Luego, la financiación de Odebrecht[xi]
a Santos y la Ñoñopolítica[xii];
más reciente con Duque la Ñeñepolítica[xiii]
y ahora la Benedetti-política y Pitufopolítica[xiv].
En fin, todos los presidentes cargan con ese pesado fardo de gobernabilidad
cacocrática, que lastra de muerte la gobernabilidad democrática y arruina la
credibilidad ciudadana en la política y la misma legitimidad del Estado. Por
eso, con cierto facilismo, muchos analistas internacionales hablan del
narcoestado colombiano y hasta de un Estado fallido, mientras otros nacionales,
más ingenuos o quizá cínicos, resaltan la fortaleza de nuestras instituciones
democráticas y su estabilidad inexpugnable porque llevamos realizando
elecciones ininterrumpidas desde 1957.
La
cleptocracia electoral
Pero olvidan que en 1970 el mismo presidente
Carlos Lleras Restrepo[xv]
reconoció que había escamoteado el triunfo electoral del general Rojas Pinilla,
candidato de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), para otorgarle la presidencia
al conservador Misael Pastrana Borrero: “Próspero, esto se ha perdido. No hay nada que
hacer, el general ha ganado. Si, de acuerdo con lo que me han informado,
Rojas decide salir uniformado para iniciar una marcha por las principales
avenidas con destino al palacio de San Carlos, temo que haya un levantamiento,
una sublevación, con todas las atrocidades y derramamiento de sangre que de
ella se pueda derivar. No puedo permitir
por ningún motivo la toma del poder por la fuerza”, según su comentario al entonces Jefe de Prensa, Próspero
Morales. Así, el expresidente Lleras Restrepo, respetó y cumplió lo acordado en
la espuria fórmula “democrática” del Frente Nacional, y cerraba 16 años al
frente del Estado de solo presidentes liberales y conservadores. Es decir: ¡el
negociado del miti-miti del poder público en nombre de la paz y la democracia!
La síntesis de la cleptocracia con la cacocracia.
De esos turbios polvos es que viene
el fango en que ahora nos debatimos, más sanguinolento por la acción criminal
de organizaciones que, bajo membretes supuestamente revolucionarios, se han
dedicado a la codicia y el negociado de las economías ilícitas, cuyos
tentáculos se extienden a través de la financiación de numerosas campañas
electorales y lavados de activos en el mercado financiero e inmobiliario.
Lavados que incluso han contribuido a la prosperidad del conglomerado AVAL, del
banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, como lo reveló la Operación POLAR CAP[xvi]: “Se
trataba de la vinculación a la lista de acusados por el gobierno
norteamericano, de las oficinas de
Panamá y Colombia del Banco de Occidente, entidad que aparecía como eslabón clave de un complejo montaje de
vasos comunicantes que habría permitido, según las autoridades de EE.UU., el lavado de más de 1.200 millones de
dólares entre 1987 y 1988”. Seguramente por esa compleja tramoya donde
se fusionan lo legal con lo ilegal y lo legítimo con lo ilegítimo, propio de un
régimen electofáctico[xvii],
es que el presidente Petro está empeñado en la extradición de Papá Pitufo desde
Portugal, cuyas revelaciones ante la Fiscalía comprometería a más de un
expresidente y congresista en ejercicio y develaría el entramado de corrupción
en la Policía Fiscal y Aduanera, la DIAN y otras instituciones estatales, metástasis
que viene desde hace más de una década. Pero también por ello, es que pone al
frente del ministerio de interior a Armando Benedetti, quien por su pasado de
trásfuga partidista conoce entuertos de miembros de organizaciones como Cambio
Radical y el Centro Democrático, además de liberales, conservadores y de la U,
que hoy desde su oposición cerril a las reformas del Pacto Histórico, impiden
el avance de la gobernabilidad democrática.
¿Último Gabinete y
última Oportunidad?
El
presidente Petro sabe bien que solo dispone de año y medio para cumplir con sus
consignas centrales: Colombia, Potencia
Mundial de la Vida y la Paz Total,
ambas opacadas por todas las sombras que proyectan los escándalos de
corrupción. A ello se suma el no contar con un eficaz equipo de gobierno,
desgarrado en medio de conflictos y disputas públicas, que afectan gravemente
su capacidad de gestión y transformación de la realidad. Les reclama a sus
colaboradores en el Consejo de Ministros televisado que no han cumplido el 75%
de los compromisos asumidos con el pueblo en los consejos regionales de
gobierno. Por eso, en el acto de posesión de los nuevos ministros recalcó que:
“la labor de este gabinete es penetrar las ollas de la corrupción, no dejarles tomar decisiones y cumplir con el programa de gobierno”.
De allí, que el nuevo gabinete tenga una composición hibrida entre coequiperos
fiables del Pacto Histórico: como Carlos Rosero, en el ministerio de la
Igualdad; Edwin Palma, en Minas y Energía; Lena Estrada, primera mujer indígena
al frente del Medio Ambiente y Angie Lizeth Rodríguez, de las bases del Pacto
Histórico, al frente del DAPRE, entre los más representativos. Pero también
cuente con figuras tan controversiales como Armando Benedetti, cuya destreza de
trásfuga le facilita el trato con las fuerzas opositoras más diversas y
distantes en el Congreso, además de contar con ministros y ministras
procedentes de sectores conservadores, como Patricia Duque en el ministerio del
Deporte y Julián Molina del partido de la U en el ministerio de las TIC. De
esta forma, probablemente, espera que a través de mutuas transacciones logré el
trámite de reformas sustanciales como la de salud y laboral, sin claudicar en
los objetivos progresistas del Pacto Histórico y garantizar así la continuidad
de las mismas con el Frente Amplio en el 2026. Pero, más allá de ese esfuerzo
de funámbulo presidencial, inclinando el balancín burocrático a la derecha y la
izquierda, para no perder el equilibrio de la gobernabilidad, valdría la pena
que el presidente Petro escuchara y atendiera el siguiente consejo de la
politóloga Terry Lynn Karl: “Los democratizadores deben aprender a dividir tanto como unificar, y no
solo a dar esperanzas sino a desalentar expectativas”. Especialmente
expectativas desmesuradas, como la de “creer que podía hacer la revolución
gobernando”[xviii],
como lo expresó en entrevista a “El País” de España. Quizá no sea demasiado
tarde para rectificar y avanzar hacia una transición democrática, evitando así
una pesadilla autocrática en el 2026 y otros cien años más de soledad.
[i] https://www.eluniversal.com.co/colombia/2025/02/28/exasesor-de-la-ungrd-acepta-corrupcion-y-sera-condenado-a-prision/
[ii] https://elpais.com/america-colombia/2025-02-05/petro-preside-un-consejo-de-ministros-transmitido-en-vivo-lleno-de-reproches-y-acusaciones-laura-miente-presidente.html
[v] https://www.infobae.com/colombia/2024/09/27/la-corte-suprema-ratifica-condena-de-seis-anos-para-exministros-sabas-pretelt-de-la-vega-y-diego-palacio-betancourt-por-escandalo-yidispolitica/
[x] https://www.semana.com/enfoque/frase-de-la-semana/articulo/les-voy-pedir-todos-congresistas-mientras-no-esten-carcel-voten/82445-3/
[xi] https://www.infobae.com/colombia/2023/08/17/caso-odebrecht-fiscalia-confirmo-el-ingreso-de-3540-millones-de-pesos-a-la-campana-de-juan-manuel-santos/
l
[xii] https://www.elespectador.com/judicial/caso-odebrecht-condenado-exsenador-nono-elias-quedo-en-libertad/
[xv] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/
