Colombia: entre la libertad y la muerte.
Hernando Llano Ángel.
Es verdad que fueron multitudinarias las manifestaciones de repudio contra el secuestro y el escabroso asesinato de los once diputados, sacrificados por las FARC en circunstancias aún por esclarecer, pero que en ningún caso la eximen de su mayor responsabilidad: convertir a la población civil en carne de cañón y masa de maniobra militar de un conflicto armado que presagia abismos todavía más insondables de degradación. Aunque se haya avanzado en el repudio unánime del secuestro, ahora la polarización se da entre los partidarios del acuerdo humanitario, que privilegia la vida, y los abanderados del rescate militar, con su inminente riesgo de muerte. Así las cosas, el epicentro del conflicto ha tenido un desplazamiento fatal: ya no exigimos la libertad de los diputados, sino la pronta entrega de sus cuerpos sin vida.
Pero esta malsana polarización no debe hacernos olvidar lo más grave: todos somos rehenes de traficantes y mercaderes de la muerte, que esgrimen cínicamente valores e intereses para mantenernos cautivos y, llegado el caso, “cortarnos el cuello para salvarnos la vida”.[1] Así, desde la perspectiva gubernamental, todo debe estar subordinado al éxito de la política de seguridad democrática, incluso la vida misma de los secuestrados. Por eso es más importante derrotar a los secuestradores en el campo de batalla que liberar a los secuestrados mediante un acuerdo humanitario.
Las FARC, por otra parte, buscan su reconocimiento como fuerza beligerante, presionando al presidente Uribe a un pacto público, como condición previa para que las autoridades garanticen la gobernabilidad en todo el territorio nacional, la libertad y seguridad de sus habitantes. De allí la obcecación criminal de las FARC en realizar el acuerdo humanitario, como una exigencia para la liberación de los secuestrados, so pena de proceder a su asesinato en el evento de un rescate. Ya todos conocemos el lugar hacia donde nos conduce el choque fatal de estas dos fuerzas antagónicas: la paz de los cementerios y las fosas comunes.
Lo más absurdo es que los civiles, siendo la mayoría, no seamos capaces de reconocer esta terrible realidad y nos dejemos manipular tan fácilmente por el miedo y el horror, en lugar de exigir a ambas partes que paren ya esta ignominiosa guerra. Que se reconozcan como los protagonistas de una guerra putrefacta y mortecina que nos degrada a todos. Que en esta guerra no hay heroísmo ni grandeza alguna, sino mezquindad y vergüenza para todos. En fin, que esta guerra ninguna de las dos partes podrá ganarla, porque simplemente los civiles, que somos la mayoría y colocamos el mayor número de víctimas, no creemos en la supuesta grandeza de sus fines y ya conocemos de sobra la vileza de sus medios: las mentiras, el odio, la venganza y la violencia. Deberíamos ser capaces de mirarlos a los ojos y exigirles que no sigan mintiendo y matando en nuestro nombre. Por ejemplo, es inaudito que el mismo Comandante General de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla, en entrevista concedida en el mes de Junio pasado a la revista Credencial, bajo el apocalíptico titulo de “Estamos en el fin del fin”, haya declarado: “Tenemos una capacidad de combate formidable y no hay ningún lugar de la selva colombiana, óigase bien, ninguno, donde nosotros no seamos capaces de llegar en forma rápida, sin ser detectados, para dar el golpe que se necesita”. Es una lastima que el Ejército no haya llegado antes de que ese golpe mortal lo asestará las FARC y que todavía hoy, esa “formidable capacidad de combate”, no sea capaz de ubicar ni rescatar los cuerpos de los diputados sacrificados.
Pero también deberíamos tener el valor de mirarnos, en tanto civiles y ciudadanos, en el espejo de nuestras propias acciones y reconocer nuestras responsabilidades en la degradación de este conflicto. Por ejemplo, que las multitudinarias manifestaciones del pasado jueves 5 de Julio son la mejor escenificación de la esquizofrenia política y ética que nos afecta como sociedad. Una sociedad conformada por una indolente “ciudadanía citadina” que consintió pasivamente las atrocidades cometidas por los paramilitares y sus correligionarios políticos y económicos del establecimiento (terror blanco) contra millares de campesinos y campesinas, indígenas y líderes populares desaparecidos, asesinados y descuartizados durante la última década, para quienes jamás tuvimos siquiera una manifestación de protesta y solidaridad, lo cual contrasta con la indignación y la solidaridad multitudinaria que hoy despierta la violencia del terror “rojo” ensañada en los diputados. Esta coyuntura está poniendo de presente, como ninguna otra, la enorme herida que desangra secularmente nuestra nación y profundiza el abismo de ignominia entre la vida de los campesinos, que parece sin valor alguno, frente a la de los citadinos, considerada sagrada e intocable. Desde la época de la Violencia arrastramos semejante estigma. Y hoy, una vez más, se constata multitudinariamente que los campesinos no son ciudadanos, si acaso peones y siervos, a quienes ni siquiera les reconocemos su condición de víctimas, pues siempre serán sospechosos de auxiliar el terror rojo de la guerrilla, de ser raspachines o indeseables desplazados que invaden y arruinan la belleza y seguridad de nuestras ciudades. Por eso el presidente Uribe ordena que los bombardeos no se detengan, que los aviones sean “tanqueados” en pleno vuelo, porque hay que despejar de terroristas el campo. Y miles de ciudadanos, seguros en los cascos urbanos, vitorean semejante orden, identificados con un líder de mando y determinación. A tal punto se expresa esta fragmentación de la nación, que es imposible pensar una zona de encuentro en el campo entre las autoridades de los citadinos secuestrados y los terroristas que los tienen cautivos. Sólo cabe la confrontación y el exterminio, al igual que el bombardeo con glifosato o la depredación de los bosques tropicales para sembrarlos con palma africana, planta emblemática del terror “Blanco”, como bien lo saben las comunidades negras del Chocó y tantas otras poblaciones en los Llanos.
Este escenario de fragmentación espacial y de esquizofrenia política y ética, inadvertido por millones de “ciudadanos de bien”, civilizados y globalizados, cada día tenderá a polarizarse más –como lo vivimos en las manifestaciones del pasado Jueves 5 de Julio— entre quienes son partidarios de la tierra arrasada para rescatar a los secuestrados y quienes promueven el acuerdo humanitario, inmediatamente convertidos por ello en sospechosos de ser cómplices de la guerrilla. Quienes niegan radicalmente el acuerdo humanitario, no caen en la cuenta de que están muy cerca de propiciar más rescates funerarios. E inevitablemente esta polarización tendrá su expresión en las campañas electorales y en la configuración de los poderes locales y regionales. Ya las encuestas y sondeos de opinión contratados por RCN y realizados por Yanhaas, señalan que “el 57,87 por ciento de las personas consultadas en las cinco principales ciudades del país se opone a otorgar una zona desmilitarizada a la guerrilla de las Farc como sede para la búsqueda de un acuerdo humanitario.” Y Cali es la ciudad que cuenta con el mayor número de opositores al despeje con 61.10 por ciento de entrevistados frente al 33.96 por ciento a favor del acuerdo y 4.94 por ciento que no sabe o no responde. Sin duda, tenemos una ciudadanía secuestrada por el falso dilema de libertad o muerte, que es incapaz de expresarse y actuar en forma autónoma, como un poder civil valiente y pacífico que no se deja intimidar o manipular por los partidarios de la guerra. Y curiosamente ha sido en el campo donde ha fructificado este tipo de poder civil autónomo, en comunidades que han sembrado y consolidado la paz, como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare; el Concejo Constituyente de Mogotes; el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Proyecto indígena Nasa, para citar los más reconocidos, que nos dan ejemplos de valor civil a los millones de ciudadanos que esporádicamente nos movilizamos contra el secuestro y ya nos creemos héroes.
[1] - “Buenos Tiempos”, canción de Joan Manuel Serrat.
Pero esta malsana polarización no debe hacernos olvidar lo más grave: todos somos rehenes de traficantes y mercaderes de la muerte, que esgrimen cínicamente valores e intereses para mantenernos cautivos y, llegado el caso, “cortarnos el cuello para salvarnos la vida”.[1] Así, desde la perspectiva gubernamental, todo debe estar subordinado al éxito de la política de seguridad democrática, incluso la vida misma de los secuestrados. Por eso es más importante derrotar a los secuestradores en el campo de batalla que liberar a los secuestrados mediante un acuerdo humanitario.
Las FARC, por otra parte, buscan su reconocimiento como fuerza beligerante, presionando al presidente Uribe a un pacto público, como condición previa para que las autoridades garanticen la gobernabilidad en todo el territorio nacional, la libertad y seguridad de sus habitantes. De allí la obcecación criminal de las FARC en realizar el acuerdo humanitario, como una exigencia para la liberación de los secuestrados, so pena de proceder a su asesinato en el evento de un rescate. Ya todos conocemos el lugar hacia donde nos conduce el choque fatal de estas dos fuerzas antagónicas: la paz de los cementerios y las fosas comunes.
Lo más absurdo es que los civiles, siendo la mayoría, no seamos capaces de reconocer esta terrible realidad y nos dejemos manipular tan fácilmente por el miedo y el horror, en lugar de exigir a ambas partes que paren ya esta ignominiosa guerra. Que se reconozcan como los protagonistas de una guerra putrefacta y mortecina que nos degrada a todos. Que en esta guerra no hay heroísmo ni grandeza alguna, sino mezquindad y vergüenza para todos. En fin, que esta guerra ninguna de las dos partes podrá ganarla, porque simplemente los civiles, que somos la mayoría y colocamos el mayor número de víctimas, no creemos en la supuesta grandeza de sus fines y ya conocemos de sobra la vileza de sus medios: las mentiras, el odio, la venganza y la violencia. Deberíamos ser capaces de mirarlos a los ojos y exigirles que no sigan mintiendo y matando en nuestro nombre. Por ejemplo, es inaudito que el mismo Comandante General de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla, en entrevista concedida en el mes de Junio pasado a la revista Credencial, bajo el apocalíptico titulo de “Estamos en el fin del fin”, haya declarado: “Tenemos una capacidad de combate formidable y no hay ningún lugar de la selva colombiana, óigase bien, ninguno, donde nosotros no seamos capaces de llegar en forma rápida, sin ser detectados, para dar el golpe que se necesita”. Es una lastima que el Ejército no haya llegado antes de que ese golpe mortal lo asestará las FARC y que todavía hoy, esa “formidable capacidad de combate”, no sea capaz de ubicar ni rescatar los cuerpos de los diputados sacrificados.
Pero también deberíamos tener el valor de mirarnos, en tanto civiles y ciudadanos, en el espejo de nuestras propias acciones y reconocer nuestras responsabilidades en la degradación de este conflicto. Por ejemplo, que las multitudinarias manifestaciones del pasado jueves 5 de Julio son la mejor escenificación de la esquizofrenia política y ética que nos afecta como sociedad. Una sociedad conformada por una indolente “ciudadanía citadina” que consintió pasivamente las atrocidades cometidas por los paramilitares y sus correligionarios políticos y económicos del establecimiento (terror blanco) contra millares de campesinos y campesinas, indígenas y líderes populares desaparecidos, asesinados y descuartizados durante la última década, para quienes jamás tuvimos siquiera una manifestación de protesta y solidaridad, lo cual contrasta con la indignación y la solidaridad multitudinaria que hoy despierta la violencia del terror “rojo” ensañada en los diputados. Esta coyuntura está poniendo de presente, como ninguna otra, la enorme herida que desangra secularmente nuestra nación y profundiza el abismo de ignominia entre la vida de los campesinos, que parece sin valor alguno, frente a la de los citadinos, considerada sagrada e intocable. Desde la época de la Violencia arrastramos semejante estigma. Y hoy, una vez más, se constata multitudinariamente que los campesinos no son ciudadanos, si acaso peones y siervos, a quienes ni siquiera les reconocemos su condición de víctimas, pues siempre serán sospechosos de auxiliar el terror rojo de la guerrilla, de ser raspachines o indeseables desplazados que invaden y arruinan la belleza y seguridad de nuestras ciudades. Por eso el presidente Uribe ordena que los bombardeos no se detengan, que los aviones sean “tanqueados” en pleno vuelo, porque hay que despejar de terroristas el campo. Y miles de ciudadanos, seguros en los cascos urbanos, vitorean semejante orden, identificados con un líder de mando y determinación. A tal punto se expresa esta fragmentación de la nación, que es imposible pensar una zona de encuentro en el campo entre las autoridades de los citadinos secuestrados y los terroristas que los tienen cautivos. Sólo cabe la confrontación y el exterminio, al igual que el bombardeo con glifosato o la depredación de los bosques tropicales para sembrarlos con palma africana, planta emblemática del terror “Blanco”, como bien lo saben las comunidades negras del Chocó y tantas otras poblaciones en los Llanos.
Este escenario de fragmentación espacial y de esquizofrenia política y ética, inadvertido por millones de “ciudadanos de bien”, civilizados y globalizados, cada día tenderá a polarizarse más –como lo vivimos en las manifestaciones del pasado Jueves 5 de Julio— entre quienes son partidarios de la tierra arrasada para rescatar a los secuestrados y quienes promueven el acuerdo humanitario, inmediatamente convertidos por ello en sospechosos de ser cómplices de la guerrilla. Quienes niegan radicalmente el acuerdo humanitario, no caen en la cuenta de que están muy cerca de propiciar más rescates funerarios. E inevitablemente esta polarización tendrá su expresión en las campañas electorales y en la configuración de los poderes locales y regionales. Ya las encuestas y sondeos de opinión contratados por RCN y realizados por Yanhaas, señalan que “el 57,87 por ciento de las personas consultadas en las cinco principales ciudades del país se opone a otorgar una zona desmilitarizada a la guerrilla de las Farc como sede para la búsqueda de un acuerdo humanitario.” Y Cali es la ciudad que cuenta con el mayor número de opositores al despeje con 61.10 por ciento de entrevistados frente al 33.96 por ciento a favor del acuerdo y 4.94 por ciento que no sabe o no responde. Sin duda, tenemos una ciudadanía secuestrada por el falso dilema de libertad o muerte, que es incapaz de expresarse y actuar en forma autónoma, como un poder civil valiente y pacífico que no se deja intimidar o manipular por los partidarios de la guerra. Y curiosamente ha sido en el campo donde ha fructificado este tipo de poder civil autónomo, en comunidades que han sembrado y consolidado la paz, como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare; el Concejo Constituyente de Mogotes; el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Proyecto indígena Nasa, para citar los más reconocidos, que nos dan ejemplos de valor civil a los millones de ciudadanos que esporádicamente nos movilizamos contra el secuestro y ya nos creemos héroes.
[1] - “Buenos Tiempos”, canción de Joan Manuel Serrat.
1 comentario:
Estimado profesor, estoy de acuerdo. Estamos entrando en una polarizacion. Yo estoy con la Mayoria, apoyo al presidente. En una guerra como esta, ya se expuso la yugular y fue peor, no queda otra alternativa que apoyar al presidente, hay que luchar contra las FARC, 1) Con las armas legitimas del Ejercito Colombiano y 2) Con el Repudio a las FARC y apoyo al Presidente de la mayoria de los colombianos que queremos que realmente haya un cambio. Lastimosamente la segunda guerra termino con una barbarie, esperemos que termine la guerra en colombia.
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