RODRIGO LONDOÑO Y SALVATORE MANCUSO ANTE LA VERDAD
Hernando Llano
Ángel.
Este jueves 18 de marzo a las
tres de la tarde estarán frente a frente Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso
ante la Comisión de la Verdad. Lo harán en el marco de la presentación pública de
la “Ruta
de Contribución de la verdad y reconocimiento de responsabilidades” y
será posible verlos y escucharlos, conectándose a través del canal de YouTube
de la Comisión de la Verdad: Facebook.com/comisionverdad o
simplemente comisiondelaverdad.co. Sin duda, será una comparecencia
histórica cuyo alcance el padre Francisco De Roux S,J, como presidente de la
Comisión, en entrevista con la edición de “2020 Colombia en Transición”[1], precisó:
“No será un espacio de glorificación de
los victimarios”, pues su propósito central es “contribuir a la verdad y reconocer responsabilidad para comprender el conflicto armado interno,
primero en la afectación a las víctimas y luego en las afectaciones a la
sociedad, a las instituciones y a la democracia; y va a contribuir a que otros
responsables vengan a la Comisión a participar en la búsqueda de la verdad y a
dignificar a las víctimas, así como a la formulación de propuestas para detener
una tragedia que ha afectado directamente a más de 9 millones de personas”.
Hay que decir que esta comparecencia se debe a la alquimia del Acuerdo de Paz
que hoy les posibilita, a quienes ayer eran enemigos mortales, reconocerse como
civiles, hablar entre sí y no disparar contra el otro, para responder ante
millones de víctimas frente al país y el mundo por el sentido, el alcance y los
intereses detrás de sus atroces crímenes.
Puesta en escena de verdades y responsabilidades
Porque la primera verdad ante la
que se enfrentan y deben tratar de explicarnos, cada uno desde el bando y
trinchera que ocuparon, es cómo pudieron ordenar, estimular y ejecutar tanta
degradación y sufrimiento contra civiles inermes durante décadas. Así como
también muchos colombianos deberían preguntarse por qué todavía padecen una
especie de amnesia colectiva y les cuesta tanto reconocer las víctimas mortales
de las Autodefensas y, en cambio, tienen una memoria rigurosa y selectiva de
las víctimas de secuestro y de otros crímenes ejecutados por las Farc-Ep. En
efecto, el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe: “¡Basta
ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, presenta las siguiente
estadísticas del horror y la ignominia del conflicto armado interno: los grupos
paramilitares fueron responsables del 38% de los asesinatos selectivos y del
58.6% de las masacres cometidas[2],
ver página 31 del Informe Ejecutivo. El total de masacres cometidas por todos
los actores armados, incluyendo a miembros de la Fuerza Pública implicados en
ellas, fue de 1.982 con 11.751 víctimas[3].
De estas, los Grupos Paramilitares asesinaron 1.166, que corresponde al 58.6%;
las Guerrillas 343, el 17.6%; la Fuerza Pública 158, el 8%; Grupos armados no
identificados, 295, el 14.9% y Grupos Paramilitares con miembros de la Fuerza
Pública, 20 asesinatos, para el 1% restante. En cuanto a los presuntos responsables
de asesinatos
selectivos, los grupos paramilitares cometieron el 35.4%, dejando 8.903
víctimas; las guerrillas asesinaron 3.899, el 16%; la Fuerza Pública 2.399, el
10.1% y Otros, sin identificar, 6.406, el 27.7%[4].
Pero quizá en la memoria de la mayoría de los colombianos solo figuran las
Farc-Ep como las principales responsables de tanta barbarie, pues estas
cometieron 24.482 secuestros, el 90.6% del total, mientras que los Grupos
Paramilitares realizaron 2.541 secuestros, el 9.4% del total. Pero no hay que
olvidar esta respuesta de Salvatore Mancuso en una entrevista concedida a la
investigadora Natalia Springer: “No teníamos secuestrados; los retenidos
fueron dados de baja en su mayoría”[5], después
de señalar que no se verificó la situación de más de 550 individuos registrados
como secuestrados por las AUC, pues: “nunca acudimos al secuestro”. Sin
embargo, en 10 años “las AUC se llevaron más de 1000 personas y varias están
desaparecidas”, como se puede leer en la siguiente investigación de EL TIEMPO,
publicada el 27 de febrero de 2008[6].
Una inadmisible moral victoriosa y victimaria
Quizá la explicación más
plausible sea también la moralmente más inadmisible. Y es que clasificamos y
medimos a las víctimas en múltiples grados, según sean rurales o citadinas, su
clase y posición social, su liderazgo político, su cargo público, su fe
religiosa y hasta su orientación sexual. De esta forma, casi inconscientemente,
llegamos a “de-gradarlas” y negarlas en un ejercicio moralmente inadmisible, escandaloso
y vergonzoso, pues somos incapaces de reconocer la igual dignidad y derechos
que nos asiste a todos y todas en tanto seres humanos. Pero todavía más grave
es que tengamos una especie de baremo ético y político para clasificar, medir y
exculpar a los victimarios, según sea nuestras simpatías personales, afinidades
ideológicas o partidistas, posición social e intereses económicos. Según “La gran encuesta de la Parapolítica”[7],
realizada por la revista SEMANA en mayo de 2007, “el 25% es tolerante con los
paramilitares, pero la mayoría es implacable con los parapolíticos”. Quizá por
ello los “falsos positivos” de jóvenes pobres y anónimos son subestimados y
hasta ignorados, mientras que el secuestro de nuestros amigos y allegados son
crímenes de lesa humanidad inolvidables e imperdonables. Poco importa que los
primeros estén muertos, incluso sepultados e ignorados en fosas comunes,
mientras los segundos estén vivos y en libertad, aunque arrastren un fardo
insoportable de traumas y pesadillas como consecuencia de la crueldad de sus
secuestradores. Y esta discriminación ética sobre la gravedad de los crímenes
de ciertos victimarios quedó plenamente reflejada en la eufemística ley 975 de
2005 llamada de “Justicia y Paz”, que el entonces presidente Álvaro Uribe
promovió y defendió con argumentos como los siguientes, en un discurso
pronunciado en Caucasia: “Hay que decir
la verdad, es lo que manda la ley, serena, tranquilamente, y predisponer la mente de todos los
colombianos a la reconciliación.” Y a las preguntas de cuál verdad y
para qué, respondió: “La verdad, pero la
verdad con objetividad, ayuda a lo siguiente: a producir un efecto jurídico y a
producir un efecto sociológico. La verdad ayuda a producir el efecto jurídico
de que la persona que dice la verdad, tenga
una sentencia reducida. Y ayuda a producir el efecto sociológico de que los colombianos avancemos mental y
espiritualmente en el camino de la reconciliación”, para concluir: “Estamos
en un momento muy importante de la Ley de Justicia y Paz. Esa ley, a diferencia
de procesos anteriores, esa ley es una
ley de paz, pero sin impunidad. A los responsables de delitos atroces no
les da amnistía ni les da indulto, bajo
ciertas condiciones les ofrece una sentencia reducida”[8].
Curioso, por decir lo menos, que el expresidente Uribe haya olvidado
hoy la importancia de la verdad, de la paz y la reconciliación y considere que
la JEP es una jurisdicción de impunidad. Valdría la pena que el expresidente
Uribe también fuera a la Comisión de la Verdad y allí nos explicara a todos los
colombianos porqué unos crímenes atroces son menos graves que otros, pues hoy
sabemos que su ley de “Justicia y Paz” no fue ni de justicia y mucho menos de
paz. También que nos cuente por qué se apresuró a extraditar a Mancuso[9] y
demás comandantes paramilitares cuando estos empezaron a contar las verdades
sobre la parapolítica.
De victimarios “buenos” y “malos”
Y, en cuanto a los victimarios paramilitares,
para numerosos colombianos ellos son héroes y salvadores de la patria, cuyo
patriotismo es intachable, pues se consagraron a salvaguardar nuestras vidas,
bienes y libertad, contra la amenaza de una narcoguerrilla apátrida. Mientras
para otros, los guerrilleros son revolucionarios ejemplares, dignos de imitar,
pues sacrificaron sus vidas en la lucha por la justicia social, sin claudicar
en sus ideales, siempre leales a los valores superiores de ese “hombre nuevo”
por forjar y esa patria “libre y justa” por conquistar. Pero a todos los
victimarios, tanto los ilegales como los institucionales, les está llegando la
hora de empezar a recorrer “la ruta de contribución a la verdad y
reconocimiento de responsabilidad” y debemos escucharlos con atención.
No para creerles totalmente sus versiones, pues habrá que confrontarlas con las
verdades y sufrimientos de sus víctimas que, en tanto hechos irrefutables y
dolorosos, nunca podrán ser negados y olvidados, aunque quizá sí perdonados por
ellas como como una prerrogativa que les pertenece en forma exclusiva. Pues,
como bien lo expresa Javier Sádaba, el perdón es “la soberanía del yo”[10],
mientras que la reconciliación política es la soberanía del nosotros. Por eso
nos corresponde a todos forjar esa soberanía que se expresa en la convivencia
social de la paz política y en la negativa radical a justificar o legitimar más
victimarios. Así estos invoquen incluso el derecho y la justicia para continuar
ejerciendo la violencia con la mejor buena conciencia, que es lo propio de los “justos”
y los autodenominados “ciudadanos de bien”, contra aquellos que consideran son
la encarnación del mal y como tal deben ser eliminados de la faz de la tierra.
Con mayor razón si son menores de edad y peligrosas “máquinas de guerra”, según
el ministro de defensa, Diego Molano[11].
Vivimos un momento histórico, el de la refrendación, una vez más, del aforismo
conservador de Hobbes sobre el fundamento del poder: “Auctoritas facit legem
non veritas” (La autoridad hace la ley, no la verdad), o la instauración del
aforismo ciudadano y democrático: “Veritas facit legem non Auctoritas” (La
verdad hace la ley, no la autoridad). Una verdad que le debemos a todas las
víctimas, reconociéndoles su igual dignidad, y repudiando los subterfugios de
todos los victimarios, especialmente de aquellos que ni siquiera tienen el valor
moral y la humanidad de ser responsables por sus actos criminales y los
revisten de “patriotismo y honorabilidad” o, peor aún, de “justicia y lucha
contra la impunidad” y ahora de “paz con legalidad”.
