Pobre Iván
(Junio 19 de 2018)
Hernando Llano Ángel.
A Iván Duque no hay que
felicitarlo, sino compadecerlo. Su consigna central de campaña y de gobierno: “Un futuro de todos y para todos”,
difícilmente podrá ser realidad si gobierna con quienes han expropiado a la
mayoría de colombianos el presente en que vivimos. Expropiado en beneficio de
sus intereses personales, los de sus familiares, sus socios, los de su entorno
partidista, empresarial, de clase social y hasta criminal. El mejor ejemplo de
ello, es Álvaro Uribe Vélez que, como presidente, confundió la patria con la
fratría, es decir, con la prosperidad de sus emprendedores hijos, favorecidos
con la famosa Zona Franca de Mosquera[1].
Continuando con esa difusa y vasta red de empresarios agrícolas, beneficiados
por “Agro Ingreso Seguro”, sin dejar de mencionar la red más tenebrosa, tejida
por las antiguas Convivir, cuando era gobernador en Antioquia, y su posterior
metamorfosis en Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tanto las legales Convivir como las ilegales AUC, anegaron
en sangre la tierra despojada a campesinos, comunidades negras y pueblos
indígenas. Según las investigaciones realizadas sobre el despojo y el
desplazamiento forzado, se calcula que el número de hectáreas arrebatas por
grupos paramilitares y guerrilla, oscila entre 6.5 y 10 millones, justamente
durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe[2].
Un futuro incierto
Si en verdad Duque va ofrecer un
futuro a los despojados, tiene que empezar por restituirles las hectáreas que
les fueron arrebatas a sangre y fuego, afectando así a gran parte del entorno
social y económico que respalda furibundamente a Uribe y votó masivamente por
el “duquismo”. Su visión de la justicia, entonces, se debatirá dramáticamente
entre brindar seguridad jurídica a los despojadores y compradores oportunistas
–que presentarán títulos de propiedad y alegarán su buena fe-- y los
reclamos angustiosos de los campesinos y comunidades despojadas, sin más
títulos que los de su sudor, trabajo y sufrimiento familiar. Por las reservas y
críticas que el Centro Democrático ha formulado contra el primer punto del
Acuerdo de Paz: Reforma Rural Integral y el avalúo catastral multipropósito, es
muy probable que la visión “duquista” de la justicia sea la de la iniquidad,
muy próxima a la seguridad jurídica, y no la de la equidad, consubstancial a la
verdad. Entonces el futuro para las
víctimas será demasiado incierto y el de los victimarios muy promisorio. Pronto
lo sabremos, con sus nombramientos en el Ministerio de Agricultura y la suerte
de las Agencias estatales encargadas de la restitución de tierras, así como con
su impulso en el Congreso de las normas, aún no expedidas, para hacer realidad
la Reforma Rural Integral. Por lo pronto, en el proceso de empalme
presidencial, convendría conocer el estado actual de la implementación de la
RRI, para saber exactamente cuánto de lo pactado se ha cumplido y qué tipo de
futuro pueden esperar las víctimas del despojo.
¿De la justicia transicional a la proporcional?
En el campo en donde sí se
empieza a vislumbrar algo de futuro es en el de la justicia transicional. Pero
todo parece indicar que es el de la procrastinación penumbrosa, para que su
reglamentación la definan las nuevas mayorías gobiernistas en el Congreso,
atendiendo la petición del presidente electo. Mayorías que promoverán ajustes
al Acuerdo de Paz en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición (SIVJRNR)[3],
para intentar a toda costa que haya menos verdad, afectando con ello la
justicia, la reparación de las víctimas e incluso poniendo en riesgo la repetición
de nuevos ciclos de victimización. Ello se deduce del sabotaje del Centro
Democrático y las nuevas mayorías en el Senado a los mensajes de urgencia e
insistencia del presidente Santos para que en esta legislatura se apruebe la
ley procedimental de la JEP. Y el adjetivo proporcional es el que califica las
reformas que el presidente electo, Iván Duque, y su bancada mayoritaria en el
Congreso harán al SIVJRNR.
Proporcionalidad de la justicia según las violencias
No se precisa demasiada suspicacia para
comprender que el alcance de la justicia
proporcional estará determinada por la identidad
de los presuntos responsables de los crímenes internacionales,[4]
que son competencia de la JEP. El
presupuesto ideológico y valorativo del Centro Democrático y del programa de
Duque descansa sobre el principio inamovible de que tales crímenes no revisten
la misma gravedad si fueron cometidos por miembros de la Fuerza Pública u otros
agentes estatales, quienes jamás podrán ser igualados con los
“narcoterroristas” de las FARC. De allí, la necesidad de una justicia
proporcional, para tales agentes estatales. El trasfondo de esta
proporcionalidad no es otro que la aceptación explícita o tácita de la incuestionable
legitimidad de la violencia estatal y su presunta superioridad moral, que sería
en este caso la buena y justa, para combatir sin límite alguno a la violencia
mala e ilegítima de los “narcoterroristas”. De esta forma se estarían
justificando crímenes de Estado como los ilegítimos e ilegales “falsos
positivos”, las desapariciones forzadas y operaciones militares, como la de
“Orión”, en la comuna 13 de Medellín, donde se cometieron graves violaciones a
los derechos humanos y el derecho internacional humanitario[5].
Operación Orión realizada por orden del presidente Álvaro Uribe Vélez y su
entonces ministra de defensa, Martha Lucia Ramírez, quienes más temprano que
tarde tendrán que comparecer ante el SIVJRNR, para presentar sus versiones
sobre lo acontecido. En el caso del “presidente eterno”, especialmente por lo
sucedido durante sus años al frente de la gobernación de Antioquia (1995-1997).
Con mayor razón, cuando nuestra Constitución en su artículo 6 señala: “Los
particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. Y, como si
lo anterior fuera poco, en el Manifiesto Democrático, en el punto 33 del programa
de gobierno del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe, se afirma: “A
diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son
idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo.
También
es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Así las cosas, Iván Duque se encuentra frente
algo más que una “encrucijada en el alma”, junto a su vicepresidenta, Martha
Lucía Ramírez y el “presidente eterno”, Álvaro Uribe Vélez. Sin duda, es la
encrucijada de toda una nación frente a su pasado, presente y futuro de
violencia política, que debe afrontar con la crudeza de la verdad o el
eufemismo y la mentira de una “justicia proporcional”. Parece que lo que está
en juego no es sólo si habrá un futuro de todos y para todos --más allá de su
proporcionalidad— sino también si podremos conocer el pasado de todos los
participantes en el conflicto armado interno y su responsabilidad -esa sí
proporcional a sus roles y cargos—que tienen en
el presente que vivimos. Pobre Iván, con semejante responsabilidad presidencial
frente al pasado, el presente y el futuro, que son parte de la vida de todos,
sin excepción alguna.
[1] https://www.publimetro.co/co/noticias/2018/04/15/daniel-coronell-cuenta-como-los-hijos-de-uribe-se-volvieron-millonarios.html