DE-LIBERACIÓN
(http//calicantopinionblogspot.com)
Colombia sin Paz, ni Justicia: Punto cero de la política nacional.
(Junio 30 de 2012)
Hernando Llano Ángel.
El Congreso, un quirófano mortal
Después de casi 21 años de promulgada la Carta del 91, vuelven a invocarse la paz y la justicia como fundamentos para cambios de fondo en su articulado, completando así cerca de 36 reformas. En tan breve existencia, esta joven Constitución luce más cirugías estéticas que una nueva amante de un gran capo, con el agravante de que las dos últimas practicadas en el quirófano del Congreso en nombre de la paz y la justicia --por iniciativa de Santos y con el impredecible bisturí del médico Roy Barreras y la cómplice asistencia del ex ministro Juan Carlos Esguerra, respectivamente— la han dejado completamente desfigurada. En realidad, son mucho más que dos cirugías estéticas, pues afectan vitalmente el espíritu de la Constitución del 91 y terminan cambiando su identidad, invocando paradójicamente los valores de la paz y la justicia que la inspiraron. Al contrario de lo sucedido en la coyuntura constituyente del 89 al 91, catalizada por los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro --cometidos por la triple alianza del narcotráfico y la política con sectores de inteligencia militar aún en la impunidad-- en esta ocasión la paz y la justicia no convocan el consenso nacional sino más bien la indignación ciudadana e incluso la ruptura de la Unidad Nacional, pues el mismo Uribe es un opositor acérrimo del marco legal para la paz y pretende aprovechar la actual coyuntura de confusión para pescar en rio revuelto, agitando la penumbrosa idea de una Asamblea Nacional Constituyente.
Santos, un funámbulo y sonámbulo del poder
Sin duda, el gobierno de Santos con sus ocho actos legislativos aprobados en estos dos primeros años, está a punto de pasar a la historia no como el portero de la paz sino más bien como el partero de un nuevo orden constitucional y político cuyas más claras señales de identidad son la transacción de los valores democráticos y la consagración de la impunidad política. Dicha transacción, elevada a máxima de comportamiento político presidencial, sin más límites que la ampliación de apoyos a su difusa y demagógica fórmula de la “prosperidad democrática”, lo ha llevado a convertirse en un funámbulo y sonámbulo del poder. El más catastrófico resultado ha sido la actual reforma a la justicia, eludiendo a última hora su paternidad política en la gestación de tan repudiable criatura, como un típico “macho semental” de actos legislativos espurios. Para ello acude a los falsos argumentos de la prevalencia de la “justicia, el Estado de derecho y la democracia”, cuando fueron precisamente esos valores los que transó en el Congreso y con la mayoría de magistrados de las altas Cortes, salvo valiosas y contadas excepciones.
Por último, para salvar su pellejo en tan sinuoso tránsito por la cuerda floja de la negociación y la transacción sin principios, lanzó a su ex ministro de justicia Juan Carlos Esguerra al vacío, mientras movía a la izquierda y la derecha el balancín de los grandes valores para evitar su propia caída libre en el precipicio del desprestigio y el repudio de la opinión pública. En este azaroso pasaje, ha asegurado su maniobrabilidad política ayudado por el eco “patriótico” de la mayoría de la gran prensa, sus eminentes y grises asesores jurídicos, que le redactaron brillantes discursos que pronunció como un sonámbulo, al punto que él mismo se sorprendió ante el horror de la monstruosa criatura que contribuyó a engendrar.
Un régimen de impunidad política y criminalidad constitucionalizada
Pero en medio de semejante espectáculo circense del poder, todos sus protagonistas empezaron a quedar desnudos y exhibieron sus más grotescos valores, intereses, falencias e imposturas, revelándonos su verdadera identidad: traficantes del interés público y mercaderes de la voluntad ciudadana, salvo contadas excepciones. Aunque los reflectores de los medios se centraron al comienzo en los miembros de la Comisión Conciliadora, las sesiones extraordinarias citadas por Santos arrojaron luz sobre la responsabilidad compartida del Gobierno en el engendro de la Reforma. Por eso no deja de ser patética y reveladora su última intervención televisiva –teniendo una fotografía del Congreso como telón de fondo-- convocando erráticamente a los Congresistas a sesiones extras, sin tener competencia constitucional para ello, pues los actos legislativos no son susceptibles de objeciones presidenciales.
Pero poco importa arrogarse semejante potestad, con tal de salvar la estabilidad institucional, que al igual que la Constitución, el llamado marco legal para la paz o la repudiada reforma a la justicia, son simples coartadas para afianzar el régimen político actual, cuya esencia es la simbiosis entre la política y el crimen. Una esencia que incluso estuvo presente en la misma concepción y nacimiento de la Carta del 91 con la exigencia de Pablo Escobar –no por casualidad ahora protagonista de “ficción”-- del artículo 35, prohibiendo la extradición de colombianos por nacimiento. Desde entonces para acá a lo que hemos venido asistiendo es a la progresiva y difusa constitucionalización del crimen y la ilegalidad, cuya más lograda expresión fue la reforma del “articulito” que permitió la reelección presidencial inmediata de Álvaro Uribe, no tanto a través del cohecho por el que han sido condenados Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, sino sobre todo porque la mayoría que aprobó dicho Acto Legislativo fue la expresión de la voluntad de numerosos congresistas condenados posteriormente por concierto para delinquir agravado, en tanto se demostró que fueron electos con espurias y criminales alianzas (Pactos de Ralito, Chivolo etcétera) selladas con grupos paramilitares. No por casualidad el ex presidente Uribe, a propósito de esta crisis, lanzó el siguiente twitter: “Qué se puede pensar de un Presidente como Santos que impulsa una reforma, presiona su aprobación y enseguida, con toda la mala condición, dice que no se puede permitir la excarcelación de ex funcionarios de Ais y Chuzadas?”.
Locomotoras de impunidad, complicidad e indolencia
En fin, se ha reafirmado una vez más la lucidez de García Márquez, cuando en su célebre texto “Por un país al alcance de los niños”, sentenció: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma el leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Es ni más ni menos lo que ha sucedido con la repudiada reforma a la justicia. Desde el presidente Santos que la promovió hasta los congresistas que la aprobaron, burlaron la Constitución sin violarla y lo que es más grave la violaron sin castigo, pues ya quedó superada la crisis, volvió la normalidad institucional y el régimen avanza como una locomotora incontenible y a toda marcha alimentada por el combustible de la complicidad, que todo lo transa, la irresponsabilidad, que todo lo excusa, y la incompetencia e impunidad que le sirven de carrilera.
¿Habrá forma de detenerla o se descarrilará con mortales e impredecibles consecuencias? Quizá la única forma de evitarlo sea reconociendo que “nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan”, como advierte el Nobel. Y esas causas se encuentran en las raíces que alimenta generosamente la supervivencia del régimen actual, la Constitución y la ley como coartadas perfectas del crimen y la suplantación del poder ciudadano por una tupida red de clientelismo, corporativismo y complicidades de poderes de facto, siendo el narcotráfico una fuente inagotable para renovar en cada elección los conductores de las locomotoras de la impunidad y la complicidad, frente a la indolencia y a veces ingenuidad de una ciudadanía que cree que basta con votar y después revocar o derogar y no se compromete con transformar de raíz el régimen existente, forjando organizaciones y liderazgos auténticamente democráticos, sin compromisos ocultos con ningún tipo de criminalidad. Por todo lo anterior, estamos en el punto cero de la política nacional.
