LAS ELECCIONES COMO COARTADA ANTIDEMOCRÁTICA

 Las elecciones como coartada antidemocrática

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En nuestro caso, el ejemplo más doloroso y patético fue el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz el 2 de octubre de 2016, que dilapidó la oportunidad histórica para que los colombianos comprendiéramos que el presupuesto existencial de la democracia es la paz política, como ya lo mandaba el artículo 22 de la Constitución.

Hernando Llano Ángel

Las elecciones se han convertido en la coartada perfecta para perpetrar y perpetuar, con total impunidad política, un crimen de lesa ciudadanía contra la democracia. Es un crimen cometido con premeditación y alevosía por quienes más abusan periódicamente de ella en su propio beneficio: los políticos profesionales y sus financiadores legales e ilegales, junto a los poderes de facto. En lugar de propiciar y facilitar la expresión libre y consciente de la voluntad ciudadana, las elecciones y la parafernalia de partidos políticos que se la disputan hacen todo lo contrario. Las convierten en una estratagema infalible para la manipulación y sometimiento de la voluntad ciudadana a intereses plutocráticos, todo bajo la ficción constitucional de la soberanía, proclamada en el artículo 3 de nuestra Constitución Política: “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo”.

¿Cuál soberanía ciudadana?

Una soberanía popular que termina siendo solo una ficción constitucional. Más en estos tiempos que corren, donde los algoritmos, las redes sociales y ahora la IA, con su raudal incontenible de desinformación y Fake News, manipulan, condicionan y determinan esa supuesta soberanía popular y voluntad ciudadana. Una voluntad ciudadana imaginaria y fantasmagórica, proyectada al menos desde el siglo XVIII por una pléyade de filósofos, entre los que destaca el ginebrino Rousseau con su idealizada “voluntad general”, plena de racionalidad y deliberación. Pero en la realidad ella es profundamente emotiva y excepcionalmente reflexiva y deliberativa. Así lo demuestran con creces las últimas elecciones en muchas latitudes, desde la supuesta fría y flemática racionalidad británica que votó a favor del Brexit, arrastrada por prejuicios racistas, xenófobos y una aporofobia hábilmente exacerbada por políticos populistas de extrema derecha, utilizando Cambridge Analytica[i]. Ni hablar del auge incontenible de Trump con sus delirios imperiales de America First y MAGA, que revive los prejuicios discriminatorios y las heridas sangrantes de la primera República moderna, incapaz de vivir a la altura de sus principios fundacionales y verdades, proclamadas desde su independencia como evidentes: “que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, hoy negadas cotidianamente por las redadas de ICE y la represión de la Guardia Nacional.

La paz política dilapidada

En nuestro caso, el ejemplo más doloroso y patético fue el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz el 2 de octubre de 2016, que dilapidó la oportunidad histórica para que los colombianos comprendiéramos que el presupuesto existencial de la democracia es la paz política, como ya lo mandaba el artículo 22 de la Constitución: “Un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Sucedió lo contrario, la búsqueda de una legitimidad incuestionable, refrendada por mayorías en las urnas, convertida en una obsesión para el presidente Santos y las Farc-Ep[ii], terminó sumergiéndola en un lodazal de negociaciones que dejó a la paz política herida de muerte.

Una herida profunda que todavía no cierra, propiciada por la puñalada trapacera de una extrema derecha que manipuló con éxito prejuicios tan atávicos como la homofobia, pues le hicieron creer a numerosos ingenuos electores que sus hijos e hijas serían corrompidos por una inexistente ideología de género que jamás hizo parte del Acuerdo. Sin dejar de mencionar la exaltación del miedo y el odio, anunciando la hecatombe del castrochavismo en la que terminaría convertida Colombia por una inalcanzable e inimaginable Presidencia de Timochenko, si se le permitía a las Farc convertirse en partido político y participar a sus excomandantes en política. ¡Como si sus contados votos fueran hacer más letales que sus innumerables disparos! Una campaña contra el Acuerdo de la que aún se sienten orgullosos por haber llevado a la gente a “votar verraca”, según la eufórica y cínica celebración de su principal promotor, Juan Carlos Vélez Uribe[iii], rápida y públicamente recriminado por el jefe “natural” del “Centro democrático”, Álvaro Uribe Vélez: “Hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones[iv]. Sin duda, lo que más daño hace a la democracia es la mentira y la perversión del juicio ciudadano, manipulando sus emociones y prejuicios, para perpetuarse así en el ejercicio de un poder político sustentado en el miedo y en una falsa superioridad moral de “ciudadanos de bien” contra sus contradictores y adversarios políticos a quienes estigmatizan como peligrosos enemigos de la patria y la democracia.

Entre Urnas y Tumbas

Es en esa táctica maniqueísta en donde se encuentra el origen de la polarización social y la radicalización de todo el proceso electoral, pues impide la deliberación y la argumentación ciudadana. En su lugar, lo que aparece es una pueril división y confrontación de los “buenos” contra los “malos”, de los “demócratas” contra los “comunistas”, quienes a su vez responden con una simplificación aún mayor, llamando a derrotar a los “paracos” y éstos a su vez a eliminar a los “mamertos”.  Entonces de esa violencia simbólica a la directa hay menos de un paso, solo falta disparar, como dolorosamente sucedió con Miguel Uribe Turbay y cerca de 163 líderes sociales asesinados hasta el 9 de noviembre en curso[v]. Así las urnas se transforman en tumbas.

Por eso el bien intencionado llamado a la Paz Electoral de la Procuraduría General de la Nación[vi] es pertinente pero insuficiente, pues no se sustenta en el terreno firme de la PAZ POLÍTICA, amenazada por un complejo entramado de organizaciones armadas ilegales que combinan la violencia política con la financiación y el apoyo a campañas electorales, afines a sus intereses estratégicos. En el pasado, fueron los paramilitares y la narcoparapolítica en nombre de la “seguridad democrática”, pero también la guerrilla invocando la justicia social, mediante el control de vastos territorios y sus pobladores, imponiendo el voto o impidiendo su libre ejercicio, asesinando líderes sociales y candidatos independientes, quemando urnas y puestos electorales. Así han parcelado y fragmentando el territorio en feudos electorales bajo el control de sus armas, convencidos que “el poder nace de la punta del fusil” y no de la deliberación y libre participación ciudadana. Por eso vivimos más bajo un régimen político electofáctico que uno propiamente democrático y son frecuentes los escándalos, nunca totalmente aclarados, de coaliciones y alianzas de los candidatos ganadores con diversos poderes de facto o la superación de los umbrales legales fijados para la financiación de las campañas presidenciales, como sucede con la del presidente Petro. La mayoría de las veces esas coaliciones se realizan con poderes de facto ilegales, como el narcotráfico en el proceso 8.000 con Samper; la Farc-política en el Caguán con Pastrana; el narcoparamilitarismo de las AUC con Uribe; la Ñeñepolítica con Duque o también los poderes económicos y empresariales de Odebrecht y Ñoñopolítica con Santos hasta llegar al escándalo de hoy con la campaña presidencial de Petro.

A tan antidemocrático paisaje, hay que sumar en las próximas elecciones del 2026 el riesgo mortal de la influencia de liderazgos de candidatos populistas iracundos, cargados de tigre, y organizaciones políticas afines que solo están interesadas en ganar votos estimulando el sectarismo y la descalificación emocional de sus contradictores. Para ello apelan de nuevo, sin escrúpulo y límite alguno en las redes sociales al miedo, los prejuicios y la ausencia casi total de reflexión y deliberación, ignorando que pueden ser los primeros devorados por la furia incontrolable de ese tigre suelto.

De allí, que las elecciones sean necesarias pero insuficientes para la existencia de la democracia, cuya vitalidad depende fundamentalmente de una ciudadanía capaz de expresarse en clave política, es decir,  deliberando y decidiendo libremente en torno a intereses generales y bienes públicos, y no tanto convalidando la transacción del Estado y sus elegidos en función del mercado, intereses minoritarios de poderes corporativos y empresariales, cuando no hipotecando su gobernabilidad a poderes de facto camuflados bajo la tramoya de una sofisticada institucionalidad que se autoproclama la más estable y democrática del subcontinente, solo por realizar ininterrumpidamente elecciones desde 1957. Elecciones que siempre han transcurrido entre urnas y tumbas, pues aún no conocemos y menos vivimos la política como paz, como una deliberación creadora, en gran parte debido a que sus líderes protagónicos la continúan promoviendo como una confrontación destructora. Cuando más, hacen de la democracia un juego de suma cero, donde el ganador de la presidencia se queda con casi todo y los perdedores en el Congreso con casi nada. Deberíamos preguntarnos, antes de votar, ¿a quiénes sirve y beneficia semejante “democracia”?

¡Viva la S-elección Colombia!

Peor, aún, todavía persisten entre nosotros algunos “demócratas” que viven la democracia en modo belicista, como un juego de suma negativa en donde todos salimos perdiendo. Incluso los supuestos ganadores, como nos sucedió con el plebiscito por la Paz, cuyo costo sigue siendo la inseguridad, el asesinato de líderes políticos y sociales, el desplazamiento forzado, las desapariciones y el confinamiento de cientos de miles de pobladores rurales. Por todo ello, esta “democracia” está muriendo, paradójica y cruelmente, gracias al uso intensivo de las elecciones y a la ausencia de una ciudadanía responsable y deliberante, promotora de intereses generales, no solo de los personales, partidistas, familiares, empresariales y hasta criminales. En gran parte dependerá de nuestro juicio ciudadano resucitarla o enterrarla el próximo año en una profunda fosa cavada por la indiferencia de millones de abstencionistas y la indolencia, el fanatismo e ignorancia de otros tantos millones de electores que van a las urnas a votar verracos para cobrar revancha durante cuatro años contra quienes consideran son sus enemigos y deben eliminar a toda costa. Probablemente la segunda vuelta para la presidencia coincida con un partido de la selección colombiana en el mundial de fútbol. La esperanza es que triunfe limpiamente, así esa jornada electoral tendría al menos un ganador que nos une a todos. ¡Viva la selección colombiana de fútbol!

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[i] https://elpais.com/internacional/2018/03/26/actualidad/1522058765_703094.html

[ii] https://razonpublica.com/la-paz-es-un-juego-de-suma-positiva/

[iii] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/10/02/cuando-el-gerente-del-del-no-en-el-plebiscito-revelo-la-estrategia-del-uribismo-para-ganar-la-gente-voto-verraca/

[iv] https://www.elcolombiano.com/colombia/alvaro-uribe-regana-a-juan-carlos-velez-por-entrevista-a-la-republica-sobre-campana-del-no-YE5116643

[v] https://www.eluniversal.com.co/colombia/2025/11/09/aumentan-a-163-los-lideres-sociales-asesinados-en-2025/

[vi] https://pazelectoralprocuraduria.com/sobre-la-estrategia/

 

DE BELISARIO A PETRO, LA PAZ BOMBARDEADA.

 

 

De Belisario a Petro, la paz bombardeada

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https://elpais.com/america-colombia/2025-11-25/de-belisario-a-petro-la-paz-bombardeada.html

La mayor paradoja de la política cuando se enfrenta a situaciones límites, propias de la guerra, los conflictos armados internos y la criminalidad organizada, es que la violencia letal se convierte en el factor decisivo.

Hernando Llano Ángel.

Resulta tentador realizar un paralelo entre las presidencias de Belisario y Petro, pues ambas tienen en común su obsesión por la paz y la ampliación de la democracia. Belisario la postuló desde su discurso de posesión presidencial con su inconfundible estilo lírico: “Levanto una bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en el amplio marco de decisión que tomen las Cámaras. Les declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna: ¡a esa tarea prioritaria me consagro porque necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida el árbol que convocará bajo sus gajos abiertos a toda la familia nacional! … No quiero que se derrame una sola gota más de sangre colombiana de nuestros soldados abnegados ni de nuestros campesinos inocentes, ni de los obcecados, ni una gota más de sangre hermana. ¡Ni una gota más!”. Pero, lamentablemente, el 6 y 7 de noviembre de 1985 olvidó tan vital deseo e imperativo presidencial y corrieron ríos de sangre en el letal desenlace del Palacio de Justicia.

Algo semejante le acaba de suceder al presidente Petro, pues su consigna central “Colombia, potencia mundial de la vida”, ha sido olvidada al ordenar bombardear un destacamento guerrillero en la selva del Guaviare, con un saldo de por lo menos de 15 menores de edad muertos. Sin duda, las circunstancias son muy diferentes, incomparables, desde el punto de vista político y militar, pero en ambos casos los mandatarios apelan a razones de Estado para justificar el resultado de sus decisiones.

Del Palacio

En el Palacio de Justicia, Belisario lo hace argumentando que lo que se “hizo fue para encontrar una salida dentro de la ley, fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la República”. Argumento falaz, pues esa decisión la tomó Betancur no solo por fuera de la Constitución de 1886 en su artículo 121, sino también desconociendo las normas del Derecho Internacional Humanitario, como bien lo señaló el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes: “La Procuraduría considera que el problema no puede plantearse primero legal que políticamente; y, además, que el enfoque legal correspondiente, no es propiamente el del Código Penal, sino el Derecho de Gentes y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

Al Guaviare

En el bombardeo contra el agrupamiento guerrillero del Estado Mayor Central de las Farc, Petro lo justifica políticamente así: “Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal”. Y agrega que los menores, al portar armas y estar uniformados, se convierten en objetivos militares: “estamos hablando de menores de edad que fueron reclutados, integran un grupo armado que han sido entrenados y que mantienen en ese momento un equipo de armas y de intendencia para hacer la guerra”.

Tal es la mayor paradoja de la política cuando se enfrenta a situaciones límites, propias de la guerra, los conflictos armados internos y la criminalidad organizada, donde lo decisivo es el uso de la violencia. Entonces los jefes de Estado ya no se pueden guiar solamente por sus convicciones y lo que Max Weber denomina “ética de principios”, sino también contando con la ética de la responsabilidad, so pesando las consecuencias de sus decisiones, como en este caso lo expone el presidente Petro. En efecto, la práctica criminal de Iván Mordisco de reclutar menores los convierte en carne de cañón en desarrollo de las confrontaciones armadas con la Fuerza Pública. Una consecuencia que trata de aminorar el accionar de la Fuerza Pública, pues según las cifras presentadas en su alocución presidencial del pasado 19 de noviembre[i], se han recuperado 2.411 menores.

Ética de responsabilidad en acción

De alguna forma, esa ética de responsabilidad es así sustentada en dicha alocución: “Quiero dejar aquí una idea y es que se dice que abandonemos el bombardeo porque efectivamente hay riesgo, si abandonamos el bombardeo por la razón de que los capos de los grupos armados reclutan niños para que no sean ellos atacados, una actitud cobarde criminal, cobarde porque se protegen es con menores de edad, como lo hemos visto ya, entonces ellos van a reclutar más niños, porque saben, ya han entendido que entonces la forma de que no los ataquemos con fuerza, que es la fuerza que nos da el bombardeo, como jefes que son del narcotráfico en Colombia, es reclutar niños y sería un mensaje contradictorio, en vez de reducir el reclutamiento como en este momento lo llevamos respecto al año pasado, en menos 34 por ciento, aumentaría mucho más y el riesgo de muerte de niños aumentaría y de menores en general combatientes”.

También le sucedió a Belisario después del magnicidio del ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, ordenado por Pablo Escobar, en retaliación por la destrucción de los laboratorios de cocaína en Tranquilandia[ii], en los llanos del Yari. Entonces, justificó así su decisión de aplicar el tratado de extradición: “Así mismo, a pesar de mi renuencia inicial para acoger el Tratado de Extradición, suscrito entre Colombia y Estados Unidos, por mis convicciones humanísticas y democráticas, y mi acendrado sentido de la soberanía nacional, después de la muerte del ministro Lara Bonilla, creí interpretar el sentir del país al reconocer que el tráfico de narcóticos no tiene fronteras y que deben facilitarse los medios para que, quienes incurran en él, sean juzgados en cualquier parte del mundo donde los reclame la justicia”.

Así las cosas, teniendo en cuenta la encrucijada mortal enfrentada por Belisario y Petro, tan parecidos en su obsesión y voluntad política por alcanzar la paz y ampliar la democracia, llegamos al menos a tres conclusiones insólitas e ineludibles:

La primera, que el telón de fondo que impide avanzar en la consecución de la paz política es la imbricación de numerosos grupos armados ilegales con el narcotráfico y rentas provenientes de minerales críticos o “tierras raras”, que los provee de recursos ilimitados para hacer la guerra.

La segunda, que esta simbiosis criminal los despoja cada vez más de identidad política y de reivindicaciones sociales que en el futuro puedan hacer valer en el mundo de la legalidad, pues han perdido por completo su credibilidad y legitimidad ante la sociedad. Como bien lo advirtió Belisario desde 1982: “En la violencia que el narcotráfico ha engendrado, desde hace cerca de tres lustros, no existe ningún designio social o político distinto al del súbito enriquecimiento. Todo lo demás es cobertura o camuflaje, hábilmente manipulado según las conveniencias y las alianzas”. Así lo han demostrado no solo los grupos narcoparamilitares y narcoguerrilleros, sino también un entramado de empresarios y políticos afines con las economías ilícitas, que han contado en sus campañas políticas con sus generosos aportes y apoyos electorales.

Y, la tercera, que ambos mandatarios tuvieron que enfrentar un establecimiento político y social tan retardatario y cerril al cambio y la paz que les impidió avanzar en sus principales reformas sociales, al punto que sigue siendo válida esta caracterización de Belisario, aludiendo al imaginario Gaitanista del “País Nacional y el País Político”:

“la prioridad del gobierno es empezar  -y lo recalco, empezar tan sólo a que las dos naciones en combate se cohesionen y se fundan, a que la expresión ciudadano colombiano tenga embrujo de porvenir y no eco fantasmal de irrisión; a que expresemos nuestra colombianidad con orgullo; a que dejemos de ser federación de rencores y archipiélago de egoísmos para ser hermandad de iguales, a fin de que no llegue a decirse de nosotros la terrible expresión del historiador, de haber llevado a nuestra gente a que prefiera la violencia a la injusticia”.

Objetivo que, igualmente, expresa Petro en su discurso de posesión presidencial: “Y finalmente, uniré a Colombia. Uniremos, entre todos y todas, a nuestra querida Colombia. Tenemos que decirle basta a la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos. Es nuestra responsabilidad”. Una aspiración que se quedó, como sucedió con Belisario, en el discurso, por circunstancias muy complejas, entre ellas su liderazgo mesiánico y su descuido, cuando no desprecio, por el esfuerzo gris, colectivo y coherente que demanda una eficiente gestión pública.

Una etapa que es imperiosa comenzar y nos señala un horizonte que todos deberíamos tener presente en las elecciones para Presidencia y Congreso en el 2026 y la mediática feria de vanidades preelectorales en curso con cerca de 100 precandidaturas. De lo contrario, seguiremos convirtiendo las urnas en más tumbas, como lo auguran todos aquellos candidatos y candidatas que se proclaman salvadores de la Patria en nombre de la “seguridad, el bien común” y hasta la “defensa de la democracia”, coartadas con las que siempre han gobernado impunemente hasta el presente, por eso abjuran del Estado Social de derecho y reclaman más administración y menos política, haciendo de lo público su empresa privada.

 

 

 

 

 

 

 

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[i] https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Alocucion-del-presidente-de-la-Republica-Gustavo-Petro-Urrego-sobre-seguridad-251119.aspx

 

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/Tranquilandia

 

LA NATURALEZA SILENCIA EL PALACIO

 

 

“La naturaleza silencia el escándalo”

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Hernando Llano Ángel.

Así comienza el magnífico documental “¡Colombia Vive!: 25 años de resistencia”[i], describiendo la avalancha del volcán nevado del Ruiz que arrasó el 13 de noviembre de 1985 a Armero. Dicha expresión hace alusión a las cenizas del volcán que sepultaron el escándalo del Palacio de Justicia. En el minuto 57:37 del documental aparece el entonces presidente, Belisario Betancur, en Armero, con su rostro amargado, pronunciando las siguientes palabras: “Estamos siendo visitados, una vez y otra vez y otra vez por la tragedia, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, vamos a salir adelante”. No deja de ser sorprendente que un hombre de su cultura, cuyo libro de cabecera era “Memorias de Adriano” de Marguerite Yourcenar, haya recurrido a la tragedia para referirse a los hechos del Palacio de Justicia y de Armero. Puesto que, en la tragedia, según las obras teatrales de la antigua Grecia, “sus protagonistas se ven enfrentados de manera misteriosa, invencible e inevitable, a causa de un error fatal o condición de carácter (la llamada hamartia) contra un destino fatal ‘[fatum]', hado o sino de los dioses”[ii]. En otras palabras, sus protagonistas, ya sean víctimas o victimarios, nada pueden hacer contra ese destino fatal. Y es claro que, tanto en el Palacio de Justicia, como en la catástrofe de Armero, sucedió todo lo contrario. Ambas “tragedias” podían haberse evitado e impedir su desenlace como un destino fatal para toda la sociedad colombiana, pero especialmente para sus miles de víctimas fatales inocentes, cuyo número preciso difícilmente conoceremos en ambos casos.

No fueron Tragedias

Ambas “tragedias” fueron públicamente anunciadas y conocidas, pero los responsables de evitarlas no hicieron nada, sino que incluso las propiciaron. En el Palacio de Justicia, como lo reconoció la Comisión de la Verdad del 2005, según nos los recuerda Helena Uran en su valiente y lúcido libro “Deshacer los nudos” en la página 72, ya se tenía conocimiento del asalto al Palacio por parte del M-19. Así aparece en la página 100 del citado informe de dicha Comisión:

“El 16 de octubre de 1985, el coronel Peña Herrera, jefe de la DINTE Ejército, envió la circular CK40, en la cual reportó información procedente del Comando General de las Fuerzas Militares relacionada con la posible toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. El 17 de octubre de 1985. Dicho documento fue remitido al día siguiente por el coronel Sadovnik Sánchez, comandante (e) de la Brigada XIII del Ejército, a la Policía de Bogotá y DAS”.  

No hay lugar, pues, para decir que hubo un error fatal, como en las tragedias, de parte de la inteligencia del ejército, pues ésta conoció e informó oportunamente sobre dicha acción criminal, pero no se evitó el asalto del M-19. No era, pues, un “destino fatal” dicho asalto, ya que debió ser institucionalmente evitado. De allí que aparezca demasiado extraño que se levantarán las medidas de seguridad y la vigilancia policial que entonces tenía el Palacio. Más bien se podría deducir que la “condición de carácter” del ejército, humillado por el M-19 con acciones como el robo de miles de armas del Cantón Norte y del fallido atentado contra el general Rafael Samudio el 23 de octubre de 2005[iii], facilitó esa toma para ajustar cuentas contra tan desafiante y osado enemigo. De allí la hipótesis de que se trató de una ratonera mortal contra el M-19.

¿De cuál retoma se habla?

Y por la forma como desarrolló la Fuerza Pública su contraofensiva de tierra arrasada en el operativo del Palacio, desconociendo brutalmente los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario (DIH): principio de humanidad y distinción entre combatientes y civiles; principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza y de precaución en el caso de los daños causados y las víctimas propiciadas, queda plenamente establecida su responsabilidad en cientos de víctimas mortales y el número indeterminado de desaparecidos, como consecuencia de su brutal accionar militar sin límite alguno, más allá del aniquilamiento del comando del M-19. Por eso no cabe hablar de retoma del Palacio, sino de su arrasadora desaparición e incineración, tampoco del “manteniendo la democracia, maestro”, según la “valiente” expresión del entonces coronel Plaza Vega, cuando la rama ejecutiva con su brazo armado cercenaba brutalmente la rama judicial y propiciaba la muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado por ese despliegue de fuerza letal excesiva, imprudente, desproporcionada y sin precaución.

¿Cuáles Derechos del Hombre?

Mucho menos, el operativo delirante y terrorista del M-19 al asaltar el Palacio bajo la proclama de “Operación Antonio Nariño por los derechos del Hombre”, puede catalogarse como una acción heroica y genial, pues también desconoció criminalmente los citados principios del DIH. Lo que nos revela esa acción y su letal desenlace, como la imposibilidad de que sus protagonistas, 40 años después, junto a todo el establecimiento político, sean incapaces de asumir sus responsabilidades históricas, es que desde entonces y mucho antes, vivimos bajo la simbiosis de la política con el crimen y la violencia contra civiles inermes, consolidada con impunidad casi total para los protagonistas institucionales y con amnistías e indultos para sus antagonistas insurgentes e ilegales. Lo anterior es incompatible con la democracia, que cínicamente todos sus beneficiarios proclaman y dicen defender, más allá de los uniformes que porten y partidos que representen, haciendo de las elecciones su coartada perfecta. Por eso resulta tan difícil rendir con la verdad un tributo a todas las víctimas inocentes y todavía hoy, entre sus victimarios, predomina en sus conciencias el deber cumplido en defensa de esa tanática “democracia” o la apología al heroísmo de quienes la impugnan, sean ellos de las filas insurgentes, ayer del M-19 y hoy de otras organizaciones armadas, en las que ya es casi imposible separar la política de la ambición y el control de economías ilícitas. De allí que, en lugar de vivir en ese Estado Social y democrático de derecho del artículo primero de nuestra nominal Constitución, nos encontremos en esta especie de neofeudalismo político que fragmenta la Nación y confina a sus pobladores bajo el dominio de organizaciones criminales que se disputan a sangre y fuego el control del territorio y sus valiosos recursos naturales. En semejante paisaje de depredación de la naturaleza y degradación del conflicto armado interno no cabe hablar de “Paz Total” y lo que predomina es algo parecido a un caos total.

Igual aconteció en Armero

Algo similar sucedió con la avalancha y la desaparición de Armero con cerca o más de 25 mil víctimas mortales, pues era una catástrofe anunciada con anterioridad por estudios y advertencias de geólogos, que las autoridades civiles nunca se tomaron en serio. Al respecto, las revelaciones del meteorólogo Max Henríquez fueron tan premonitorias como los anuncios del asalto del M-19 al Palacio de Justicia, pero tampoco fueron escuchadas por las autoridades responsables y así nos los recuerda:

“Un día recibí la visita de dos geólogos de INGEOMINAS. Ellos vinieron a mi oficina y me dijeron: ‘Hombre, Max, necesitamos que nos ayudes, porque resulta que han venido científicos volcanólogos de todas partes del mundo y ellos nos dicen que el volcán está un... Está en etapa preeruptiva’. El entonces ministro de Minas, Iván Duque Escobar, padre del expresidente Iván Duque Márquez, se negó a adquirir los equipos necesarios para monitorear el volcán. “Ese ministro fue uno de los responsables de todo lo que pasó”, sostuvo en su relato”[iv].

Luego seguir llamando tragedias a las desapariciones y las víctimas mortales del Palacio de Justicia y de Armero no es solo una ligereza idiomática y una mediocridad de la mayoría de medios de comunicación, que han cubierto sensacionalista y melodramáticamente lo sucedido hace 40 años. Viene siendo una forma de encubrir la identidad de los principales responsables políticos y militares de lo acontecido. Desde la cúpula del poder ejecutivo que no cumplió con su deber principal de proteger la vida, bienes y honra cientos de rehenes, sacrificados por su desidia o el ánimo revanchista de los militares, como por los intereses estratégicos de perpetuarse en el Congreso de la mayoría de sus miembros y el falso espíritu de cuerpo de altos oficiales obsesionados en eliminar el M-19 y arrasar con los expedientes y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Magistrados que los investigaban y eventualmente los condenarían como responsables de graves violaciones a los derechos humanos en cumplimiento del nefasto Estatuto de Seguridad de Turbay, como el general Miguel Vega Uribe, entonces ministro de defensa de Belisario Betancur.

Así las cosas, el Palacio de Justicia fue un antecedente premonitorio y nefasto de posteriores políticas y estrategias que, recubiertas bajo eufemismos como la “seguridad democrática”, terminaron encubriendo el terrorismo de Estado de miles de ejecuciones extrajudiciales[v], o “falsos positivos”, al tenor del punto 33 del Manifiesto Democrático del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez que advertía: “A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Solo teniendo en cuenta ese hilo conductor podremos recobrar una memoria en defensa de la democracia, la vida y seguridad de todos y así evitar que en nuestro próximo futuro millones de colombianos terminen eligiendo a quienes más interesados están en desaparecerla, apelando de nuevo al miedo y la seguridad, utilizando mascotas como un tigre y la consigna patriotera de “Salvar a Colombia”. Parafraseando el mensaje central del informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no Repetición, y modulándolo habría que decir: “Si hay verdades, habrá futuro”, en lugar de “Hay futuro si hay verdad”[vi], pues ésta en singular no existe cuando lo que está en disputa es la vida misma y su irreductible pluralidad. Ambas precisan de la memoria y la responsabilidad de todas y todos, empezando por la de los victimarios impunes, sean institucionales o insurgentes, que hasta hoy solo están interesados en negar su ominoso pasado para seguir controlando el presente y gobernando el futuro.

 

 

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[i]https://cines.com/pelicula/colombia-vive-25-anos-de-resistencia-2008

 

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia

 

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Samudio

 

[iv] https://www.infobae.com/colombia/2025/11/12/meteorologo-max-henriquez-alerto-sobre-riesgos-de-erupcion-y-deshielo-del-nevado-del-ruiz-antes-de-la-catastrofe-me-dijeron-que-era-alarmista-que-causaba-panico/

 

[v] https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/jep-emitio-su-primera-sentencia-sobre-falsos-positivos-contra-12-exmilitares-del-caribe-4227786

 

[vi] https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad

 

CESE DEL FUEGO CONTRA LA MEMORIA, LAS VÍCTIMAS Y LA DEMOCRACIA

 

 

¡Cese el fuego contra la memoria, las víctimas y la democracia!

Tampoco existe mayor prueba de la desaparición del Estado de Derecho y la democracia que la destrucción e incineración del Palacio de Justicia, en cuyo frontispicio estaba escrita esta célebre sentencia de Francisco de Paula Santander: “Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán libertad”

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/cese-el-fuego-contra-la-memoria-y-la-democracia/

https://elpais.com/america-colombia/2025-11-10/cese-al-fuego-contra-la-memoria-las-victimas-y-la-democracia.html

Hernando Llano Ángel.

Al cumplirse 40 años del asalto al Palacio de Justicia por parte del comando “Iván Marino Ospina” del M-19 y del atroz desenlace de la operación militar realizada por la Fuerza Pública, no es posible encontrar un hito más representativo de la corrupción del poder político, militar y administrativo del Estado colombiano, así como del extravió terrorista de una organización insurgente.

Por eso, todavía hoy tiene sentido exigir que debe haber un alto el fuego contra la memoria de todas las víctimas y reivindicar la vida de la democracia, pues desde entonces ella se encuentra desaparecida y sigue siendo ultrajada y asesinada todos los días en los cuerpos desaparecidos y las sepulturas anónimas de cientos de líderes sociales y políticos --van 158 asesinados hasta el 16 de octubre de este año, 50 más que las víctimas del Palacio[i]-- y de las numerosas comunidades rurales confinadas y secuestradas por grupos armados ilegales, repitiéndose así la crueldad y la inhumanidad de los rehenes atrapados en el baño del Palacio de Justicia.

El pasado presente

Esos cuarenta años no han pasado, están presentes. Por eso más que una conmemoración deberíamos ser conscientes que el fuego todavía arrasa con los pocos vestigios de vida democrática existente. Así lo demuestran quienes todavía están empeñados en no reflexionar sobre los acontecido, sino en acusar y condenar. Invocan la memoria no para construir democracia, sino más bien para socavarla imponiendo su razón e invocando su comprensible dolor y rencor contra quien consideran como el único responsable y culpable de lo sucedido. Para unos, solo el M-19, para otros la Fuerza Pública y el Gobierno. Y en medio de esa refriega y especie de venganza interminable en nombre de la memoria, se niegan hechos incontrovertibles. Entonces la verdad fáctica queda desvirtuada por la verdad interesada de cada una de las partes y el silencio cómplice de los protagonistas, quienes eluden asumir plenamente la responsabilidad de dicha barbarie cometida en nombre de los derechos del hombre y la democracia. De la paz y la estabilidad institucional, de las elecciones y hasta la civilización occidental y cristiana, como le aconsejó el expresidente Misael Pastrana a Belisario, según lo relata la investigadora Ana Carrigan en su libro “EL Palacio de Justicia. Una tragedia colombiana”: “Por mi parte, lo que está en juego aquí no es simplemente un Gobierno, o un sistema, ni siquiera el futuro de nuestra sociedad, sino todo el sistema de valores que es parte intrínseca de todas nuestras tradiciones y de la civilización cristiana de la cual formamos parte; eso es lo que está en riesgo aquí” (Carrigan, 2010, p. 158).

Por eso, es necesario recordar que el M-19 realiza dicha acción terrorista bajo la proclama: “Operación Antonio Nariño, por la defensa de los Derechos del hombre”, con el propósito de someter a un juicio de responsabilidad política al presidente Belisario Betancur por el supuesto incumplimiento del Acuerdo de Paz. Lo cual, obviamente, es de entrada la negación violenta de los derechos humanos de los civiles inermes que se encontraban en el Palacio. Por eso fue una acción terrorista, de la que incluso se tenía noticia pública que podía realizarse, pues días antes habían sido capturados miembros del M-19 con planos del Palacio de Justicia: “Se descubrió, que días antes de la toma del Palacio de Justicia, el organismo de seguridad del Estado realizó la captura de algunos integrantes del movimiento subversivo que poseían documentos relacionados con los planes de la toma”[ii].

Tampoco existe mayor prueba de la desaparición del Estado de Derecho y la democracia que la destrucción e incineración del Palacio de Justicia, en cuyo frontispicio estaba escrita esta célebre sentencia de Francisco de Paula Santander: “Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán libertad”. No existió retoma del Palacio, sino requema y demolición del mismo, para que no quedará rastro ni memoria del mismo. El Palacio fue desaparecido, como sucedió con un número cercano a 11 personas, cuyo paradero todavía se ignora.

En este caso, sucedió todo lo contrario: las armas dieron la muerte acerca de 100 civiles inermes, a un número todavía impreciso de desaparecidos y las leyes se invocaron para impedir su vida y libertad, como lo reconoció el propio presidente Belisario Betancur en alocución televisada al terminar el operativo de la fuerza pública: “Esta inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley, fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la República”.

Tanto en el nombre de la operación del asalto al Palacio por parte del M-19, “Antonio Nariño, por la defensa de los Derechos del Hombre”, como en la asunción de plena responsabilidad por parte del presidente Belisario, justificando que “lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley, fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la República”, encontramos una de las claves más paradójicas de la letal relación entre violencia y legalidad en la ponderada pero inexistente civilidad colombiana. Pues se apela a los Derechos del Hombre y a la defensa de la ley y el Estado para arrasar violentamente con la vida humana, negando así en la práctica que ellos se proclamaron y existen para proteger y promover la vida de todo ser humano. Es más, incluso hoy se toman decisiones judiciales, supuestamente conforme a la ley, para negar verdades fácticas como la salida con vida del Palacio de Justicia del consejero auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, quien fuera torturado y asesinado, para luego ingresar su cuerpo al Palacio de Justicia, como quedó consignado y demostrado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[iii] que condenó al Estado colombiano por dicho crimen, entre otros más, como la desaparición de la guerrillera Irma Franco Pineda junto a empleados de la cafetería del Palacio.

Mucho menos es posible encontrar una escenificación más dramática y tétrica de la impotencia de la rama judicial, el poder civil, frente a la violenta prepotencia del Ejecutivo y su Fuerza Pública, pues el presidente de la República, Belisario Betancur, no atendió la imploración del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Alfonso Reyes Echandía, quien rogó en repetidas ocasiones en forma pública, por varias cadenas radiales, que ordenará el cese el fuego, para evitar el desenlace fatal que hoy todos lamentamos y repudiamos.

A excepción de un protagonista de tan nefasto acontecimiento, como el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien a la pregunta de la revista SEMANA: ¿Se arrepiente de algo de lo que pasó en el Palacio de Justicia?   respondió: “Esa es una pregunta muy simpática. O sea, ¿usted teme que yo me arrepienta de haber ayudado a rescatar 260 personas de manos de los guerrilleros? ¿Cómo me voy a arrepentir de eso? Que yo me arrepienta de qué en este momento. Gracias a la actuación de nuestras tropas se puede pensar en elecciones el año entrante. ¿Me voy a arrepentir yo de eso? Por favor, me siento orgulloso, pleno de orgullo, y cuando me estaban diciendo a mí que me daban la libertad, si yo reconocía delitos que no había cometido, dije, “esto es lo que tengo para dejarle a mis hijos”. No me arrepiento, me siento orgulloso de lo que se ha hecho”.

De donde uno podría deducir que si las Fuerzas Militares no hubiesen actuado así le habrían dado un golpe de Estado al presidente Belisario y no se habrían realizado las elecciones en 1986 y tampoco tendríamos el próximo año. Pues no cabe la hipótesis delirante, según la cual el M-19 tenía entonces tal respaldo popular que podría haber derrocado a Belisario, liderando una insurrección popular y por eso el operativo militar no podía detenerse y fue de tierra arrasada.

¡“¡Democracia Ar-mada, disparar”!

Más allá del alcance de esa críptica expresión del coronel Plazas, como su famosa respuesta a un periodista “manteniendo la democracia”, cuando se bombardeaba y quemaba el mismo Palacio de Justicia, lo que queda absolutamente claro es que entonces las Fuerzas Militares se declararon no solo tutoras de la democracia, sino que demostraron que solo mediante su fuerza y su violencia sin control, esa flamante e incinerada “democracia y la independencia de las ramas del poder público” podían existir. Eso es precisamente el estado de sitio, la democracia desaparecida y sitiada por las armas. En efecto, durante las 28 horas de su actuación quedó claro para todo el mundo que fue el poder militar arrasador, al principio del M-19 y luego de la Fuerza Pública, quien predominó sobre el poder civil e inmoló la justicia y con ella la democracia. Que la imploración de cese el fuego del presidente de la Corte Suprema de Justicia, la voz del derecho y la civilidad, fue acallada con los estruendos de los tanques y sus impactos ingresando al Palacio de Justicia. Que no podía haber una forma más brutal, grotesca y criminal para demoler y luego incinerar la supuesta independencia de las ramas del poder público, que la manera como se hizo la supuesta “retoma” del Palacio. Con razón el expresidente Julio César Turbay señalaba que en “Colombia sin los militares no se puede gobernar”, expresión que ya contiene el comienzo irreversible de la corrupción y la desaparición en la vida social y política de la democracia colombiana, como en efecto sucedió bajo la férula del “Estatuto de Seguridad” durante su administración.

Por eso hoy, 40 años después, todavía se continúa hablando y disputando en torno a lo sucedido, su significado y alcance político e institucional, convirtiéndose la conmemoración en una disputa interminable solo para obtener réditos políticos en las próximas elecciones. Las víctimas vuelven a ser revictimizadas y los victimarios, tanto los estatales como los entonces insurgentes, alzan sus voces no solo para eludir sus responsabilidades históricas, sino incluso para obtener más votos, glorificar sus acciones pasadas y promover la deslegitimación absoluta del contrario. De esta forma la memoria de lo sucedido y la dignidad de las víctimas son convertidas en estratagemas para vencer, no para esclarecer lo acontecido y conocer la verdad del horror y el sufrimiento padecido por todas las partes envueltas en esa refriega fatal.

Por memorias democratizadoras.

Por eso hay que evitar la corrupción de la memoria de las víctimas e impedir la exaltación de los victimarios, como todo parece indicar que está sucediendo. Si no lo intentamos, entonces no solo el pasado y las víctimas quedarán sepultadas para siempre en la fosa profunda de la impunidad y las mentiras, sino que el presente y el futuro continuarán siendo una proyección y una repetición constante de ese pasado, bajo formas quizás más complejas y engañosas que se adornan con solemnes palabras como la democracia, elecciones y estabilidad institucional. Nada más urgente, pues, que esforzarnos todos en invocar memorias democratizadoras, no encubridoras de lo sucedido. Para evitar que esto último suceda, surge la Fundación Carlos H Urán. Debería ser un propósito en todos los medios de comunicación y en el sistema educativo nacional, reflexionar sobre su responsabilidad en divulgar esas memorias democratizadoras, en lugar de las vengadoras y apologéticas de la violencia, encubiertas bajo el honor militar y una supuesta audacia revolucionaria. Solo así no se repetirá todos los días, en menor escala, otro Palacio de Justicia. Vale tener siempre presente esta afirmación del entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez: “En el Palacio de Justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”.

 

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[i] https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2024/

 

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_del_Palacio_de_Justicia

 

[iii] https://cejil.org/comunicado-de-prensa/corte-interamericana-emite-sentencia-en-el-emblematico-caso-del-palacio-de-justicia/

 

UN HALLOWEEN MÁS ALLÁ DE "PETRADAS" Y "TROMPADAS"

 

EN HALLOWEEN MÁS ALLÁ DE LAS “PETRADAS” Y LAS “TROMPADAS”

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/en-halloween-mas-alla-de-las-petradas-y-las-trompadas/

https://elpais.com/america-colombia/2025-11-04/un-halloween-mas-alla-de-las-petradas-y-las-trompadas.html

 

Para los hooligans que siguen y animan a Trump, Petro es un payaso disfrazado de estadista. Y viceversa, para los petristas, Trump es un fascista esperpéntico y rubicundo, que está condenado al fracaso.

Hernando Llano Ángel

La intensa y patética confrontación entre los presidentes Petro y Trump, más propia de gamberros de barrio que de estadistas, es fácil reducirla a un pulso entre dos líderes megalómanos y narcisistas. Sobre todo, hoy, en Halloween, pues podrían salir con sus disfraces de superhéroes por el vecindario y envenenarnos con sus golosinas mortales. Pero sería un grave error “psicologizar” por completo una compleja relación política entre dos Estados, marcada por una asimetría profunda de poder. A fin de cuentas, son líderes políticos situados en las antípodas ideológicas, pues tienen y expresan concepciones irreconciliables de la vida social, económica, cultural y del mismo orden internacional. Bien lo sentenció John Plamenatz: “El estudio más digno de la política no es el hombre sino las instituciones”. Por eso, vale la pena intentar un breve análisis a partir de la clásica conferencia de Max Weber “La política como vocación”. Precisamente porque ambos están empeñados en convertir la política en una deplorable función circense de poder donde todos podemos salir perdiendo, empezando por ellos mismos.

Primer Acto fallido, Trump y su Maga.

De un lado, tenemos a Trump con su delirio por contener el declive irreversible de Estados Unidos como potencia hegemónica. Se parece a un cómico incapaz de reconocer el nuevo orden internacional multipolar emergente, donde su idealizada MAGA está siendo arrinconada contra las cuerdas por su decadencia en el mercado mundial y está gravemente amenazada en su liderazgo tecnológico por China.  Le queda, entonces, como último recurso exhibir su potencia militar indisputable, para desde allí tratar de imponer sus objetivos en los otros campos. Y lo hace como un típico gánster empresarial, ya condenado por 34 cargos criminales, recurriendo al chantaje de los aranceles en el comercio internacional y a la fuerza bruta de la Guardia Nacional contra sus opositores en casa y a su invencible armada en el mar caribe. Fuerza bruta que ahora despliega contra Venezuela con el pretexto de ganar la guerra contra el narcoterrorismo y el cartel de los soles. Una guerra que nunca podrá ganar, pues ella se libra en primera instancia en el cuerpo y la mente de millones de sus compatriotas adictos, que constituyen una demanda insaciable a disposición de las mafias, tanto a las de casa, que parecen intocables e inidentificables, como las de afuera. En ese imaginario autoritario y patriarcal tan querido por todas las derechas, Trump se proclama el padre protector y salvador de su indefensa juventud norteamericana. Una pobre e indefensa juventud que está siendo envenenada y asesinada por temibles y malvadas hordas de narcoterroristas procedentes del Sur, puesto que en casa no hay redes criminales ni cómplices nativos que investigar, encarcelar y mucho menos matar. Y si existen, son latinos y extranjeros que amenazan la grandeza de MAGA, por eso los persigue sin pausa.

Un neopirata imperial

Para todos ellos hay fuego implacable en los mares y se regodea declarando, desde el despacho oval rodeado de micrófonos, cámaras y periodistas incondicionales, que hay que “matar y matar”, bombardear embarcaciones a diestra y siniestra, como si fuera un juego de Nintendo del que parece ser un adicto incurable. En su mente belicista no cabe la investigación y desarticulación de esas bandas criminales, capturando a los traficantes, pues ese no es el objetivo real de su cruzada de neopirata imperial, sino el pretexto perfecto para intervenir y propiciar la caída de Maduro y su putrefacto régimen cacocrático militar. Así pretende recomponer e instaurar, en alianza con la oposición y la premio nobel de paz, María Corina Machado, un nuevo orden político y económico que le permitiría “perforar y perforar” la mayor reserva mundial de crudo, además de explorar, controlar y depredar ricos yacimientos de minerales críticos o tierras raras para hacer frente a la China, potencia mundial que controla el ochenta por ciento de ese mercado estratégico. Tal es la causa principal que anima a Trump.

Segundo Acto, Maga al ataque

Una causa que parece perdida, pues MAGA no podrá continuar siendo esa reina indiscutible en la arena internacional a la que todas las demás potencias le deben brindar pleitesía y someterse a sus designios, como hasta ahora lo ha hecho la sumisa Unión Europea. Es en este contexto donde se pueden entender sus actuaciones prepotentes, continuas amenazas arancelarias, persecuciones políticas y matoneo personal contra quienes desafían sus objetivos políticos y económicos, tanto internacionales como nacionales. Y es también allí donde aparece la figura irreverente y desafiante del presidente Petro, cuyo proyecto y causas políticas, tanto nacionales como internacionales, son inadmisibles y despreciables para Trump.

 

Entonces, como en una arena circense, vemos el combate entre un Goliat prepotente contra un David desafiante, desarmado e impotente, que alza las banderas de todos los perseguidos, oprimidos y condenados a muerte por el Tío Sam. Para los hooligans que siguen y animan a Trump, Petro es un payaso disfrazado de estadista. Y viceversa, para los petristas, Trump es un fascista esperpéntico y rubicundo, que está condenado al fracaso. Pero, sin duda, ambos están muy distantes de lo que creen ser y representar. Incluso, les puede suceder que sus grandilocuentes metas de Maga y America First, junto a la Paz Total y Colombia, potencia mundial de la vida, terminen siendo todo lo contrario y sus mutuos delirios de grandeza histórica sean un fracaso. Para ambos, valen estas reflexiones y consejos de Max Weber en su célebre conferencia “La política como vocación”

 

Cae el telón de Max Weber para Petro y Trump

 

A continuación, cito literalmente dichos consejos como cierre del telón de esta tragicomedia. Primer consejo: “La pasión no convierte a nadie en político, sino está al servicio de una causa y no hace de su responsabilidad hacia esa causa el norte que oriente sus acciones”. Segundo: “La política se hace con la cabeza y no con otras partes del cuerpo o del alma”. Tercero: “Sólo el hábito de la distancia (en todos los sentidos de la palabra) hace posible la enérgica doma del alma que caracteriza al político apasionado y lo distingue del simple diletante político estérilmente agitado”. Cuarto: “En último término, no hay más que dos pecados mortales en el campo de la política: la ausencia de finalidades objetivas y la falta de responsabilidad, que frecuentemente, aunque no siempre, coincide con aquélla. La vanidad, es lo que más lleva al político a cometer uno de estos pecados o los dos a la vez”. Y el más certero para ambos, adictos incontenibles al uso de Truth Social y a X: “el político tiene que vencer cada día y cada hora a un enemigo muy trivial y demasiado humano, la muy común vanidad, enemiga mortal de toda entrega a una causa y de toda mesura, en este caso de la mesura frente a sí mismo”. Mesura de la que por cierto carecen los dos.

Como colofón, el consejo más paradójico y trascendental: “Es una tremenda verdad y un hecho básico de la Historia (de cuya fundamentación no tenemos que ocuparnos en detalle aquí) el que frecuentemente o, mejor generalmente, el resultado final de la acción política guarda una relación absolutamente inadecuada, y frecuentemente incluso paradójica, con su sentido originario”. Sin duda, pues sus trascendentales objetivos políticos parecen estar condenados al más colosal fracaso histórico. Ni MAGA volverá a reinar y America First ni siquiera funciona hoy como gobierno federal. Ni hablar de la Paz Total y de Colombia, potencia mundial de la vida. En fin, ambos son aprendices de brujo y deberían dejar de lanzarse “Petradas” y “Trompadas”, disfrazarse en la noche de Halloween como estadistas y así endulzarnos por una noche la vida para poder dormir tranquilos, siempre y cuando sus golosinas no estén envenenadas y recubiertas de mentiras mortales.