martes, marzo 25, 2025

DEL PLEBISCITO A LA CONSULTA POPULAR (II)

 

 

DEL PLEBISCITO A LA CONSULTA POPULAR (II)

https://elpais.com/america-colombia/2025-03-25/del-plebiscito-a-la-consulta-popular-ii.html

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/del-plebiscito-a-la-consulta-popular-2/

Hernando Llano Ángel.

La Consulta Popular es un mecanismo de participación política y decisión ciudadana directa, no tanto un dispositivo electoral para la confrontación y la polarización política y social. Ese manejo táctico del presidente Petro lo puede conducir a un callejón sin salida. El callejón de la ingobernabilidad presidencial y pérdida de su credibilidad personal, por ser tan proclive a la radicalización y las confrontaciones retóricas, en desmedro de la eficacia gubernamental. Pero también puede favorecer a la oposición para invocar la fórmula del autoritarismo populista en defensa, supuestamente, de la democracia, la seguridad y hasta la salvación de la Patria en las elecciones del 2026. Con mayor razón ahora, cuando esta Consulta Popular se desarrollará en medio de una coyuntura electoral que definirá no tanto quiénes nos gobernarán, sino también quiénes somos los colombianos. En efecto, nos definirá como ciudadanos con capacidad para convivir y decidir democráticamente o, por el contrario, como dos bandos hostiles que se recriminan, odian y bloquean mutuamente, cada uno asistido de muy “buenas razones”, en defensa de sus intereses, banderías políticas e identidades sociales. Como lucidamente lo advirtiera el expresidente Belisario Betancur, en su posesión en 1982, los colombianos debemos dejar de “ser federación de rencores y archipiélago de egoísmos para ser hermandad de iguales, a fin de que no llegue a decirse de nosotros la terrible expresión del historiador, de haber llevado a nuestra gente a que prefiera la violencia a la injusticia”, que es lo que está en juego en la Consulta Popular sobre la Reforma Laboral.

Del Plebiscito por la Paz a la Consulta Popular por la Reforma Laboral

Ya lo vivimos en el 2016 con el Plebiscito que nos convocó a refrendar la paz política -- presupuesto existencial de cualquier democracia: “aquella forma de gobierno que permite contar cabezas, en lugar de cortarlas-- y lo ganaron quienes salieron a “votar verracos” e indignados por cuestiones que no contenía dicho Acuerdo y fueron manipulados con el miedo a la venezonalización de Colombia y el peligro inminente del gobierno de las Farc. Por eso es inimaginable lo que podría suceder durante la campaña de la Consulta Popular sobre la reforma laboral. Incluso, ya algunos congresistas muy “demócratas”, miembros de partidos que promueven el cambio radical de las costumbres políticas y siempre han dicho que la abstención es la peor corrupción de la democracia, ahora piensan promover que los ciudadanos no salgan a votar para que no se alcanza el umbral legal exigido, superior a los 13 millones y medio de votos y la Consulta fracase estrepitosamente. Pero cínicamente saldrán a hacer campaña para que sí voten por ellos al Congreso.  En fin, esa división irreconciliable entre bandos recorre nuestra historia y es contingente, hasta caprichosa. Pero depende en gran parte de los líderes que los dirigen, definir si arrastran o no a sus seguidores de la arena política al campo de batalla. El presidente Petro lo sabe muy bien y por eso en sus últimos discursos la historia siempre está presente. En ocasiones, esa evocación obsesiva del pasado glorioso le impide gobernar en el presente y no atiende diligentemente problemas agudos, como la degradación de la “Paz Total” en paz letal[i] y la escasez de medicamentos[ii], que desdice los objetivos de atención oportuna y de prevención, invocados en su proyecto de reforma al sistema de salud.

Del Chicoral a la Plaza de Bolívar

En Chicoral, nos recordó la confrontación entre las sociedades democráticas de los artesanos versus los librecambistas, que culminó con el efímero golpe de Estado del general José María Melo en 1854 en defensa de los primeros, los llamados liberales draconianos contra los liberales gólgotas. Un antecedente histórico irrepetible, pero que Petro evoca anacrónicamente en el presente para escenificar la lucha del “pueblo” contra la oligarquía política enquistada en el Senado, reacia a tramitar sus reformas progresistas de salud y laboral. Por eso, su discurso en la Plaza de Bolívar, que marcó el inició de la campaña de la Consulta Popular, se convirtió en una arenga épica[iii] con el telón de fondo de la campaña libertadora de Bolívar, hasta proclamarse como un oficial bajo su mando, que conducirá al triunfo del en la Consulta y del pueblo trabajador contra la oligarquía política del Congreso, que lo ha traicionado.

¿El Senado contra la Ciudadanía?

Pero surge una pregunta inquietante ¿Hasta qué punto esa evocación de las luchas fundacionales de la República en clave de confrontación y polarización entre el “País Político” y el “País Nacional” contribuye hoy al trámite aprobatorio en el Senado de la Consulta Popular o, por el contrario, la va impedir y frustrar? Sin duda, la apuesta del presidente Petro es audaz y desafiante, pues si el Senado no aprueba las preguntas formuladas por el presidente con la firma de todos sus ministros, que luego se presentarían a nuestra consideración, nos negaría como ciudadanos un derecho reconocido en la Constitución vigente en los artículos 3, 40 y 103, reglamentados por la ley estatutaria 1757 del 2015. En tal evento, no quedaría duda alguna de que el “País Político”, como lo denunciaba Gaitán, tiene caminos diferentes al “País Nacional”, pues el primero solo “piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder”, contra el “País Nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político”. Tal decisión del Senado sería una afrenta política, social y económica vergonzosa e inadmisible, considerando los elevados honorarios de los senadores, cuarenta veces superiores al salario mínimo de millones de trabajadores colombianos. Honorarios que, además de profundizar el abismo entre los senadores y el pueblo, son un agujero negro que devora la ética pública, pues la mayoría de congresistas, salvo contadas excepciones, se comportan como unos cacócratas y cleptócratas de la voluntad ciudadana. Pero, además, si los senadores niegan la Consulta, probablemente estarían incursos en violación del artículo 133 de la Constitución que ordena: “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común”. Y, sin duda, todos los ciudadanos tenemos el derecho y la capacidad para pronunciarnos sobre la justicia y el bien común, no solo los congresistas, que pocas veces lo hacen, pues la normativa laboral vigente, promovida por el presidente Uribe y sus mayorías en el Congreso, recortó lesivamente los ingresos de los trabajadores por horas extras, dominicales y días festivos, que el actual proyecto pretender restituirles para honrar la justicia y el bien común.

lunes, marzo 24, 2025

Del Plebiscito a la Consulta Popular (I)

 

 

DEL PLEBISCITO A LA CONSULTA (I)

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/del-plebiscito-a-la-consulta-popular/

https://elpais.com/america-colombia/2025-03-17/del-plebiscito-a-la-consulta-i.html

Hernando Llano Ángel.

Todo parece indicar que los colombianos estamos históricamente condenados a fracasar en nombre de la democracia.  Desde el plebiscito de 1957, que instauró el Frente Nacional y algunos ingeniosos analistas nacionales llamaron “democracia restringida” y otros, estudiosos extranjeros, “democracia consociacional”, millones de colombianos han muerto en nombre de esa proclamada democracia. Unos, defendiéndola ferozmente con sus armas desde el Estado y otros, atacándola violenta y criminalmente, sin límite alguno, desde la insurgencia. Obviamente, en ambos casos, la víctima mortal ha sido la democracia y los perdedores de siempre hemos sido todos los colombianos. Comenzando por los más pobres, que disparan, matan y mueren en nombre de tan grandiosa y demagógica palabra. Los institucionales, creen que disparan por la “patria” y los camuflados insurgentes por la “revolución”. Sucede así, fundamentalmente, porque desde el Estado, esa democracia ha sido incapaz de garantizar a la mayoría el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, consignados ampliamente en la Constitución del 91. De otra parte, desde las filas insurgentes, solo ven en la población civil una masa de maniobra militar para el reclutamiento de menores, el confinamiento, la extorsión y las masacres, pues sus “proyectos revolucionarios” han naufragado en un lodazal de codicia y sangre, disputándose entre sí y con otros grupos delincuenciales el control de rentas ilegales. Es lo que acontece en el Catatumbo, en el Plateado y en cerca de 12 regiones con graves crisis humanitarias[i].

Democracia entre socios cleptócratas

Sin duda, la del Frente Nacional fue una “democracia consociacional”, entre socios liberales y conservadores, que se robaron la libre expresión de la voluntad ciudadana y se repartieron miti-miti el Estado durante 16 años en nombre de un plebiscito y la reconciliación nacional. Un plebiscito que reportó pingües beneficios para los señores “demócratas” del “país político” y pérdidas considerables para el “país nacional”, es decir, la mayoría de colombianos. A tal punto que, en 1970, quizá el presidente más progresista del Frente Nacional, el liberal Carlos Lleras Restrepo, promovió con la ANUC[ii] su fracasado proyecto de reforma agraria, pero también burló la voluntad ciudadana popular que había votado por la ANAPO[iii] y su candidato Gustavo Rojas Pinilla, para darle el triunfo al conservador Misael Pastrana Borrero. Honró, así, la fórmula cleptocrática convenida entre socios liberales y conservadores para administrar el Estado, pero sacrificó la democracia en aras de la estabilidad institucional y la seguridad, pues temió que, si “Rojas decide salir uniformado para iniciar una marcha por las principales avenidas con destino al palacio de San Carlos, temo que haya un levantamiento, una sublevación, con todas las atrocidades y derramamiento de sangre que de ella se pueda derivar. No puedo permitir por ningún motivo la toma del poder por la fuerza”, como se lo confesó a su jefe de prensa, Próspero Morales, según testimonio del periodista Jorge Téllez[iv].

Paradoja y Parábola Histórica

Pero lo que realmente impidió Lleras fue el triunfo electoral de Rojas y su ascenso legal y pacífico a la presidencia de la República. Como una cruel ironía de la historia, ello generó el surgimiento del M-19 y hoy es presidente uno de sus integrantes, entonces joven adolescente, Gustavo Petro Urrego. Por eso vivimos en esta especie de paradoja y parábola aleccionadora, pues la consigna fundacional del M-19 “Con el pueblo, con las armas, al poder”, Petro la convirtió con el pueblo en las urnas a la Casa de Nariño, pero no al poder. En parte, porque su mismo liderazgo retórico, megalómano y mesiánico, mina continuamente su poder ejecutivo en cada alocución, pues le impide convertir sus grandilocuentes palabras: “Colombia, potencia mundial de la Vida” y la “Paz Total”, en hechos y realidades cotidianas concretas, mientras responsabiliza de ello a sus colaboradores, como lo vimos en el deplorable Consejo de Ministros del pasado 4 de febrero.

Ausencia de deliberación y concertación

Además, esa distancia insalvable entre su retórica, justa y necesaria para promover sus reformas de Salud y Laboral, choca frontalmente con una oposición cerril, celosa de conservar inmodificable un statu quo radicalmente injusto y narcisista. Un statu quo que sus voceros en el Congreso pregonan defender, con cinismo indolente, en nombre de una democracia incapaz de reconocer en la realidad el goce efectivo de esos vitales derechos, trabajo y salud, a la mayoría de colombianos. Todo lo contrario, esa oposición ha sido complaciente, cuando no cómplice, con el desfalco y desvío de dinero público de numerosas EPS. También en el pasado aprobó una reforma laboral regresiva, por iniciativa del presidente Uribe, que recortó y lesionó considerablemente el salario de los trabajadores al despojarlos del justo pago de horas extras, nocturnas, dominicales y días festivos. Y todo ello,  para generar más empleo, sin que esa meta se alcanzara en forma estable y sostenida. Ahora, un reducido grupo de 8 senadores opositores[v], pretende hundir el proyecto de reforma laboral con una ponencia negativa, so pretexto de que la reforma atenta gravemente contra la generación de empleo formal.

Como sucede con el proyecto de reforma a la salud, lo más deplorable es la ausencia de un debate público, con suficiente información y profunda deliberación, para develar hasta qué punto los proyectos gubernamentales son solo buenas intenciones irrealizables o, por el contrario, el bloqueo de la oposición es oportunista y trata de ocultar, con sus proyecciones catastróficas, la defensa de intereses minoritarios de poderosos conglomerados empresariales y gremiales. Porque de nuevo, lo que está en juego es el sentido y alcance de la democracia, como lo señala la Constitución del 91, que desde su artículo 1 prescribe “la prevalencia del interés general” sin el cual no podrá existir “Estado Social de Derecho”, mucho menos “el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que integran” a Colombia.

¿Senado Vs Consulta Popular?

Sin cumplir el artículo 1 de la Constitución y el 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, nunca podremos vivir en una democracia real y continuaremos padeciendo este penumbroso y descompuesto entramado de complicidades e intereses minoritarios de cacócratas, que se enriquecen con la política y, desde el Congreso, usufructúan en beneficios propio y a favor de gremios y empresas este régimen electofáctico[vi]. Un régimen que periódicamente se reelige para continuar y encubrir su corrupta e impune administración. Es el mismo “País Político”, “que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder” y predomina sobre el “País Nacional “que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”, decía Gaitán el 20 de abril de 1946 en el Teatro Nacional en Bogotá y 79 años después estamos en las mismas y con los mismos. La Consulta Popular anunciada por el presidente Petro puede ser una oportunidad más para enfrentar y quizá resolver ese “tremendo drama”. Sin duda, un desafío histórico que precisa la mayor responsabilidad de la ciudadanía, si el Senado aprueba la convocatoria. Si no lo hace, corroboraría una vez más la lúcida reflexión de Gaitán y negaría, en nombre de esa supuesta “democracia representativa” del “país político” la democracia participativa del “País Nacional”. Pero si la aprueba, es crucial una argumentada deliberación pública antes de votar para impedir su vulgar manipulación por las redes sociales con mentiras polarizadoras, como lo hicieron los adversarios del Acuerdo de Paz en 2016 al llevar “verraca a la gente a votar”[vii]. Espero contribuir, en próximas entregas, para que esto último no se repita en la Consulta, conforme lo prescribe la ley estatutaria 1757 de 2015[viii].



domingo, marzo 09, 2025

Petro, entre la gobernabilidad democrática y la cacocrática.

  

Petro, entre la gobernabilidad democrática y la cacocrática.

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/petro-y-benedetti-una-formula-para-la-transaccion-cacocratica/

https://elpais.com/america-colombia/2025-03-01/petro-y-benedetti-una-formula-para-la-transicion-cacocratica.html

Hernando Llano Ángel.

Sin duda, el presidente Gustavo Petro se ha debatido durante su administración entre ambas gobernabilidades. El escándalo de corrupción en la UNGRD[i] y la presencia de Armando Benedetti en el reciente Consejo de Ministros televisado[ii] son las expresiones más graves de la tensión entre ambas gobernabilidades. La gobernabilidad democrática, representada en dicha conflictiva sesión ministerial por las exministras Susana Muhamad, de Medio Ambiente y Francia Márquez, del ministerio de la Igualdad, colisionó con la gobernabilidad cacocrática en cabeza de Armando Benedetti. Una gobernabilidad es democrática cuando sus políticas públicas y decisiones son el resultado de la deliberación, la legalidad, la búsqueda del interés público y el mayor bienestar de la población, por lo cual nada tiene que ocultar. Por el contrario, es cacocrática cuando en ella predominan las transacciones sin deliberación, pues no buscan el interés público, sino privilegiar sectores económicos, partidistas, gremiales o hasta criminales, circunstancia por la cual transcurre tras bastidores, en medio de la penumbra y los conciliábulos, de allí su ilegalidad. No hay duda que esta última “gobernabilidad” –que es la ingobernabilidad causada por la corrupción-- ha predominado en Colombia en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, siendo una constante y un desafío que deben enfrentar todos los gobiernos. Por eso ninguno ha estado a salvo de los escándalos y la corrupción. Justamente, la Constitución del 1991 pretendía erradicar esa ingobernabilidad cacocrática, eliminando los corruptos auxilios parlamentarios, pero terminó, paradójicamente, claudicando ante el más criminal de los cacos, Pablo Escobar, al aprobar en el artículo 35 la prohibición la extradición de colombianos por nacimiento. Artículo derogado posteriormente durante la administración de Samper, mediante Acto Legislativo 1 de 1997[iii], en respuesta a la presión de la diplomacia norteamericana y su descertificación como sanción por el proceso 8.000.

La reelección cacocrática de Uribe

Pero el mayor escándalo y que reviste la demostración más nítida de una gobernabilidad cacocrática, fue la reforma de la Constitución en el 2004[iv], que cambió un “artículito” para la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Por dicha reforma la Corte Suprema de Justicia condenó a 6 años de prisión a sus ministros Sabas Pretelt de la Vega, entonces del Interior y Justicia; Diego Palacio Betancourt, de Salud, y 5 años a Alberto Velásquez Echeverri, director del DAPRE: “La Sala consideró que la declaración de Yidis Medina y todos los hechos que sirvieron a manera de indicios, (...) Igualmente señaló que los exfuncionarios tuvieron el dominio del hecho “en la medida en que contaban con la capacidad de persuadir y disuadir respectivamente a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño para que a través del ofrecimiento de prebendas burocráticas se lograra que, con su voto o abstenerse de emitirlo, el proyecto de reelección siguiera su curso, como en efecto sucedió[v]. Una prueba irrefutable de corrupción constitucional, que no tuvo consecuencia alguna en su reelección en el 2006, lo que vendría a corroborar que durante su segundo mandato hasta el 2010 predominara la gobernabilidad cacocrática de su llamado “Estado de opinión” contra y sobre el Estado de derecho democrático. De allí, las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, derivados de la Directiva 29 de 2005[vi] del entonces ministro de defensa, Camilo Ospina, aunque ahora la JEP desconozca su conexidad con la política de “Seguridad democrática”. Algo tan contraevidente, como afirmar que las Farc-Ep no tienen responsabilidad alguna en los más de 20 mil secuestros, miles de reclutamientos de menores y numerosos actos terroristas, porque en su Reglamento Guerrillero no aparezcan contempladas semejantes delitos.

La cacocracia electoral

La gobernabilidad cacocrática se origina en las elecciones, desde el 8.000[vii] hasta hoy: la Farcpolítica con Andrés Pastrana[viii], quien intercambió votos por la zona de distensión del Caguán; la Parapolítica y Narcopolítica de las AUC con más de 60 aspirantes al congreso[ix] condenados y el grotesco llamado de Uribe a los congresistas entonces electos para que votaran sus proyectos antes de ir a la cárcel[x]. Luego, la financiación de Odebrecht[xi] a Santos y la Ñoñopolítica[xii]; más reciente con Duque la Ñeñepolítica[xiii] y ahora la Benedetti-política y Pitufopolítica[xiv]. En fin, todos los presidentes cargan con ese pesado fardo de gobernabilidad cacocrática, que lastra de muerte la gobernabilidad democrática y arruina la credibilidad ciudadana en la política y la misma legitimidad del Estado. Por eso, con cierto facilismo, muchos analistas internacionales hablan del narcoestado colombiano y hasta de un Estado fallido, mientras otros nacionales, más ingenuos o quizá cínicos, resaltan la fortaleza de nuestras instituciones democráticas y su estabilidad inexpugnable porque llevamos realizando elecciones ininterrumpidas desde 1957.

La cleptocracia electoral

 Pero olvidan que en 1970 el mismo presidente Carlos Lleras Restrepo[xv] reconoció que había escamoteado el triunfo electoral del general Rojas Pinilla, candidato de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), para otorgarle la presidencia al conservador Misael Pastrana Borrero: “Próspero, esto se ha perdido. No hay nada que hacer, el general ha ganado. Si, de acuerdo con lo que me han informado, Rojas decide salir uniformado para iniciar una marcha por las principales avenidas con destino al palacio de San Carlos, temo que haya un levantamiento, una sublevación, con todas las atrocidades y derramamiento de sangre que de ella se pueda derivar. No puedo permitir por ningún motivo la toma del poder por la fuerza, según su comentario al entonces Jefe de Prensa, Próspero Morales. Así, el expresidente Lleras Restrepo, respetó y cumplió lo acordado en la espuria fórmula “democrática” del Frente Nacional, y cerraba 16 años al frente del Estado de solo presidentes liberales y conservadores. Es decir: ¡el negociado del miti-miti del poder público en nombre de la paz y la democracia! La síntesis de la cleptocracia con la cacocracia.

De esos turbios polvos es que viene el fango en que ahora nos debatimos, más sanguinolento por la acción criminal de organizaciones que, bajo membretes supuestamente revolucionarios, se han dedicado a la codicia y el negociado de las economías ilícitas, cuyos tentáculos se extienden a través de la financiación de numerosas campañas electorales y lavados de activos en el mercado financiero e inmobiliario. Lavados que incluso han contribuido a la prosperidad del conglomerado AVAL, del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, como lo reveló la Operación POLAR CAP[xvi]:  “Se trataba de la vinculación a la lista de acusados por el gobierno norteamericano, de las oficinas de Panamá y Colombia del Banco de Occidente, entidad que aparecía como eslabón clave de un complejo montaje de vasos comunicantes que habría permitido, según las autoridades de EE.UU., el lavado de más de 1.200 millones de dólares entre 1987 y 1988. Seguramente por esa compleja tramoya donde se fusionan lo legal con lo ilegal y lo legítimo con lo ilegítimo, propio de un régimen electofáctico[xvii], es que el presidente Petro está empeñado en la extradición de Papá Pitufo desde Portugal, cuyas revelaciones ante la Fiscalía comprometería a más de un expresidente y congresista en ejercicio y develaría el entramado de corrupción en la Policía Fiscal y Aduanera, la DIAN y otras instituciones estatales, metástasis que viene desde hace más de una década. Pero también por ello, es que pone al frente del ministerio de interior a Armando Benedetti, quien por su pasado de trásfuga partidista conoce entuertos de miembros de organizaciones como Cambio Radical y el Centro Democrático, además de liberales, conservadores y de la U, que hoy desde su oposición cerril a las reformas del Pacto Histórico, impiden el avance de la gobernabilidad democrática.

¿Último Gabinete y última Oportunidad?

El presidente Petro sabe bien que solo dispone de año y medio para cumplir con sus consignas centrales: Colombia, Potencia Mundial de la Vida y la Paz Total, ambas opacadas por todas las sombras que proyectan los escándalos de corrupción. A ello se suma el no contar con un eficaz equipo de gobierno, desgarrado en medio de conflictos y disputas públicas, que afectan gravemente su capacidad de gestión y transformación de la realidad. Les reclama a sus colaboradores en el Consejo de Ministros televisado que no han cumplido el 75% de los compromisos asumidos con el pueblo en los consejos regionales de gobierno. Por eso, en el acto de posesión de los nuevos ministros recalcó que: “la labor de este gabinete es penetrar las ollas de la corrupción, no dejarles tomar decisiones y cumplir con el programa de gobierno”. De allí, que el nuevo gabinete tenga una composición hibrida entre coequiperos fiables del Pacto Histórico: como Carlos Rosero, en el ministerio de la Igualdad; Edwin Palma, en Minas y Energía; Lena Estrada, primera mujer indígena al frente del Medio Ambiente y Angie Lizeth Rodríguez, de las bases del Pacto Histórico, al frente del DAPRE, entre los más representativos. Pero también cuente con figuras tan controversiales como Armando Benedetti, cuya destreza de trásfuga le facilita el trato con las fuerzas opositoras más diversas y distantes en el Congreso, además de contar con ministros y ministras procedentes de sectores conservadores, como Patricia Duque en el ministerio del Deporte y Julián Molina del partido de la U en el ministerio de las TIC. De esta forma, probablemente, espera que a través de mutuas transacciones logré el trámite de reformas sustanciales como la de salud y laboral, sin claudicar en los objetivos progresistas del Pacto Histórico y garantizar así la continuidad de las mismas con el Frente Amplio en el 2026. Pero, más allá de ese esfuerzo de funámbulo presidencial, inclinando el balancín burocrático a la derecha y la izquierda, para no perder el equilibrio de la gobernabilidad, valdría la pena que el presidente Petro escuchara y atendiera el siguiente consejo de la politóloga Terry Lynn Karl: “Los democratizadores deben aprender a dividir tanto como unificar, y no solo a dar esperanzas sino a desalentar expectativas”. Especialmente expectativas desmesuradas, como la de “creer que podía hacer la revolución gobernando”[xviii], como lo expresó en entrevista a “El País” de España. Quizá no sea demasiado tarde para rectificar y avanzar hacia una transición democrática, evitando así una pesadilla autocrática en el 2026 y otros cien años más de soledad.

 





Petro y Benedetti: ¿Una fórmula para la transición cacocrática?

Gobierno de Colombia

Opinión

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Petro y Benedetti, ¿una fórmula para la transición cacocrática?

Todo parece indicar que el “Gobierno del Cambio” será el de la transacción cacocrática y no el de la transición democrática. Una palabra griega que se puede traducir como un ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’

Hernando Llano Ángel 

Con el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior y de Gregorio Eljach como procurador general de la Nación, todo parece indicar que el “Gobierno del Cambio” será el de la transacción cacocrática y no el de la transición democrática. La cacocracia es una expresión cacofónica que rima bien con nuestra realidad política. Una realidad que dista mucho del régimen democrático, a pesar de todos los oropeles institucionales con que se reviste desde la Constitución del 91. El régimen abusa de la Carta y se exhibe orgulloso por el mundo como un Estado Social de Derecho y hasta proclama ser una democracia participativa, no obstante tener el mayor número de víctimas irredentas y de victimarios impunes del continente. Así lo revelaron las cifras presentadas por la Comisión de la Verdad en su Informe Final[1]: 450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018. Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de homicidios puede llegar a 800.000 víctimas”. Y, lamentablemente, esa cifra continúa creciendo con miles de víctimas desplazadas y confinadas en el Catatumbo, Chocó, Cauca y otros municipios del país.

La cacocracia inmemorial

Pero nuestra realidad es otra, completamente diferente. Sobrevivimos alelados en este Macondo, deslumbrados por su belleza natural, extraviados en las redes sociales y deslumbrados con los conciertos demenciales de Shakira, ignorando este espejismo mortífero llamado democracia. Aunque en su médula es un régimen cacocrático, definido así por Fundéu[2], la Fundación del Español Urgente: “Por su formación a partir del griego kakós (‘malvado, malo’) y el elemento -cracia (‘gobierno, poder’), sería un ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de los ineptos’). Aunque la cacocracia puede incluir la idea de ‘gobierno de los ladrones’, este último concepto se expresa más precisamente con cleptocracia, a partir del griego kléptis, ‘ladrón’ (como en cleptomanía)”. Para la mayoría de colombianos el régimen sería ambas cosas, cleptocrático y cacocrático, pero se engañan si creen que es solo a partir de este gobierno y desconocen o niegan que desde tiempos inmemoriales ha sido así. Incluso, incurriendo en cierto anacronismo, podría afirmar que desde la conquista española el régimen está impregnado por ambos hados maléficos, a pesar de los esfuerzos de algunos gobernantes por liberarse de ellos. Su longevidad se debe, precisamente, a la red de complicidades, lealtades y solidaridades que propicia entre la “gente de bien” y los “políticos”, que se benefician, una vez entran al Estado, de sus alianzas y acuerdos con el crimen, la ilegalidad y los delincuentes de cuello blanco, que la prensa y el ciudadano común llama “corrupción”, pero cuya denominación más exacta sería cacocracia.

El régimen cacocrático

Quien mejor lo definió, justamente por conocer el régimen desde sus entrañas, fue Álvaro Gómez Hurtado, en pleno escándalo del proceso 8.000: “La política se ensució hace ya dos décadas, cuando cayó bajo el dominio del clientelismo y se sometió a la preponderancia del dinero. Desde entonces se quedó sucia. Es la forma de dominio que ha tenido el Régimen imperante para poder doblegar la opinión pública y aprovecharse de las oportunidades de mando y de los gajes del poder. El Régimen necesita que la política sea sucia porque es la manera de conseguir la amplia gama de complicidades que se necesitan para mantener su predominio”[3]. Entonces Gómez Hurtado dijo que la cuestión no se resolvía tumbando a Samper, pues éste era rehén del régimen, como ahora lo es el presidente Petro: “un simple prisionero del Régimen. No tiene autonomía para dominar el Congreso, ni apoyo político para disciplinar a su propio partido, ni prestigio suficiente para que la prensa áulica le preste un apoyo eficaz”[4], escribió sobre el drama de Samper. El 8.000 exhibió sin pudor alguna toda esa tramoya, hasta entonces más o menos oculta, de la financiación de las campañas presidenciales. Pero mucho antes y desde entonces todas las campañas presidenciales exitosas han estado permeadas por poderes de facto ilegales, como el narcotráfico, el narcoparamilitarismo y hasta la guerrilla, o de los legales como Odebrecht y numerosos empresarios en las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga[5], aún pendiente de conclusión judicial, pues nada sabemos al respecto, en medio de los nuevos y mayores escándalos, que sepultan los de ayer.

Benedetti es el hombre del régimen

Por eso Armando Benedetti es el ministro del Interior y Gregorio Eljach el procurador general. Ambos conocen perfectamente cómo funciona el Congreso, además de las intimidades e intereses oscuros de numerosos congresistas, lo cual les permitirá seguramente transar muchas decisiones vitales para las reformas en trámite del “gobierno del cambio” o pasar por alto investigaciones disciplinarias que los afecten. La cuestión de fondo es saber hasta qué punto dichas transacciones y negociaciones permitirán la aprobación de reformas como la de salud y laboral, o, por el contrario, será la claudicación de las mismas, en favor de los intereses electorales de los congresistas y de los que ellos bien representan, tanto de las EPS como de los gremios económicos. El presidente Petro, que bien conoce ese entramado de corrupción y de intereses, donde lo público por lo general se subordina a la lógica de intereses particulares, partidistas, corporativos, empresariales y gremiales, se encuentra frente a esa encrucijada histórica y ha jugado la carta de Benedetti y respaldado el nombramiento de Eljach como procurador general.

La encrucijada histórica

Esa encrucijada se reflejó de manera tragicómica en el Consejo de Ministros, dividido entre leales al proyecto del Pacto Histórico, que el presidente Petro llamó sectarios por vetar la presencia de Benedetti como jefe del Despacho Presidencial y los señaló de quererlo encerrar en la Casa de Nariño. Falta esperar la forma como Benedetti cumpla su tarea de hombre del régimen cacocrático y si logra tramitar con éxito las reformas en curso en el Congreso. Solo entonces sabremos, al final y tardíamente, quiénes contribuyeron a la transición democrática o, por el contrario, terminaron siendo cómplices de la transacción cacocrática, que consolidará por muchas generaciones más el actual régimen electofáctico[6], cuya quintaesencia es la simbiosis de la política con la ilegalidad, el crimen y la impunidad. Una simbiosis exitosa e impunemente forjada por los últimos gobiernos, unos en nombre de la Constitución del 91, otros de la “seguridad democrática”, “la paz con legalidad” y hasta la “paz total”. Pero ningún presidente ha podido gobernar sin romper con aquellos que desde la institucionalidad estatal e incluso la rebelión y la contrainsurgencia han convertido la política en un negociado de intereses, codicias, crímenes, vanidades e impunidades personales, que nos impiden avanzar hacia una transición y paz democrática. ¿Será que en el 2026 tendremos la oportunidad y responsabilidad histórica de no elegir otra vez el mismo régimen? ¿Habrá candidaturas para evitarlo o estaremos condenados a vivir bajo esta cacocracia en nombre de la democracia?

[1] https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final
[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Fund%C3%A9u
[3] https://locriticodelasunto.blogspot.com/2011/07/tumbar-el-regimen-alvaro-gomez.html
[4] https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/la-cruzada-de-alvaro-gomez-contra-el-regimen
[5] https://elpais.com/america-colombia/2023-08-18/odebrecht-santos-y-zuluaga-la-historia-mas-conocida-de-la-financiacion-ilegal-de-campanas-en-colombia.html
[6] https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=223842