CALICANTO
(Enero 30 de 2007)

El Estado para Uribe

Hernando Llano Ángel.

Todo parece indicar que el Presidente Uribe y Salvatore Mancuso comparten el mismo diagnóstico en torno al carácter de nuestra crisis política y sus causas profundas. Comparten, por así decirlo, el mismo terreno, la misma heredad, a semejanza de sus haciendas en el Departamento de Córdoba. Ahora resulta que el responsable de todos nuestros males es el mismo Estado (no sus gobernantes), ese monstruo frío y abstracto, que el Presidente hoy está empeñado en liquidar y vender al mejor postor, así como ayer lo estaba en complementar y hasta suplantar mediante las célebres “Convivir”, cuando era Gobernador de Antioquia. En ese entonces se cometieron, entre 1995 y 1997 crueles y numerosas masacres, generadoras del mayor desplazamiento forzado de la población en toda la nación. A tal extremo, que el mismo senador Fabio Valencia Cossio, hoy alto Consejero Presidencial, confrontó al mandatario regional y lo denunció en el diario “El Tiempo” por un “incremento de los homicidios en un 387% en el Urabá, y estar auspiciando el paramilitarismo con las cooperativas de seguridad convivir.”[1] La tasa de homicidios por 100.00 habitantes en los cuatro municipios de Urabá rondaba las 500 víctimas, cuando el promedio nacional era de 60, según investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Una región ubérrima en horrores y matanzas. Entre 1995 y 1996 se cometieron más de 2.000 homicidios. Por eso hoy tenemos un Estado a imagen y semejanza de sus gestores. Un Estado para mercaderes y mercenarios. Ya lo había dicho el mismo Macuso en su antológico discurso en el Congreso el 28 de Julio de 2004: “En honor a la verdad, la primera responsabilidad en el conflicto político, social, económico y militar colombiano, deriva de la debilidad del Estado.” Razón por la cual considera que las Autodefensas son una víctima más del Estado: “Es importante que ayudemos al Estado a que repare a todas las víctimas, incluidos nosotros”. Y a renglón seguido convocaba en forma entusiasta a votar por el Presidente Uribe, entonces en tránsito de reelección presidencial: “La razón por la que iniciamos esta negociación política no está muy lejos del sentido común, y por eso genera solidaridad. Creemos que hoy se está trabajando en la dirección adecuada para el fortalecimiento del Estado y sus instituciones.


Es la gran oportunidad de otorgar un voto de confianza en el futuro de nuestro País, sumándonos a 44 millones de personas empeñadas en la construcción de una democracia más legítima y de un Estado más fuerte, más eficiente, más justo y más responsable”. José Vicente Castaño, el estratega en la clandestinidad de las AUC, lo expresó en forma mucho más directa y clara, en entrevista concedida a la revista Semana en el 2005: “En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes.[2]” Las anteriores declaraciones dejan meridianamente claro que el Presidente Uribe y los comandantes de las AUC piensan lo mismo sobre el Estado: su función primordial es garantizar la seguridad y prosperidad a unos pocos. Lo demás se dará por añadidura.

A tal punto es compartida dicha visión patrimonialista y elitista del Estado, que en el mismo Manifiesto Democrático, el Presidente Uribe no encuentra un mejor ejemplo para ilustrar la importancia de lo público que hacer una alusión directa a la empresa privada. Allí se puede leer, en el punto 17, que: “Las empresas estatales son las empresas privadas más importantes porque pertenecen a toda la comunidad. Es un delito de lesa comunidad hacer fiesta con lo estatal. Para salvar al Seguro Social, al Sena, al Bienestar Familiar, al Sisben y la educación pública, cero politiquería. Cuando los politiqueros se sienten amenazados salen con el cuento de que las van a privatizar.” Ahora que estamos asistiendo a la privatización del Seguro Social, no hay duda que el Estado para Uribe no sólo sirve para legitimar los crímenes de lesa humanidad sino también para cometer los de lesa comunidad con total impunidad. Ese es el Estado para Uribe, no el Estado social de derecho que consagra la Constitución en su artículo primero, del cual ya no quedan ni vestigios de lo social, menos aún de derecho y casi nada de Estado.

[1] - El Tiempo, 30 de Agosto de 1995, p.6A
[2] - Revista Semana, edición número 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34.

CALICANTO
(Enero 22 de 2007)

Más allá del “reality” paramilitar.

Hernando Llano Ángel.

Más allá del “reality” del proceso paramilitar que empezará a trasmitirse por la TV, lo verdaderamente importante no es tanto el conocimiento de la verdad pasada, sino la forma como las estrategias, alianzas y acciones criminales de los paras han configurado la realidad política actual y condicionan el futuro del poder político en nuestra sociedad. Desde esta perspectiva, más escandalosa que la probable impunidad que alcancen a través de la benignidad de las penas que les sean impuestas a los responsables de crímenes imperdonables, es la legitimidad política que dicho proceso ha logrado consolidar hasta el presente. Ello se refleja en el nivel de popularidad conservado por el Presidente Uribe, pese a ser uno de los artífices del proceso de “paramilitarización” de la sociedad a través del auspicio y fomento entusiasta de las “Convivir”, además de ser el gran prestidigitador detrás de la ley de justicia y paz, mediante la cual logró convertir en actores políticos a terroristas y narcotraficantes. Lo increíble es que a estas alturas, después de las revelaciones parciales de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Mancuso, el proceso continúe sin objeción alguna, cuando está en duda la aplicabilidad de la misma ley de justicia y paz, que excluye de su orbita dichas atrocidades.

Sin duda, esta coyuntura tiene una dimensión crucial para la consolidación de dicho proyecto político, donde confluyen desde los intereses más criminales de los narcoparamilitares, pasando por los espurios del gamonalismo y el clientelismo político hasta los intocables de elites económicas privilegiadas, o marcar el comienzo de su ocaso y derrota nacional. Pero tal como aparecen las cosas, estamos más cerca de lo primero que de lo segundo. La suerte del mismo no dependerá tanto del sistema judicial, rehén de las normas, los procedimientos y el carácter de sus funcionarios, como de la comprensión política ciudadana de lo que está sucediendo y su expresión en las próximas elecciones regionales y locales. Al fin de cuentas, somos los ciudadanos y ciudadanas los jueces de última instancia, pues con nuestro voto estaremos legitimando en el poder estatal o condenando al ostracismo de la vida política a quienes no pueden aspirar a representar interés público alguno por su pasado criminal o sus más o menos clandestinas alianzas con los protagonistas del mismo.

Tal es la trascendencia de las elecciones regionales que se realizarán en Octubre próximo para definir nuestros gobernantes regionales, que se convierten así en la verdadera prueba de identidad de nuestro régimen político, pues cada día nos enteramos con mayor precisión que detrás de las últimas elecciones el poder de facto del narcoparamilitarismo resultó ser determinante, salvo contadas excepciones. Estamos ante una encrucijada histórica: la consolidación de un régimen electofáctico, donde los poderes criminales de los paras o la guerrilla, según las regiones, deciden quienes pueden aspirar a gobernar, vivir o morir, o, por el contrario, empezar a reconstruir, desde las cenizas de la autonomía y la responsabilidad ciudadana, una precaria y secuestrada democracia. Sin duda, algo mucho más importante y valioso que el “reality” que está por comenzar y amenaza con cautivar y enajenar la atención nacional.